La empresa OHL utilizaba a la Administración para obtener dinero negro y pagar comisiones
Así lo sostiene un informe de la UCO de la Guardia Civil dirigido al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga si la empresa, mientras era dirigida por Juan Miguel Villar Mir, pagó al menos 38,6 millones de euros en mordidas entre 2003 y 2014, a cambio de adjudicaciones públicas
Según los agentes, OHL generaba dinero en efectivo para pagar sus sobornos, girando a la Administración Pública facturas ficticias por conceptos inexistentes. La compañía afirma que mantiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y recalca que todos los directivos investigados están ya "fuera" de la sociedad
Madrid
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cuyo secreto acaba de levantar el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, destapa la supuesta mecánica de la empresa OHL para generar dinero negro durante años, con el que poder pagar a políticos y funcionarios a cambio de la obtención de obra pública.
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Los agentes detallan tras el análisis de la prueba intervenida, que OHL en ocasiones generaba el dinero B con sus recursos internos, pero en otras utilizaba a la propia Administración Pública.
Para ello giraba a las administraciones que le habían concedido alguna obra pública, facturas por conceptos difíciles de controlar como madera para encofrados o grava de una cantera. La administración pagaba pero se trataba de facturas falsas. Ni llegaba jamás la madera ni la grava porque OHL empleaba a proveedores de “confianza” de estas materias primas, que accedían al amaño. El importe que había pagado la Administración Pública por estos conceptos, según la UCO, se convertía en dinero negro con el que sobornar a otros políticos o funcionarios y obtener más obras de instituciones del Estado.
Un pendrive y un cd intervenidos, claves en la causa
Los agentes llegan a estas conclusiones después de analizar las pruebas y sobre todo, los efectos intervenidos a dos exdirectivos de OHL en el registro a su domicilio. Un total de 23 grabaciones de seguridad realizadas por el exdirector de Zona de Obra Civil de la sociedad, Paulino Hernández en las que detallan el supuesto pago de las mordidas, las obras comprometidas o la mecánica para generar dinero negro.
En una de esas conversaciones, Hernández habla con otro exdirectivo de OHL, Felicísimo Ramos, de cómo generar dinero negro girando a una “obra de confianza” de la administración, facturas falsas por “madera para encofrados”. En tono jocoso según los agentes, ambos hablan de lo difícil que es controlar el uso de estos materiales:
Felicísimo Ramos: Que en el encofrado el tema del agua, la madera se utiliza mucho y se pierde mucho.
Paulino Hernández: Puff. Se pierde toda…
FR: Se pierde todo
PH: La quema (ríe), la madera no es un tema, un tema de nada
FR: O sea, que la generación ahí de…
PH: Hombre, puedes generar, puedes hacer un número, metros cuadrados de encofrado, se puede hacer un número, si es que eso no…
FR: Sí
PH: Metros cuadrados de encofrado, metros cuadrados de muro que hay eh, pues ya está, haces un volumen y una estimación de metros cúbicos de madera
FR: Pues a ver, a ver cuánto podemos llegar y hablamos con él y empezar a generar este, este mes que viene
En otras grabaciones intervenidas, ambos hacen referencia a otro “proveedor amigo” propietario de una cantera, con el que en otras ocasiones, supuestamente, han generado dinero negro mediante facturación ficticia de arena y gravas.
“El Villarejo y el Bárcenas” de OHL
Los exdirectivos de OHL, Paulino Hernández y Felicísimo Ramos, son las claves de toda esta operación. Fuentes de la investigación conocen a Hernández como el Villarejo de OHL, porque grababa todas sus conversaciones, mientras que Ramos es conocido como el Bárcenas de la sociedad, porque guardaba en un documento excel todas las supuestas mordidas en b pagadas por la empresa entre 2003 y 2014, que en una primera estimación de la Guardia Civil, ascienden a 38,6 millones de euros.
Los agentes registraron en 2017 los domicilios de ambos directivos en el marco de la operación Lezo, por la supuesta comisión pagada por OHL al expresidente madrileño, Ignacio González, a cambio de las obras del tren de Navalcarnero.
En el domicilio de Paulino Hernández intervinieron un CD con las 23 grabaciones comprometedoras, y en el de Felicísimo Ramos un pendrive con la supuesta caja b de OHL, en la que anotaba cómo generaban dinero negro, quiénes eran los perceptores y a cambio de qué obra pública.
Al cruzar las tablas excel con las grabaciones, los agentes llegan a sus conclusiones. El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional investiga los hechos en una pieza separada del caso Lezo.
Los sobornados
La UCO identifica en su informe a once políticos que “habrían solicitado o recibido comisiones”. Se trata del exdirector general de Acuamed, Adrián Baltanás, quien supuestamente percibió 2 millones por favorecer a OHL; el exdirector del puerto de Melilla, José Luis Almazán, quien según una de las grabaciones pidió 400.000 euros para financiar las elecciones europeas del PP; el gerente de una empresa pública con la Junta de Andalucía socialista, Abelardo Genaro, quien al parecer percibió 58.000 euros en negro; el exconsejero de presidencia del Gobierno canario, Julio Bonis; el expresidente de Puertos de Tenerife, también de Coalición Canaria, Luis Suárez Trenor; el exconsejero de Infraestructuras de Canarias, Antonio Castro; el exjefe de carreteras de Fomento en Andalucía Oriental, Rafael Villar; el exsubdirector general de Construcción de Fomento, Manuel Bruno; el exdirector del puerto de Cádiz, Albino Pardo; el exsubdirector general de Infraestructuras Portuarias de Algeciras, Alfredo Carrasco; y el exsubdirector de tratamiento de aguas de Acuamed, Fernando Troyano.
Las fuentes jurídicas consultadas por la SER afirman que todos serán citados como imputados.
Respuesta de OHL
La empresa ha respondido en un comunicado al ser requerida por la Cadena SER respecto a esta información en el que afirma que “la compañía manifiesta su máxima colaboración con la justicia. OHL tiene un absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de Buen Gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad.
Asimismo, mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción.
Los directivos a los que se hace referencia en la información están fuera de la compañía a día de hoy”.
