Viernes, 30 de Octubre de 2020

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GOBIERNO DE COALICIÓN

Los retos del nuevo Gobierno: a qué se enfrentan los 'fichajes' de Sánchez

Pedro Sánchez ha querido blindarse frente a quienes temen el aventurerismo de un Gobierno inédito

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en una fotografía de archivo. / Susana Vera (REUTERS)

José Luis Escrivá y Arancha González Laya, junto a Salvador Illa, son los últimos fichajes del Gobierno de coalición, que ya está prácticamente completado a la espera de conocer sus tres últimas piezas. Pedro Sánchez ha querido blindarse frente a quienes temen lo inédito de un gobierno en coalición, un gobierno que además tendrá que tomar medidas audaces. Y se ha blindado con dos fichajes que le darán aún mayor peso económico a un gobierno que ya lo tiene, además de tratarse de dos personas entrenadas en foros multilaterales.

  • Empezamos por la futura canciller, la Ministra de Exteriores, Arancha González Laya, funcionaria europea especializada en comercio internacional. ¿A qué tendrá que enfrentarse?

Exteriores: el 'brexit' con Cataluña en el horizonte

Arancha González Laya, en una entrevista que esta semana publicaba 'El Correo' aseguraba que la guerra comercial entre EEUU y China, sumado a las turbulencias geopolíticas y el cambio climático, son los grandes riesgos para la economía global, pero en el Ministerio de Exteriores sus objetivos pasan por recomponer la dañada imagen de España en el exterior por el desafío independentista de Cataluña.

González Laya es, además, una fiel defensora de los organismos internacionales de dónde procede laboralmente, por lo que no es de extrañar que busque reforzar la presencia de España en estos foros. "Una de las lecciones es la importancia de las instituciones en estos momentos de convulsiones. Las instituciones están sometidas a una presión tremendo (...) Es importante invertir en la solidad de las instituciones", apuntó en una ocasión.

Respecto a la Unión Europea, deberá establecer los parámetros en la política migratoria, abordar el 'brexit' y definir la relación hispano-británica con Gibraltar de por medio.

  • La otra novedad es José Luis Escrivá, titular de la cartera de Seguridad social, Inclusión y Migraciones. Se pondrá al frente del Ministerio de Seguridad Social, donde entre otros muchos retos, tendrá garantizar el sistema de pensiones.  

Seguridad Social: garantizar las pensiones

Como presidente de la AIReF, Escrivá ya ha puesto el acento en que el desequilibrio de las pensiones no es irresoluble si se actúa bien. Sus propuestas cuando presidía este organismo van en la línea de la reforma de pensiones de 2011, que fue la consensuada por casi todo el parlamento, sindicatos y patronales: seguir tendiendo a que la edad real de jubilación se aproxime a la fijada por aquella reforma, los 67 años. También ampliar el periodo de carrera laboral que cuenta para la pensión de los 25 años de aquella reforma a toda la vida laboral y sacar del sistema los gastos que ahora cubre la seguridad social y que no tienen que ver con las pensiones, como las políticas activas de empleo o los gastos de funcionamiento y personal del ministerio.

También ha dicho que la revalorización del 0,25% que puso en marcha la reforma del PP era "impracticable" por el deterioro que causaba al poder adquisitivo de los pensionistas, pero que si se quita y se vuelve a la actualización según IPC, como quiere este gobierno, hay que desarrollar alternativas que cubran el aumento de gasto. Ahora le toca definir esas alternativas, defenderlas en el seno del gobierno y convencer a los agentes sociales y al resto de grupos en el Pacto de Toledo.

El ingreso mínimo vital

Otro gran reto: el Ingreso Mínimo Vital, que tanto PSOE como Podemos llevan en su programa y que tiene que crecer poco a poco desde una ayuda a las familias en situación vulnerable a una red que cubra a todas aquellas personas que caigan fuera de la protección de prestaciones y subsidios por desempleo. Cuando estaba en la AIReF proponía que estas ayudas fueran de unos 3.500 millones de euros, lejos de lo que proponían sindicatos y asociaciones.

