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Un tribunal familiarizado con el procés

  • Seis de los siete magistrados participaron en los procesos contra Homs y Mas por la consulta soberanista de 2014
  • Jaime Moreno, uno de los cuatro fiscales del caso, también representó al Ministerio Público en ambos procesos

Los siete miembros del tribunal que juzgará el procés /

El juicio que arranca este martes en el Tribunal Supremo no trata sobre un asunto que pille de nuevas a sus jueces. Seis de los siete magistrados y magistradas que componen el tribunal que juzgará el procés ya han intervenido de forma decisiva en otros procesos judiciales relacionados con el independentismo y con la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, al igual que uno de los cuatro fiscales que han llevado el caso.

Siete jueces y cuatro fiscales

Manuel Marchena (Las Palmas, 1959): presidente del tribunal y futuro ponente de la sentencia del procés, ya fue ponente de la sentencia que en marzo de 2017 inhabilitó durante un año y un mes a Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N, después de haber presidido el tribunal. Fiscal de carrera, es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007, presidente de su sala de lo penal desde 2014 y entre otras resoluciones también firmó la sentencia del conocido como ‘caso Atutxa’ y la que inhabilitó durante once años a Baltasar Garzón.

Marchena en una imagen de archivo / Luca Piergiovanni (EFE)

Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955): formó parte del tribunal que en marzo de 2017 condenó a Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N. Juez desde 1979, en su momento fue el juez más joven del Tribunal Supremo pasando también por el Consejo General del Poder Judicial y haber llevado, en su momento, la investigación en torno a la muerte de ‘El Nani’.

Antonio del Moral (Yecla, 1959): ponente de la sentencia que recientemente ha decidido rebajar a un año y un mes la condena de inhabilitación del expresident Artur Mas por la consulta soberanista del 9N, en la que los jueces advertían: “No existe el derecho a votar en una consulta ilegal”. Fiscal por oposición, es juez del Tribunal Supremo desde 2012.

Ana Ferrer (Madrid, 1959): formó parte del tribunal que en 2017 juzgó y condenó a Francesc Homs por la consulta del 9N. Jueza desde 1984, pasó por localidades como Linares, Aranjuez, Leganés y Madrid antes de convertirse en la primera mujer en ocupar un asiento en la sala de lo penal del Tribunal Supremo en 2014. Recientemente decidió archivar la rama de la trama Púnica que afectaba a la senadora Pilar Barreiro.

La magistrada Ana Ferrer / CGPJ

Luciano Varela (Pontevedra, 1947): formó parte del tribunal que ha decidido rebajar a un año y un mes la condena de inhabilitación del expresident Artur Mas por la consulta soberanista del 9N. Juez desde 1976, ejerció en Lena, Álava, Avilés y Pontevedra antes de entrar en el Tribunal Supremo en 2007, procesó a Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo.

Juan Ramón Berdugo (Valladolid, 1959): formó parte del tribunal que juzgó y condenó a Francesc Homs por la consulta soberanista del 9N. Juez desde 1979, ejerció en Aguilar de la Frontera, Vitoria, Ciudad Real y Córdoba antes de entrar en el Tribunal Supremo en 2004.

Andrés Palomo del Arco (Salamanca, 1955): único magistrado del tribunal que juzgará el procés que no ha participado en ninguna de las fases penales de la causa contra la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Juez desde 1981, pasó por Almendralejo, Mérida, Salamanca y Segovia antes de entrar en el Tribunal Supremo en 2014.

Jaime Moreno: fue el fiscal que representó al Ministerio Público tanto en el juicio contra Francesc Homs en 2017, y también en la vista que revisó recientemente la condena de Artur Mas, ambas por la consulta soberanista del 9N de 2014. El pasado 18 de diciembre también representó al Ministerio Público en la vista de cuestiones de previo pronunciamiento el pasado 18 de diciembre, calificó el proceso independentista de “atentado al orden constitucional”.

Jaime Moreno durante el juicio contra Francesc Homs / Alberto Pozas

Consuelo Madrigal (Segovia, 1956): fiscala general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016.

Consuelo Madrigal en una imagen de archivo / ACN

Javier Zaragoza (Alcorisa, 1955): exfiscal jefe de la Audiencia Nacional. Fiscal desde 1982, pasó por Donosti y por Antidroga antes de entrar en la Audiencia Nacional. “Quien siembra vientos recoge tempestades”, advirtió a los imputados en el Tribunal Supremo en enero de 2018 al acusarles de ser “conscientes” de los posibles estallidos violentos.

Zaragoza (derecha) nombrado hijo predilecto de Alcorisa en enero / Gobierno de Aragón

Fidel Cadena: fiscal de sala del Tribunal Supremo desde 2015. “Si el Constitucional ha requerido no llevar a cabo actuaciones, se llama desobediencia. Si además se desvían fondos, se llama malversación. Y si además te alzas con el propósito de llevar a cabo los fines, se llama delito de rebelión”, explicó en el Supremo en septiembre del año pasado.

Dos recusaciones

Desde su designación como sala de enjuiciamiento – primero con cinco miembros y finalmente con siete – los integrantes del tribunal han tenido que superar dos enmiendas a la totalidad planteadas por los encausados, rechazadas las dos de plano y sin fisuras por todos los miembros de la conocida como ‘sala del 61’ del propio Tribunal Supremo. La primera fue en septiembre del año pasado, cuando la sala aseguró que los encausados del procés hacían consideraciones “genéricas y carentes de justificación” que “buscan tan sólo empañar la honorabilidad de la Justicia española”.

La segunda recusación fue rechazada por la misma sala a principios de diciembre, y en esta ocasión el alto tribunal tuvo que pronunciarse sobre la candidatura fallida de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esa ocasión, la ‘sala del 61’ afirmó que “no ha dicho ni hecho nada por lo que pueda resultar afectada su apariencia de imparcialidad” y lanzó varios dardos al senador Ignacio Cosidó (PP) por explicar por WhatsApp a sus compañeros de bancada que la posible presidencia de Marchena les permitiría controlar la sala segunda del Tribunal Supremo “desde detrás”.

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