El Gobierno avisa a Murcia de que su veto parental va en contra de sus normas educativas

Madrid

El requerimiento que ha enviado el Gobierno a la Región de Murcia sobre el veto parental educativo recuerda a esa comunidad que se excede en sus competencias y que va en contra de sus propias normas en materia educativa. 

El documento, al que ha podido acceder la Cadena SER, consta de cinco páginas en las que el Gobierno le pide a Murcia que retire la instrucción que dictó el 29 de agosto exigiendo a los centros la autorización expresa de los padres para actividades complementarias.

El Ejecutivo le recuerda que eso contradice sus propios decretos autonómicos, que establecen que estas actividades son obligatorias y evaluables a efectos académicos para los alumnos: "Las referidas instrucciones exceden del ámbito propio de las instrucciones u órdenes de servicio, teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mérito ámbito autoorganizativo interno y no han sido objeto de publicación en un diario oficial", dice el texto al que ha tenido acceso la SER. 

También contraviene las leyes estatales porque vulnera la autonomía de los centros, la Constitución que recoge el derecho a la educación y diversos tratados internacionales. De hecho, el texto recuerda que "dichas instrucciones suponen una vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española, cuya titularidad corresponde a los alumnos y alumnas".

El Ejecutivo cree que esta instrucción es una suerte de objeción de conciencia no prevista en la Ley. El requerimiento del Gobierno recuerda que "según la normativa, la toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual corresponde, exclusivamente, a los centros (claustro y director/a)". 

Ahora Murcia tiene un mes para responder, tal y como ha afirmado este lunes la ministra de Educación, Isabel Celaá. La ministra ha dado este plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia.