Manuel Moix, exfiscal jefe Anticorrupción, denunciado por integrar una organización criminal
Junto a dos comisarios de la Policía Nacional, falseó y manipuló datos para favorecer a los "intereses políticos del PP" en el caso espías de la Comunidad de Madrid, según el escrito de denuncia ante el Supremo al que ha accedido la SER
El letrado del denunciante, José Javier Vasallo, reclama a Moix una fianza de 250.000 euros para reparar los daños morales
Foto de archivo del ex fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en la Cadena SER. / EFE
Madrid
José Luis Caro Vinagre, uno de los guardias civiles absueltos en el juicio del conocido como caso espías de la Comunidad de Madrid, supuestamente ordenado por altos cargos del Partido Popular en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la formación política, ha denunciado en los tribunales a quien fuera fiscal superior en la comunidad madrileña, fiscal jefe Anticorrupción y en la actualidad fiscal de Sala en el Supremo, Manuel Moix, así como al comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y a quien fuera jefe de la UDEF del mismo cuerpo policial, José Luis Olivera.
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La denuncia contra Moix, debido a su aforamiento, se presenta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, mientras que la que afecta a los agentes ha sido formulada en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.
Delitos de organización criminal y prevaricación
El letrado del guardia civil denunciante, José Javier Vasallo, denuncia a Moix y a los agentes por delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental.
Los escritos describen la práctica de "múltiples irregularidades" durante la instrucción del proceso, supuestamente ordenadas por Moix y Olivera, ejecutadas en colaboración con Barrado, "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".
La dirección letrada de Caro Vinagre sostiene que por orden de Moix y en colaboración con los policías, fueron acusados del espionaje quienes nada tenían que ver con él, para proteger a los altos cargos del PP que realmente lo decidieron y nombraron a los verdaderos responsables de la operación.
Vulneración del derecho a la intimidad
En este sentido, el escrito de denuncia asevera que Manuel Moix excedió los límites legales en la investigación para sostener su acusación, vulnerando el derecho a la intimidad de los acusados al obtener sus teléfonos de forma ilícita. También reprocha que les tomó declaración sin abogado.
En su declaración como testigo en el juicio del caso espías, el propio comisario jefe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, Jaime Barrado, reconoció la existencia de irregularidades. Manifestó que su jefe Olivera quiso que firmase informes policiales que contenían "falsedades" de las que tenía conocimiento Manuel Moix. Barrado dijo en el juicio que "no se fiaba ni de Olivera ni de Manuel Moix".
Fianza de 250.000 euros
La denuncia reclama que testifiquen por estos hechos ante el Supremo el propio Moix, así como Olivera y Barrado, entre otras pruebas testificales. También solicita que Moix abone una fianza de 250.000 euros para "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados" al guardia civil José Luis Caro Vinagre, quien en la actualidad se encuentra de baja laboral por este motivo.
El letrado reclama otros 250.000 euros a los agentes Olivera y Barrado en la denuncia presentada en los juzgados de Plaza Castilla.
El guardia civil José Luis Caro Vinagre fue absuelto del caso espías, pero condenado en firme por el Supremo a un año y seis meses de cárcel por participar en el chivatazo de la Púnica, al advertir al exconsejero Francisco Granados de la existencia de una investigación sobre su amigo y supuesto conseguidor del entramado corrupto, David Marjaliza.
