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El Constitucional suspende su actividad diaria por el coronavirus

La medida se produce tras detectarse un caso positivo por coronavirus en uno de los funcionarios del Órgano

El Ministerio de Justicia ha decidido aplazar el examen de acceso a la abogacía para evitar cualquier contagio

El Consejo General del Poder Judicial asumirá la responsabilidad de coordinación con el resto Administraciones

Fachada del Tribunal Constitucional / EFE

Madrid

El Tribunal Constitucional ha decidido suspender el pleno previsto para mañana y pasado y ha acordado enviar a sus casas a los empleados de la institución para combatir la propagación del virus.

La decisión adoptada por el pleno del tribunal ha sido una medida de precaución y consecuencia de haberse detectado un caso positivo de contagio entre sus trabajadores.

Se trata de un funcionario que ya está en tratamiento pero que ha mantenido contacto con el resto del personal durante varios días, por lo que el órgano ha decidido que nadie acuda a ejercer sus labores.

Trabajarán desde casa

Los magistrados suspenden así su actividad pero continuarán trabajando desde casa, lo mismo que los letrados y demás funcionarios del tribunal, hasta nuevo aviso.

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Otra de las consecuencias del coronavirus en el ámbito judicial ha sido la suspensión 'sine die' de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía que había sido convocada por el Ministerio de Justicia para el próximo 28 de marzo.

Debido a la "incidencia que está teniendo en la población el contagio de coronavirus" y el número de solicitantes que se desplazarán a España provinientes de países "en los que la difusión del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención", ha señalado el Ministerio.

Así lo señala una resolución adoptada este martes por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia por la que se procede al aplazamiento de la realización de la prueba de acceso a la Abogacía, cuya superación es requisito para poder ejercer esta actividad profesional.

Más de 6.000 aspirantes 

El examen, al que estaba previsto que se presentaran 6.780 aspirantes en distintas sedes en toda España, queda así aplazado. "Tan pronto como las autoridades sanitarias lo autoricen, se procederá a fijar una nueva fecha de realización de la prueba, publicándose en la página web del Ministerio de Justicia la nueva fecha con al menos tres semanas de antelación a su fecha de celebración", señala la resolución.

Como en anteriores convocatorias, debido a la alta participación, se habían establecido ocho sedes de examen: la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; el Aulario VI de la Universitat de València (Campus de Blasco Ibáñez); la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Aulario de la Merced de la Universidad de Murcia; la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de la Laguna (Campus de Guajara, Tenerife); la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Bilbao) y la Academia Galega de Seguridade Pública (en el municipio pontevedrés de A Estrada).

Reunión de urgencia mañana

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá mañana a las nueve de la mañana de forma extraordinaria para adaptar en el ámbito judicial las medidas dictadas hasta el momento por las autoridades sanitarias y el Consejo de Ministros respecto a la epidemia.

Según ha informado en un comunicado el órgano de gobierno de los jueces, su omisión permanente hará seguimiento de las medidas que vayan adoptándose para hacer frente al COVID-19 y establecerá un canal de comunicación con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos, a los que se dará traslado inmediato de todas las decisiones que se acuerden.

Además, el Consejo asumirá la responsabilidad de la coordinación con el resto de las Administraciones con competencias en materia de Justicia y con las autoridades sanitarias.

Las asociaciones de jueces ya habían reclamado a este organismo información sobre los protocolos de seguridad sanitaria y si se iban a aplicar medidas urgentes como el cierre de la sedes judiciales o la suspensión de los juicios que no sean urgentes debido a la expansión de casos de coronavirus.

 
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