  • Además de estos dos nuevos perfiles, el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos deberá abordar otros retos de gran calado en diferentes flancos que van desde la Justicia a Interior, pasando por el propio ministerio de Defensa

Justicia: la 'caja de Pandora

Los desafíos de justicia para esta legislatura, no solo son los casos pendientes o los juicios programados, como el del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, Bárcenas, Camps, o el enfangado caso del ex comisario Villarejo. La agenda de política judicial va a tener que dar cabida más que nunca al acuerdo. Para comenzar lo más inmediato: ¿Quién será el nuevo o nueva Fiscal General del Estado? o ¿cómo se va a abordar la renovación del Poder Judicial, o el relevo de cuatro jueces del Constitucional?

Siguen pendientes sobre la mesa de sus señorías la derogación de la prisión permanente revisable, la reforma de la ley mordaza, o la redefinición del delito de rebelión. Si seguimos con los acuerdos más complicados que hay que gestionar aparecen la reforma del Estatuto del ministerio fiscal, o la derogación de la ley que limita el tiempo de investigación de los casos. Todo ello, sin que la Justicia o Fiscalía tengan todavía un sistema de comunicación común. Sin que se sepa cómo resolver el pleito permanente de funcionarios y jueces por la falta de personal, medios y retribuciones.

Otro signo de interrogación se abre para preguntar cómo abordará Justicia, la ley de Memoria Histórica, después del éxito de la exhumación de Franco o cómo gestionará los bienes inmatriculados de la iglesia. En el cofre abierto del Ministerio de Justicia se asoman, decenas de asuntos pendientes de matiz político, interno o social. La caja de Pandora está abierta a la espera de ver si el final llega con la nueva legislatura.

La Guardia Civil en Navarra, reto de Interior

La perdida de competencias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a favor de las policías autonómicas es una de las asignaturas pendientes que tiene el Ministerio del Interior para esta legislatura a punto de arrancar. El acuerdo entre el PSOE y el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, contempla que la Guardia Civil pierda sus actuales competencias en materia de seguridad vial en Navarra, como ocurre en el País Vasco, a favor de la policía autonómica vasca.

Aunque se trata de una reivindicación histórica que incluso llegó a pactar el expresidente del Gobierno del PP, José María Aznar, con el entonces jefe del ejecutivo navarro, Miguel Sanz, la oposición ha criticado duramente este acuerdo. También las asociaciones del Instituto Armado que han pedido explicaciones de un traspaso que afectaría a 175 agentes. A esto hay que sumar las competencias en el mar que van a asumir los Mossos, un asunto que preocupa también a la Guardia Civil y que ahora mismo se está resolviendo en la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.

Una de las prioridades del Ministerio del Interior en esta nueva legislatura va a ser derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' y que salió adelante con el PP en el año 2015. Figura en el acuerdo programático alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos y ha sido una de las reivindicaciones más repetidas por parte de la izquierda. A Grande-Marlaska le toca ahora diseñar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica" según subraya el texto firmado por ambas formaciones políticas.

En esta nueva legislatura, el exmagistrado de la Audiencia Nacional tiene que resolver también un asunto del que hizo y sigue haciendo bandera Unidas Podemos: la retirada de las medallas al expolicía franquista Billy el Niño. Fuentes de Interior han llegado a reconocer que va a resultar imposible retirar a este policía sus medallas porque fueron otorgadas amparadas por una ley que no contempla ninguna clausula para retirarlas. Otro asunto que puede suponer un escollo para este gobierno de coalición es el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros.

Una nueva ley de asilo y el narcotráfico en el Estrecho

En materia de inmigración el nuevo Gobierno se ha comprometido además a la elaborar una nueva Ley de Asilo "que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales". La ley actual es de 1984 aunque fue revisada 10 años después. Por delante queda además la retirada total de las concertinas, un proyecto que ha sido desarrollado en el papel pero que de momento no se ha ejecutado.

Fernando Grande-Marlaska afronta una nueva legislatura con datos positivos relacionados con la inmigración irregular y los accidentes de tráfico. Las estadísticas hablan de que se ha reducido en más de la mitad la llegada de migrantes irregulares por mar y en que el número de fallecidos en accidentes de tráfico ha disminuido por segundo año consecutivo. Además entre los logros de su primera etapa está el plan puesto en marcha en julio del 2018 para hacer frente al tráfico de drogas en el Estrecho: más de 150 toneladas de droga incautada y casi 7000 detenidos.

Equiparación salarial

Interior va a continuar trabajando en la equiparación salarial de Policía y de Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. El acuerdo cerró una reivindicación de casi tres décadas que ningún gobierno había abordado anteriormente. La propuesta de Policías y de Guardias Civil pasaba por tener el mismo sueldo que los Mossos y al final se acordó un total de 1207 millones de euros en tres años.

