Las expertas exigen medidas contra el Síndrome de Alienación Parental

Madrid

Dos colectivos de mujeres, la Fundación Mujeres y la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, muestran su preocupación e indignación ante el caso que contó hace unos días la Cadena SER sobre la decisión de un juez de Madrid que le retiró drásticamente la custodia de sus dos hijas apoyándose en las valoraciones de un equipo de terapeutas pagadas por el padre.

Estas asociaciones denuncian que en este caso de Colmenar Viejo la madre y las niñas están siendo víctimas de una aplicación "de libro" del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Aseguran que no es un caso aislado y piden al Poder Judicial, a los Colegios de Psicólogos y al ministerio de Justicia que impidan la utilización contra las madres de este diagnóstico falso y fraudulento.

La asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista dice tener constancia de que  está siendo utilizado en los juzgados directamente o disfrazado con otro tipo de terapias. Es más, asegura que hay universidades y colegios profesionales que imparten formación sobre el Síndrome de Alienación Parental a pesar de estar desautorizado por el Consejo General del Poder Judicial y por la comunidad científica.

La presidenta de la asociación Yolanda Bernárdez reclama a los colegios de psicólogos que se posicionen y rechacen de manera contundente este síndrome  "que tanto daño hace a mujeres y menores. Llevamos tiempo pidiéndolo porque no podemos resignarnos a aceptar esta mala y perversa praxis en la justicia. El SAP es una herramienta encubierta para revertir la custodia a favor del progenitor denunciado y una forma de hostigar a las mujeres que denuncian".

El SAP fue una invención en 1985 del psiquiatra estadounidense Richard Gadner. Sin ninguna base científica, este médico, que fue acusado de pedófilo, aseguraba que los menores con este síndrome eran manipulados y adoctrinados por las madres para que fabricaran falsas acusaciones de abusos sexuales contra los padres. Y recomendaba a los tribunales retirar a los menores de los hogares del progenitor alineante y ponerlos bajo la custodia de los padres denunciados por los abusos.

En un comunicado, las psicólogas feministas señalan que "hay suficiente evidencia de las conexiones entre quienes utilizan este supuesto síndrome y profesionales que cuestionan la existencia de la violencia de género. Es intolerable el sufrimiento que esto causa y los daños que esto provoca en menores y sus madres. El SAP es utilizado en la justicia para castigar a las madres que denuncian violencia en general y abuso sexual contra sus hijas e hijos en particular".  Y añaden que así lo han demostrado en el plano internacional la Asociación de Psicología Americana o la Asociación Medica Americana y en nuestro país la Asociación Española de Neurosiquiatría.

La Fundación Mujeres se suma a la petición de Yolanda Bernárdez para que los Colegios de Psicólogos muestren su absoluto rechazo al falso síndrome por "sus perversos efectos sobre el bienestar de los niños y de las niñas y las familias". Y además solicita al Consejo General del Poder Judicial que "abra investigación sobre los juzgados que pudieran estar aplicando este síndrome o la terapia para su supuesta curación en los que se puedan estar vulnerando los derechos de los menores y perjudicando de forma indebida la relación materno filial".

Pide también al ministerio de Justicia y a las Consejerías competentes que tomen medidas y dicten instrucciones para "evitar que las actuaciones profesionales de los equipos psicosociales e institutos de medicina legal apliquen el SAP o cualquiera de las terapias que se derivan de este inexistente síndrome". Y exige a los Colegios de la Psicología que "realicen las manifestaciones necesarias para denunciar esta mala praxis y que inviertan en formación de sus profesionales desde una perspectiva de género que incluya el principio de igualdad en las relaciones familiares y la importancia de garantizar los derechos de los menores en los procedimientos judiciales.

En su comunicado, la Fundación Mujeres recuerda a todos los poderes públicos que la protección del interés superior del menor debe ser una prioridad de sus actuaciones y "ese interés superior del menor no se logra no escuchándolos ni aplicando supuestos síndromes que lo único que logran es perjudicar sus derechos procesales".