Anticorrupción pide la imputación de tres expresidentes de la Comunidad de Madrid, entre ellos, Esperanza Aguirre

Madrid

La Fiscalía ha entregado este viernes al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al juez del Caso Púnica, Manuel García Castellón, la imputación de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, por delitos de corrupción por la financiación ilegal del PP de las campañas de 2003, 2007 y 2011. El ministerio público pide que declare también en calidad de investigado su sucesor, Ignacio González, y la expresidenta, Cristina Cifuentes, los tres máximos dirigentes del Gobierno de Madrid desde 2003 hasta 2017.

El ministerio público pide que sean incluidos en la pieza separada número 9 de Púnica, de las once que tiene la causa, que investiga el desvío de fondos para el pago de gastos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Según ha informado Anticorrupción, en el escrito presentado hoy se repasan los hechos objeto de la investigación y las personas investigadas en cada pieza, con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil, en una instrucción que se inició en 2014, con la detención del exconsejero y número dos de Aguirre, Francisco Granados, y que debe estar concluida de acuerdo con los plazos de instrucción el próximo 6 de junio de 2020.

Entre esos informes, están los que implican a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Eso sí, Esperanza Aguirre es para Anticorrupción la máxima responsable de la trama de financiación del PP de Madrid.

Fuentes judiciales aseguran a la Cadena SER que llevaban meses elaborando el auto que pide la imputación de Esperanza Aguirre y uniendo los indicios acumulados durante la instrucción en los que la expresidenta o bien cambia la regulación del Gobierno de Madrid, por ejemplo en materia de Publicidad, o participa en reuniones con los donantes de las campañas, empresarios que después recibieron contratos millonarios de la Comunidad de Madrid.

La campaña más dopada fue la de 2007, con cerca de tres millones en negro, cuando Aguirre obtuvo el mayor porcentaje de voto en unas elecciones regionales. En 2011, tercera mayoría absoluta de la expresidenta regional, el gasto fue de 6,2 millones de euros.

Reuniones y pagos en B

Para Anticorrupción, hay indicios más que suficientes de que empresas de la órbita del PP habrían organizado una trama de facturas falsas para encubrir pagos destinados a actos de campaña del partido. El último informe entregado al juez Manuel García Castellón es clave, la UCO acredita que Indra recaudó solo en 2012 casi 600.000 euros destinado a las campañas del PP por orden de miembros del ejecutivo de Aguirre. Según los agentes, INDRA Sistemas S.A "pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en el 2007 y en el 2011". 

En este sentido, la Fiscalía pide que comparezca también como investigado Javier Monzón, presidente de Indra entre 1993 y 2015, dos directivos de Indra y la propia empresa como persona jurídica, según fuentes judiciales. 

Es precisamente en este informe donde la UCO vuelve a implicar de manera directa a Esperanza Aguirre en las reuniones vinculadas a la financiación ilegal del PP de Madrid. "A las reuniones con SWAT S.L (una de las empresas instrumentales) no siempre asistían los mismos, llegando alguna vez a asistir Esperanza Aguirre", señala la UCO en el documento incorporado al sumario.

En otra de las empresas señaladas por la UCO, el empresario argentino, Daniel Horacio Mercado, recibió contratos por valor de 7,4 millones de euros con el aprobado de la mesa que entonces presidía el exdirigente regional, Ignacio González, principal imputado de otra macrocausa, el caso Lezo. Según la Fiscalía, el ejecutivo de Aguirre llegó a modificar varias normas autonómicas, en concreto la de Publicidad, para facilitar la contratación de este empresario. Fue González, vicepresidente de Aguirre, quien daba luz verde a las contrataciones a través de la mesa que presidía. 

Anticorrupción pide también la imputación de Cristina Cifuentes por su implicación en la organización de campañas tanto en la época de Aguirre como de Ignacio González, del que también pide la Fiscalía que comparezca como investigado. El expresidente madrileño no solo participó en las mesas de contratación que daban luz verde a los contratos que premiaban las supuestas donaciones, también coordinaba presuntamente pagos en B de empresas intermediarias.