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Miércoles, 26 de Febrero de 2020

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Juicio a la cúpula de los Mossos en el referéndum del 1-O: ¿quién es quién?

Un repaso a los protagonistas del juicio: acusados, testigos y tribunal

Cèsar Puig (i), Josep Lluís Trapero (2i), Pere Soler y Teresa Laplana (d).

Cèsar Puig (i), Josep Lluís Trapero (2i), Pere Soler y Teresa Laplana (d). / GETTY / REUTERS / ACN

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio al exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig; al ex director de los Mossos, Pere Soler; y a la intendente Teresa Laplana. Se les juzga por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros y de sedición a esta última, en relación con los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En el escrito de acusación provisional, los fiscales encargados del caso —el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira— mantienen la petición de 11 años por rebelión para Trapero, Puig y Soler, y cuatro años para Laplana.

Les hacen responsables de haber consentido la celebración del 1-O y también de no frenar el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Mientras que a Trapero, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a Laplana solo le atribuyen responsabilidad en el asedio a la Consellería

El tribunal

El tribunal está compuesto por dos magistrados de corte conservador de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel (presidenta) y Francisco Javier Vieira, y por un juez de marcado carácter progresista, Ramón Sáez Valcárcel, que redactara el fallo del tribunal (ponente).

Tanto Concepción Espejel, exvocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, como Francisco Javier Vieira son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora mayoritaria en la Carrera Judicial.

Sin embargo, la sentencia será escrita por Ramón Sáez Valcárcel, considerado uno de los jueces más progresistas de la Audiencia Nacional. Fue vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida (IU) y fue ponente de la resolución que absolvió a los asaltantes al Parlament en el año 2011 al considerar el asedio como libertad de expresión.

Calendario

La sala ha fijado para el 3 de febrero la declaración del primer testigo. Se trata del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de coordinar el operativo de las Fuerzas de Seguridad en la jornada de votación.

El lunes 20 de enero a las 10.00 se inicia el juicio, que continuará con el interrogatorio de los cuatro procesados los días 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de enero. En febrero ha fijado sesiones del 3 al 6, del 10 al 13 y del 17 al 20, días en los que declararán los testigos.

En marzo, del 2 al 5 y del 16 al 19, el juicio proseguirá "para continuación, en su caso, de las testificales y práctica de la prueba documental e informes".

Forn y Junqueras, testigos

Al interrogatorio de los acusados le seguirán las testificales de decenas de guardias civiles, policías y Mossos que participaron en el operativo, así como varios comisarios de la policía catalana que ya explicaron en el Supremo las advertencias que hicieron al Govern sobre los riesgos de incidentes en la votación.

También está citado como testigo el expresident de la Generalitat Artur Mas, testigo en el juicio del 1-O y antes condenado a inhabilitación por la consulta ilegal celebrada en 2014.

Advertencia

La lista de testigos se completa con 63 agentes de los Mossos d'Esquadra, así como su exdirector general, Albert Batlle, y los comisarios de la policía autonómica Joan Carles Molinero, Manel Castellvi, José Luis Guerrero, Rafael Comes y Emili Quevedo.

Las testificales de Castellvi, Molinero y Quevedo durante el juicio del procés coincidieron plenamente con la que también prestó Trapero, según las cuales los cuatro convocaron tres días antes del referéndum del 1 de octubre a los entonces presidentes Carles Puigdemont, vicepresidente Junqueras y consejero de Interior Forn para advertirles de que durante la consulta había riesgo de actos violentos.

Los acusados

Josep Lluís Trapero (Badalona, 1965) fue nombrado jefe de los Mossos d'Esquadra en abril de 2017. El Ministerio Público argumenta que Trapero "diseñó de forma deliberada los mecanismo de actuación que impidieron que los Mossos cumpliesen las órdenes de la Justicia para evitar que el referéndum independentista ilegal se celebrase". La inacción de los Mossos precipitó una actuación tardía de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que trataron de desplegarse en los más de 2.000 centros de votación abiertos en Cataluña.

Pere Soler (Terrassa, 1967) fue director de Servicios Penitenciarios entre 2013 y 2016 y también exdirector de los Mossos d’Esquadra –superior inmediato del mayor Josep Lluís Trapero–. Ha declarado que "no tuvo ninguna aportación en las decisiones políticas y estratégicas para la celebración del referéndum de autodeterminación" y declaró durante la instrucción que la teoría de una cadena de transmisión de instrucciones encaminadas a la desobediencia "pierde todo vigor", por cuanto consta en las actuaciones cómo a las reuniones preparatorias con el mayor de los Mossos celebradas los días 26 y 28 de septiembre acudieron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el consejero de Interior, Joaquim Forn, pero no él.

César Puig (Valls, 1956), exsecretario general de la Consejería de Interior desde junio de 2015 hasta 27 octubre de 2017, y subordinado inmediato del exconseller Joaquim Forn, explicó ante la juez Carmen Lamela que su trabajo no consistía en dirigir operativos policiales sino que se limitaba a cuestiones técnicas y presupuestarias: "Tengo claro lo que hicimos y que cumplimos todos los mandatos judiciales. Creo que se entenderá nuestra defensa y estoy absolutamente seguro de mi absolución".

Teresa Laplana (Barcelona, 1961). La Fiscalía considera que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad —lo que comportaría penas de hasta 15 años— sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Reclaman para ella, además, 5 años de inhabilitación. La intendente Laplana declaró durante la instrucción del caso que no tuvo "voluntad maliciosa" de impedir el registro del 20-S.

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