Mireia Boya: "En ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros"

Madrid

El tribunal que juzga el procés independentista unilateral encara los últimos días de testigos en la recta final del juicio y este lunes ha escuchado, entre otros testimonios, el de Mireia Boya: la exparlamentaria de la CUP está procesada por rebelión y está a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ha negado cualquier tipo de consigna violenta o de obstrucción a la Justicia durante los registros de la operación Anubis el 20-S en la Consellería de Economía.

Boya, acusada de impulsar las leyes de desconexión en 2017, sólo ha declarado sobre el 20-S asegurando que el ambiente fue "completamente festivo, con cánticos en positivo" de cara al referéndum ilegal y negando que la convocatoria tuviese por objetivo, como asegura la Fiscalía, impedir los registros. "Para nada, en ningún momento vi, oí o leí una llamada a impedir los registros", ha dicho, denunciando tambiél el papel policial en el registro de la sede de su partido ese mismo día en Barcelona.

Al final de la jornada han comparecido otras dos testigos de ese día que participaron como voluntarias en el cordón de seguridad formado por la ANC alrededor de la Consellería y de los coches de la Guardia Civil que posteriormente fueron destrozados. "Era un pasillo de orden, para facilitar la entrada y la salida de la Consellería", ha relatado Silvia Prat. "Mi trabajo consistió en hacer bajar a la gente de los coches", ha dicho María Luisa Martínez.

Otro testigo de perfil político llamado por las defensas ha sido Jaume Asens, teniente de alcalde en Barcelona y diputado electo por En Comú Podem, que el 1-O estuvo en el colegio Ramón Llull de la ciudad. "Presencié cargas policiales indiscriminadas, personas heridas, golpes contra gente que estaba indefensa", ha denunciado.

La malversación

Durante unas horas el juicio ha vuelto a girar en torno a uno de los primeros aspectos discutidos en este proceso: la malversación de caudales públicos en la organización del referéndum ilegal. Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat, ha negado que se llegase a invertir dinero público por ejemplo en toda la acción desplegada por la empresa UNIPOST y ha asegurado que los anuncios emitidos por TV3 para promocionar el referéndum son gratuitos y no deben por tanto ser pagados con dinero de las arcas públicas.

Otra testigo, Mercè Corretja - directora general de contratación pública de la Generalitat - ha negado también que en procesos como los investigados se llegase a comprometer dinero público: si un expediente de contratación queda desierto, como sucedió en uno de los casos, "queda liberado, se reincorpora al presupuesto público, la reserva no es un compromiso de gasto", ha explicado.

Mesa del Parlament

Esta semana también están llamados a declarar los exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya que, como Boya, fueron procesados por un delito de desobediencia pero que finalmente quedaron fuera de este juicio a la espera de sentarse en el banquillo del TSJ de Catalunya. Su situación procesal les permitirá, si así quieren, acogerse a su derecho a no declarar aunque comparezcan como testigos.

De hecho, según han informado fuentes jurídicas a lo largo de este lunes, varios de ellos ya han anunciado su intención de no declarar: son Joan Josep Nuet y Lluís Guinó.