La oferta la firmaron cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones de la Guardia Civil que a día de hoy insisten en que los términos del acuerdo se están cumpliendo según lo pactado y acordado. El primer año la dotación fue de 500 millones de euros y se espera que este año la nómina mensual de cada policía va a aumentar en 561 euros y la de los Guardias Civiles en 720 euros.

Más allá de este aumento de sueldo que se está cumpliendo hay dos asuntos que quedan pendientes. El primero son 300 millones de euros que en principio estaban destinados a incorporar a policías en segunda actividad y en la reserva para sustituirlos por trabajadores de la seguridad privada. La demanda por parte de los estos policías no ha sido muy abundante y los 300 millones de euros han quedado en el aire.

Hay otro escollo que de hecho está judicializado que es el informe que Interior ha encargado a consultora para verificar si la asignación presupuestaria acordada es suficiente o si se va a necesitar algún tipo de ajuste. Al principio de la negociación los sindicatos contrataron a una consultoría externa que además de analizar la cantidad total planificada para los próximos tres años intentó diseñar una especie de ley que garantizase la equiparación justa entre los distintos cuerpos policiales; a igual trabajo y función mismo sueldo. Esta consultoría realizó un informe pero Interior lo rechazó argumentando que no estaba siendo objetivo. Ahora los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil critican con los mismos argumentos la consultora elegida por Interior y el asunto está judicializado.

Defensa: la seguridad del contingente en Oriente Próximo y renovar la cúpula militar y el CNI

En el plano geoestratégico sin duda Defensa arranca esta legislatura pendiente y con mucha incertidumbre por el futuro del contingente español en Irak y Líbano debido a la crisis que mantienen EEUU e Irán y que podrían afectar a las tropas españolas allí desplegadas y que actúan y se coordinan bajo el mandato de la OTAN y de la Coalición Internacional. Ahora mismo hay 531 militares y guardias civiles desplegados en Irak y el grueso del contingente está en Besmayah. La OTAN anunció la semana pasada que iba a comenzar el repliegue de las tropas y esta decisión ha afectado de momento a una decena de militares españoles que estaban en los cuarteles Generales de Base Unión III en Bagdad y que ya están en Kuwait.

En el apartado compra de armamento y material el contrato de los blindados 8*8 sigue siendo una prioridad. Ha sido un problema para el Ejército de Tierra entre otras cosas porque el pasado diciembre la Dirección General de Contrato para la fabricación de este vehículo rechazó la única oferta que había en la mesa por inadmisible, la de Santa Bárbara Sistemas. Ha habido muchos retrasos para la llegada de los demostradores y ahora al declararse desierto el contrato, Defensa lo va a abrir a licitación pública. En total el Gobierno aprobó una partida de 2038 millones para la adquisición de 1000 unidades que sustituirán a los Blindados Medios Sobre Ruedas (BMR).

Otro de los retos de esta legislatura es poner a flote el submarino de la clase S-80 y S-81. Según lo calculado, se van a entregar a la Armada en septiembre del año 2022. Además está pendiente también la sustitución de los aviones de entrenamiento caza C-101 para el ejército del aire.

En el apartado de derechos del trabajo, Defensa mantiene como empeño seguir desarrollando el protocolo desarrollado por el Ministerio contra el acoso sexual y diseñar otro para luchar contra el acoso laboral. Además se sigue elaborando planes con diferentes administraciones públicas para "reinsertar" a la vida laboral a los mayores de 45 años.

Renovación de la cúpula militar y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene que afrontar la renovación de la cúpula militar. Los actuales Jefes del Estado Mayor de los Ejércitos, la Armada y la Defensa, "Los Jemes" ocupan estos puestos desde marzo del año 2017 por nombramiento de María Dolores de Cospedal. Robles les ha mantenido por estabilidad pero ahora tiene que hacer la renovación. Todo apunta a que el CNI va a seguir dependiendo del ministerio de Defensa aunque esto se aclarará en los próximos días cuando se conocerá también quien es el nuevo director o directora del Centro. El pasado verano, el general Felix Sanz Roldán, dejó el cargo tras 10 años y debido a la interinidad del Ejecutivo fue sustituido en funciones por la secretaria general, Paz Esteban.

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