El voto de las personas con discapacidad intelectual: "Llevo 10 años esperando"

Madrid

Olga ronda los 50 años. Ha vivido durante el gobierno de Felipe González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy y de Pedro Sánchez, pero nunca ha ido a las urnas. Es una persona con discapacidad intelectual, incapacitada por un Juez. Hasta el pasado diciembre, no tenía derecho a votar. "Me sentía mal porque no podía defender mis derechos, pero ahora me siento muy feliz. Llevo 10 años esperando este momento".

Olga nos recibe en el centro ocupacional que tiene Círvite y Plena Inclusión en Madrid. La acompaña Susana, una de las trabajadoras de este centro, que ayuda a que la conversación sea más cómoda y fluida. Susana es, además, profesora en un taller de radio y asegura que Olga se está convirtiendo en una gran locutora. "Me gusta mucho la radio. Leemos noticias y hacemos debates. Ahora estoy en dos radios a la vez: con Susana y en M21, la radio del Ayuntamiento". Olga vive sola desde hace 12 años, "bueno, con mi gata, Rosalinda", añade. Ella tomó la decisión y ahora es prácticamente independiente. Su hermana es su tutora, vive en Coruña y viene a verla a menudo: "Ella hace la compra grande y yo hago las pequeñas. Cuando viene, vamos a comprar ropa, por ejemplo. Tengo también una persona de apoyo que me ha enseñado a leer, a escribir, a cocinar... Antes me daba pánico el gas".

Va, además, a un taller de pintura con otras personas que no tienen discapacidad intelectual. "Hay una señora que un día dijo que no entendía por qué tenía que haber personas con discapacidad en el taller. Yo le dije: 'oye, perdone, todos somos iguales y este es un centro abierto para todo el mundo'". No le gusta que le traten diferente: "A veces voy por la calle... Y la gente me mira y dice: 'ay, pobrecita'. Eso no me gusta". Desde hace 10 años le ronda la cabeza las ganas de votar en las próximas elecciones. "Se lo dije a mi hermana. Ya estoy cansada, quiero votar".

Decidieron pasar la prueba que fija el Tribunal para determina si una persona con discapacidad intelectual está o no capacitada para votar. Dos horas, según Olga, de preguntas, "sola, sin mi hermana. ¡Qué nervios tenía ese día!", cuenta. La resolución llegó hace unos meses. El Juez determinó que Olga no podía votar en las próximas elecciones. Dos días después el Congreso aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad. "Ahora todos podemos votar".

100.000 personas han recuperado el derecho al voto

Ese avance ha sido posible, en parte, gracias al trabajo de organizaciones como CERMI o Plena Inclusión. Antonio Hinojosa es uno de los activistas que lleva peleando el derecho al voto para personas con discapacidad intelectual. "Supone un alivio muy grande. No se les puede quitar el derecho a voto. Son libres a elegir", dice. Él tiene 35 años, también tiene una discapacidad, pero no está incapacitado por un Juez: "Yo llevo votando toda mi vida sin ningún problema". Antonio asegura que se han notado cambios en la sociedad en los últimos años, "pero nos queda mucho camino por recorrer para que la inclusión sea plena de garantías y derechos".

Un ejemplo de ese camino que queda por recorrer, según Plena Inclusión y CERMI, es la decisión que ha tomado la Junta Electoral Central con respecto a la reforma de la LOREG. Con el cambio de la norma, se incluyo un nuevo artículo que establecía que el voto debía ejercerse de forma "consciente, libre y voluntariamente". La Junta entendió, entonces, que tenía que aclarar el significado de ese artículo para que las Mesas Electorales supieran cómo actuar. El resultado fue una resolución del 11 de marzo que, entre otras cosas, establecía que "si alguien de la mesa considera que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión". Permitía, en definitiva, que los miembros de la mesa pudieran apuntar el Documento Nacional de Identidad de una persona si sospechaban que no estaba ejerciendo el voto de forma libre y consciente. Esto provocó críticas de partidos políticos y también de las organizaciones, que pedían una rectificación. El 18 de marzo la Junta corrigió la redacción eliminando la referencia a las personas con discapacidad, pero manteniendo la posibilidad de que se haga constar en acta el DNI de una persona si se cree que el voto no se ha ejercido de forma consciente, libre y voluntaria.

