Las empresas de telecomunicaciones se llevan ya el 20% de las reclamaciones de los usuarios
Denuncias por subidas fraudulentas en las tarifas o por spam telefónico, entre otras, que el año pasado se saldaron con 3,2 millones de euros en multas, según la organización de consumidores FACUA
Madrid
El sector de las telecomunicaciones acaparó en 2018 el 19,4% de todas las reclamaciones presentadas a través de la organización de consumidores FACUA. Un 9% más de denuncias que el año anterior que derivaron en 3,2 millones de euros en multas a las telecos.
Tras la sanidad, con el 27,4% de las reclamaciones debido a las irregularidades y el cierre de las clínicas iDental, es el sector en el que se presentaron más denuncias durante el año pasado. Unas 2.600 de las más de 13.000 que los consumidores plantearon a través de FACUA y sus servicios jurídicos.
Estas denuncias, según FACUA, se debieron principalmente a la aplicación de subidas fraudulentas en las tarifas, a no respetar los compromisos publicitarios o las cláusulas de permanencia y al envío de facturas una vez solicitada la baja del servicio. También fue denunciado el spam telefónico, la inclusión ilícita en registros de morosidad y la exigencia del pago de deudas inexistentes además del cobro por llamadas no realizadas y el alta en servicios de mensajería no solicitados.
Por compañías, la más denunciada por los usuarios fue Vodafone, que acumuló el 48% de todas las reclamaciones. Le siguieron France Telecom (28,8%) –sus marcas Orange y Jazztel recibieron alrededor del 15% del total cada una– y Movistar que, en este caso, perdió reclamaciones con respecto a 2018 y acumuló el 13% de todas ellas. Por su parte, MásMóvil, Yoigo y Pepephone acumularon juntas el 8,8% de las quejas.
Según FACUA, de las sanciones impuestas por las distintas administraciones a las compañías de telecomunicaciones las más elevadas por importe fueron las de la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía. Solo este organismo impuso multas por valor de 3,1 millones de euros –97% del total–. El resto fue por sanciones derivadas de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)