La cárcel moral de las mujeres que abortan

Madrid

Las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo ven como la sombra del agravio recae sobre su decisión. En países donde el aborto es legal, el fin del embarazo no supone penas de prisión para las mujeres por considerarlas homicidas pero sí, tienen que soportar la cárcel moral, la condena que lleva a muchas mujeres a ocultar un aborto. Por miedo al estigma social, a sufrir el rechazo de su entorno, las mujeres no se atreven a contar sus experiencias.

El mundo de Patricia (nombre ficticio) se paró en seco al enterarse de que estaba embarazada. Entre sus planes no estaba el ser madre, lloró y finalmente tomó "la mejor decisión que podía tomar en ese momento", someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Para Patricia abortar fue un alivio, se desprendió de un problema y nunca tuvo sentimiento de culpa. Sin embargo, lo hizo de espaldas al mundo. La única persona que conoció su embarazo y posterior aborto fue su hermana, para ella, su “madre moderna”. Contó con su apoyo y su ayuda para pasar por este duro trance y salió airosa, libre de culpa y sin arrepentimiento. A su madre no ha podido contárselo nunca. Por sus creencias religiosas, "jamás lo hubiera entendido".

Otra mujer que se oculta bajo el nombre de Marta era una niña de tan solo 16 años cuando se quedó embarazada. Desde entonces han transcurrido ocho años y hoy, con la perspectiva que da el paso del tiempo, rememora ese capítulo de su vida. “No me arrepiento de haber abortado. Conocí a un chico de 23 años y mucho más experimentado que yo. Tras tres meses de relaciones con preservativos, me dijo que se sentía mucho más cómodo sin protección. Aseguró que no pasaría nada. Accedí y pasó”. Marta se quedó embarazada. La que ahora es su expareja nunca se enteró. "Tenía la decisión tomada, no necesitaba su opinión, no la quería", subraya.

La determinación de Marta fue interrumpir su embarazo. Y a pesar de que no se arrepiente, no se atreve a compartir con su entorno su decisión. Y su caso no es excepcional. Esta chica asegura que todas las mujeres de su alrededor que han abortado silencian sus abortos: "Todas las mujeres que conozco lo ocultan, no lo cuentan por miedo a que se les mire mal o se las critique. También es mi caso", reconoce Marta.

Estas dos mujeres decidieron interrumpir voluntariamente sus embarazos, pero no son las únicas. En España, las intervenciones voluntarias del embarazo realizadas desde el año 2008 a 2017, superan el millón. Concretamente, desde que existen datos estadísticos, recogidos por el Ministerio de Sanidad, 1.057.283 mujeres han abortado.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

A pesar de las cifras, las mujeres hoy todavía callan y silencian sus abortos, y como asegura Sonia Lamas Millán, que además de ser la responsable del Departamento de Comunicación de la Clínica Dator es psicóloga feminista, esto sucede "porque todo lo que está relacionado con el cuerpo de las mujeres y con sus decisiones, todavía hoy, está estigmatizado".  Lamas apremia a la sociedad para que “entienda el aborto como lo que es, un derecho que salva la vida de muchas mujeres”.

En opinión de esta psicóloga feminista vivimos en un sistema patriarcal donde las decisiones de las mujeres, y sobre todo las que tienen que ver sobre su propio cuerpo, tienen que estar tuteladas. "Mujer y maternidad todavía sigue estando muy unidas, es un binomio que cuesta mucho separarlo, pero igual que podemos decidir ser madres podemos decidir no serlo", apostilla. Asimismo, Lamas argumenta que el aborto es una decisión muy meditada "que forma parte de su intimidad y que nadie tiene que entrar a valorar, es un derecho, y como todos los derechos se ejercen, pero como sigue teniendo ese peso tan fundamentalista, el aborto se sigue criminalizando".

De igual manera considera que, si las mujeres no tuvieran que soportar la presión social que las "mira con lupa victimaria y culpabilizadora", no ocultarían que han abortado, porque es un derecho que les pertenece y "se trata de una decisión más como cualquier otra que se toma en la vida". Todavía hoy, parte de la sociedad se muestra reticente a considerar el aborto como un derecho de las mujeres, vestigio de un sistema patriarcal que se resiste a asumir que cualquier decisión sobre el cuerpo de las mujeres y su sexualidad, les corresponde a ellas tomarla.