Las organizaciones, en cambio, ven la rectificación "insuficiente". CERMI ha apuntado que la instrucción de la Junta "perturba y empaña el categórico mandato de la reciente reforma electoral". Creen que "da pie a ambiguedades y confusiones negativas" para las personas con discapacidad. Enrique Galván, el director de Plena Inclusión España, una organización que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual, se pregunta por qué no se ha hecho esto antes con el resto de ciudadanos, que también pueden sufrir una manipulación a la hora de votar. "¿Por qué asociar la discapacidad con un elemento que le ocurre a toda la ciudadanía?", se cuestiona, "el voto inducido puede ocurrir en cualquier ciudadano, puede ocurrir en personas mayores, en personas que económicamente sean muy vulnerables...".

Esto es, según Galván, una consecuencia del concepto que se tiene de las personas con discapacidad: "La instrucción pone una prevención que no pondría en otro ciudadano. Creemos que si no se había hecho de manera previa con toda la ciudadanía, no tiene razón de ser que se haga ahora. Hay una idea muy limitativa de lo que son las personas con discapacidad y genera un exceso de prevención y garantías, que al conjunto de ciudadanos no se les exige". "Piensan que no somos libres a la hora de votar y por eso nos señalan", añade Antonio, "es muy grave. Nadie nos puede robar la dignidad, somos personas igual que otras, en igualdad de condiciones".

También se ha pronunciado Podemos. Ha vuelto a solicitar a la Junta Electoral Central que vuelva a modificar la Instrucción. Aseguran que "sigue manteniendo un criterio discriminatorio y estigmatizante, ya que las y los interventores y apoderados podrán apuntar, según su propio criterio, el DNI de quien consideren que no está ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria".

Olga aún no sabe a quien va a votar en las próximas elecciones. Ya ha hecho un simulacro, "sé dónde hay que meter la papeleta", dice, pero quiere que los partidos políticos tengan sus programas electorales en lectura fácil. Es una de las principales reivindicaciones del colectivo: la accesibilidad cognitiva. "Es un pilar muy importante para las personas con discapacidad intelectual", asegura Antonio, "hace que las leyes, los procesos, los servicios... Sean más fáciles para el ciudadano".

A la hora de votar, para Antonio es importante que "los políticos escuchen las propuestas que hacen desde los colectivos, que los partidos políticos estén sensibilizados". Él, de hecho, ha participado en un encuentro con europarlamentarios para mostrarles sus principales reivindicaciones. Las dice de carrerilla: "Derecho a la salud, a la vida independiente, al empleo, a tener pareja, derecho al voto, a la accesibilidad cognitiva...".

Durante esta semana - el pasado jueves fue el Día Mundial del Síndrome de Down - varios políticos como Pablo Casado, Albert Rivera o Irene Montero han subido vídeos o fotos a las redes sociales con David, un chico con síndrome de Down que les ha transmitido sus reivindicaciones: "trabajar, votar, sacarse el carnet de conducir, que seamos todos iguales".

Enrique Galván cree que es una buena noticia que las personas con discapacidad empiecen a aparecer en la agenda política, porque "no lo estaban". "Creo que ahora es visto como un colectivo que tiene que ser apoyado... Se está asociando con valores positivos de valor, de contribución... Y también el cuerpo de la política comienza a darse cuenta de que tenemos esa capacidad de atracción. Espero que tenga resultados positivos, avances concretos hacia estas personas y no se quede en una mera decoración de la campaña".