Tribunales
Lucha antiterrorista

La lucha antiterrorista alerta de que casi medio centenar de yihadistas españoles ha retornado de zonas de conflicto

Una parte de los combatientes españoles que se han ido a Siria han sido identificados por la ciudadanía

Milicianos en la localidad siria de Tabqa / RODI SAID (RODI SAID)

Madrid

El terrorismo yihadista sigue siendo la principal amenaza para nuestra seguridad y por eso la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo 2019 que aparece publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se centra principalmente en este fenómeno. El nuevo plan que va a tener un periodo inicial de vigencia de cuatro años sustituye a la Estrategia que se elaboró en el 2012 y diseña una estructura que pasa por prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta previendo la creación de un "nuevo Comité Específico en el ámbito de la lucha contra el terrorismo e integrado en el Sistema de Seguridad Nacional".

La Estrategia recoge que más de 230 personas de nacionalidad española o residentes en España se han desplazado a zonas de conflicto, especialmente a Siria e Iraq, para integrarse en la filas de los grupos terroristas que han operado en los últimos cinco años. Según los datos que maneja el ministerio del Interior aproximadamente un 25% de los conocidos como combatientes terroristas extranjeros (CTE) habrían fallecido y casi un 20% habría retornado. Lo que no detalla este estudio es si todos han regresado a España o si se les ubica en otros puntos de Europa.

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Los datos que aporta Interior señalan que una parte de estos combatientes que se han ido a zonas de conflicto han sido identificados por la ciudadanía. De 230 que se han ido 14 han podido ser identificados por ciudadanos españoles que se han puesto en contacto con la policía para denunciar actitudes sospechosas y radicales. Son denuncias anónimas que no exigen declaración judicial y que sirven para abrir y desarrollar diligencias policiales.

Aquí en España en los últimos tres años, el Centro de Coordinación de Información sobre la Radicalización (CCIR) gestionado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha recibido cerca de 7000 comunicaciones ciudadanas. De éstas "un 34% han sido catalogadas como de interés policial y fruto de ello se han abierto más de 150 investigaciones policiales, entre las que destaca el conocimiento de catorce casos de terroristas combatientes extranjeros, detectados gracias a las comunicaciones ciudadanas". Por eso la Estrategia Nacional apuesta además por seguir promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio de la responsabilidad colectiva como lo vienen practicando otros países.

Como escenarios de captación y radicalización "las cárceles constituyen un entorno propicio para procesos de captación por parte de internos radicales de personas proclives a la utilización de la violencia". Hay riesgos en el ámbito penitenciario porque "en España en los últimos años la población reclusa vinculada al terrorismo yihadista ha experimentado un crecimiento exponencial". Ahora mismo hay 130 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos relacionados con el terrorismo yihadista que están distribuidos en 30 centros penitenciarios.

Entre las medidas que se plantean en esta nueva Estrategia Nacional Contra el Terrorismo aparece una que se ha convertido ya en una vieja demanda para la justicia. Se trata de "asegurar un adecuado tratamiento normativo que garantice la figura del testigo protegido y la actividad del agente encubierto", especialmente en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

Se promueve además la acción coordinada de las Administraciones Públicas y la colaboración con el sector privado y los Cuerpos de la Policía Local en la protección contra el terrorismo y el extremismo violento.

Finalmente en el ámbito de las fronteras se buscan dos objetivos: un control más exhaustivo en las fronteras y expulsar a todos aquellos que sean un peligro para la seguridad nacional

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