El Gobierno cierra el apoyo de Cs para una prórroga de 15 días y atrae a ERC a la abstención en la votación

Madrid

El Gobierno rectifica y pedirá una quinta prórroga del estado de alarma de 15 días y no como planeaba en un principio, ya que la primera intención de Pedro Sánchez era que esta fuera la última prórroga y que tuviese una duración de cerca de un mes. De esta manera, el Ejecutivo se asegura el apoyo de Ciudadanos tras los contactos entre el presidente del Gobierno e Inés Arrimadas donde se han puesto en marcha las "medidas necesarias para seguir proteguiendo a la ciudadanía en el ámbito sanitario, económico y social".

Paralelamente, el gobierno de coalición trabaja para conseguir la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. El Ejecutivo y la formación nacionalista ya estarían negociando. Fuentes de ERC aseguran a la Cadena SER que hay un principio de acuerdo con el Gobierno para que la prórroga sea de 15 días. Mientras Ejecutivo y nacionalistas catalanes conversan para alcanzar un acuerdo que cambie el signo del voto de ERC, la Secretaría de Estado de Estado de Comunicación ha facilitado los acuerdos que ya ha suscrito el Gobierno con Ciudadanos para volver a contar con su 'sí' en la ampliación del estado de alarma:

1. El Gobierno y Cs coinciden en que continúa siendo necesario prorrogar un mecanismo constitucional del estado de alarma para afrontar esta pandemia y que debe prolongarse solo por el tiempo estrictamente necesario. En este sentido, pactan que la prórroga del estado de alarma debe prolongarse 15 días, tal y como ha venido realizándose hasta ahora.
2. Durante esos 15 días de prórroga del estado de alarma, el Gobierno se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma. En esos mismos 15 días, el Gobierno comunicará a Cs las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias.
3. En los aplazamientos tributarios motivados por el impacto económico negativo del COVID-19, se aumenta en un mes (de tres a cuatro) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora.
4. Agilización del pago de prestaciones por ERTEs o desempleo a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibirlo durante el mes de junio, como muy tarde, y prioridad para la resolución de posibles incidencias al respecto.
5. Se analizará la posibilidad de ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación.
6. Asimismo, se acuerda impulsar que el mes de julio de 2020 sea hábil en el Congreso de los Diputados a los efectos de agilizar el trabajo parlamentario y recuperar parte del retraso provocado por el COVID-19.

ERC se abstendrá en la votación

Paralelamente a la negociación con la formación naranja, el Ejecutivo está negociando con ERC para atraer a los nacionalistas hacia una abstención para ampliar el estado de alarma. Fuentes de ERC aseguran a la SER que ambas formaciones están de acuerdo en que la prórroga sea de 15 días y no de un mes, como se había propuesto en un principio.

El Gobierno y los nacionalistas ultiman además un acuerdo político que incluye medidas sociales de conciliación para las familias, como la prestación familiar, así como un margen para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para poner en marcha medidas para afrontar el COVID-19. Además, ambas formaciones han hablado para cerrar una fecha para la mesa de negociación.

El borrador adelantado por la SER

La intención de Pedro Sánchez era que esta fuese la última prórroga en el estado de alarma. En medio de los continuos cuestionamientos del mando único por parte de los grupos nacionalistas, el punto quinto del decreto adelantado por la SER establecía que el Gobierno podría acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas "con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma". "En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio", sostiene el texto, que cree justificado esta forma de funcionar dado que el plan de desescalada tiene un carácter "gradual" y "asimétrico".

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A fin de mantener las medidas de contención del virus "únicamente en las unidades territoriales en que resulten indispensables", se prevé de manera específica en el apartado sexto del decreto que la superación de todas las fases previstas en el plan para la desescalada determinará que “queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales”. De este modo, este punto sexto desarrolla el modelo de alarma "gradual" que viene defendiendo el Gobierno. A partir del 24 de mayo, si prospera esta prórroga en las condiciones planteadas por el Gobierno, la autoridad competente delegada será "únicamente" el ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, "y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas".

El borrador avanzado por la SER también incorpora un apartado octavo que afecta al ámbito educativo. Establece que "las administraciones educativas competentes podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, siempre que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a las previsiones de este acuerdo. Las actividades educativas se mantendrán a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible". El objetivo inicial del Gobierno es que este estado de alarma acompañe el avance del Plan para la desescalada y, por tanto, ir facilitando la reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados de ahí que se facilite "el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales". Por ello, se prevé, el levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de plazos administrativos y procesales.

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