Causa de hostigamiento a mujeres y profesionales

Según la Plataforma Pro-Derechos, desde que en 1985 en España se despenalizara el aborto, el acoso a las puertas de los centros sanitarios donde se practican IVE (Intervención Voluntaria del Embarazo) ha sido una constante y de un tiempo a esta parte las acciones contra el derecho a decidir incluso se han intensificado.

Esta misma plataforma, constituida por 65 entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y fuerzas sindicales, calcula que más de 8.000 personas han sido hostigadas desde 2010. Las distintas organizaciones agrupadas en la Plataforma Pro-Derechos, bajo la campaña 'Aborto sin acoso', quieren denunciar y hacer frente al acoso que sufren tanto las mujeres que abortan como los profesionales que trabajan en los centros de IVE.

Ángeles Álvarez, de la asociación Enclave Feminista, expone que los grupos que llevan a cabo las distintas estrategias de acoso buscan “amedrentar a quienes facilitan los recursos sanitarios que ayudan a las mujeres a abortar de manera segura y profiláctica” con el objetivo de obstaculizar y estigmatizar el aborto. Asimismo, asegura que se trata de una red antiderechos con un ideario fundamentalistas que "pretende imponer su moral, juzgar a las mujeres e imponer un modelo que supondría la imposición de maternidades no deseadas".

Álvarez advierte sobre la urgencia de legislar para penalizar este hostigamiento y evitar la involución en derechos de las mujeres. Las acciones llevadas a cabo a las puertas de los centros donde se practican interrupciones de embarazos van desde la obstaculización del acceso a los centros hasta el reparto de informaciones tendenciosas que crean un ambiente conminatorio. Son escraches que en su opinión buscan “presionar a las mujeres, amenazar su derecho y señalarlas” y concluye que "los centros sanitarios no deben estar sometidos a la violencia que ejercen los antiderechos".

El aborto en España

España ha tenido dos leyes relativas al aborto. En 1985 el aborto dejó de ser delito despenalizándose en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. Esta ley, aprobada por el gobierno socialista de Felipe González, fue sustituida en 2010 por la llamada Ley de plazos, del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actual ley garantiza que en un plazo de 14 semanas las mujeres puedan interrumpir su embarazo siempre que hayan sido informadas sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Una ley que nació, tal y como apunta la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), motivada por la inseguridad jurídica de la ley de supuestos, sujeta a interpretaciones.

ACAI explica que se trataba de una ley en las que las intervenciones se “amparaban en el supuesto de salud física y psíquica de la gestante”, lo que generaba cierta inseguridad tanto para las propias mujeres como para los profesionales que realizaban la IVE. Una inseguridad que se traducía en persecuciones, demandas e incluso penas de cárcel. ACAI sostiene que esta situación de incertidumbre fue uno de los factores que provocó que únicamente un grupo reducido de profesionales accedieran a realizar intervenciones.

A pesar de que el IVE es una prestación sanitaria desde la primera ley de supuestos, y así lo contempla el Sistema Nacional de Salud, ACAI señala que muchos profesionales de la sanidad pública renunciaron a prestar este servicio y en muchos centros públicos nunca se llegó a implementar. Una situación que persiste hoy según constata ACAI. Esto explica que las intervenciones voluntarias del embarazo hayan quedado relegadas al ámbito privado, que ni tan siquiera se puede considerar privado porque, pese a que las intervenciones se lleven a cabo en centros de esta categoría, desde ACAI indican que “la prestación de aborto puede considerarse prácticamente pública”.

“El 80 y 90 por ciento de las intervenciones que realizan los centros acreditados vienen derivados de la sanidad pública”, lo que significa que la IVE está financiada por la sanidad pública y no supone ningún gasto para la mujer que interrumpe su embarazo. No obstante, si hoy por hoy el aborto está garantizado, se debe precisamente a las clínicas acreditadas, que aseguran que el aborto provocado en España sea una prestación segura, confidencial y gratuita para la mujer.