La doble agresión a las víctimas de La Manada
La víctima de Pamplona tuvo que sufrir que sus datos y cara circulasen por internet
La víctima de Pozoblanco tuvo que "abandonar la localidad en distintos momentos"
Madrid
Las sentencias y sumarios de los dos ataques sexuales en grupo perpetrados por los cinco jóvenes conocidos como "La Manada" revelan cómo sus dos víctimas no sólo sufrieron las agresiones y los abusos: los intentos de humillación, seguimientos y cuestionamiento que llegaron incluso a sus teléfonos móviles, con la filtración de datos personales y cambios en sus hábitos de vida.
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En el caso de la joven violada en un portal de Pamplona en las fiestas de San Fermín de 2016 todo empezó durante la instrucción del caso y se prolongó hasta después del dictado de la primera sentencia del caso. Fue la defensa de uno de los acusados la que aportó al conjunto de pruebas un informe de unos detectives privados con seguimientos a la víctima destinado a cuestionar que realmente estuviera tan afectada como decía.
El informe fue uno de los puntos más polémicos y no llegó a ser analizado por el tribunal al ser retirado por la defensa. "No nos sorprende que no ratifique su informe, fue más que prudente no ratificarlo", dijo la fiscal Elena Sarasate en sus conclusiones finales en un juicio en el que, fuera de la sala y sin micrófonos delante, se escucharon comentarios valorando las posturas de la víctima durante su declaración ante el Tribunal e incluso cómo se tocaba el pelo.
El informe retirado no pasó desapercibido para los jueces y formó parte de los argumentos que llevaron a declarar probada la existencia de un estrés postraumático en la joven. Ser "objeto de seguimientos por detectives privados", para el Tribunal Supremo, "implica una intromisión en su intimidad, e incluso el dato apuntado por el propio Tribunal que pone de relieve que la víctima estaba preocupada por su libertad, e incluso por su seguridad".
Los datos personales
En el caso de Pamplona el acoso siguió una vez dictada la primera sentencia y los datos de la víctima, cuidadosamente protegidos por los investigadores y respetados por las partes, empezaron a aparecer en diversos portales de internet e incluso en medios de comunicación. Una web llamada La Tribuna de Cartagena fue multada con 50.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos por publicar su nombre completo y la universidad en la que estudiaba. El artículo fue borrado dos días después.
La resolución de la AEPD concluyó que el tratamiento de este digital de los datos "no solo era inconsentido sino que fue excesivo y desproporcionado, al no existir un interés público en la captación o difusión de la imagen y sus datos identificativos" y que "no era necesario publicar una fotografía suya, su nombre, apellidos, edad, carrera y Universidad donde cursa sus estudios". La empresa alegó que los datos "los ha obtenido de redes sociales y foros donde se han ido publicando" y la propia resolución de la AEPD refleja por dónde pasaron algunos vídeos e imágenes de la víctima así como sus datos: Twitter, Forocoches, Burbuja con un usuario que "publicó una imagen del DNI pixelado que fue publicado en el diario El Español".
Uno de estos casos de difusión ha llegado a manos de la Justicia. La Fiscalía anunció el pasado mes de octubre que pedía una condena de dos años y medio de cárcel para un hombre que difundió estos datos personales en internet para "burlarse" de ella y causarle "inquietud moral". Está acusado de delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.
Abandonar Pozoblanco
El sumario refleja también cómo la víctima de Pozoblanco recibió una serie de mensajes de una persona conocida después de denunciar los hechos y varios meses después de que los cinco entrasen en prisión por la violación en grupo en Pamplona. Esta persona afirmaba haber estado con ella y los chicos la noche de los hechos, afirmó haber hablado con su entorno y que "lo están pasando muy mal", cuestionando su relato y echando en cara que ella había pedido a los agresores ir en su coche y revelando que un grupo de personas examinaba las fotos que habían hecho para ver si lo que decía era verdad: "Llevamos toda la tarde averiguando".
La víctima puso la conversación en conocimiento de la Policía Foral. Tres años y medio más tarde el juzgado ha condenado a los cuatro a penas que en un caso superan los cuatro años de cárcel por abusar de ella mientras estaba inconsciente, sacarla a golpes e insultos del coche y después difundir el vídeo que habían grabado sin su permiso. Ella se lo contó sin éxito a algunos conocidos e incluso a un policía municipal y lloró, según el agente de la Foral que contactó con ella, cuando supo que la Justicia queria investigar su caso: "Nadie me creía".
La sentencia refleja que la representación legal de la víctima llegó a explicar en el juicio que tuvo que "abandonar la localidad en distintos momentos" ante la notoriedad del caso y la difusión del vídeo de los abusos.