Registros y auditorías de sueldos obligatorias para hacer aflorar la brecha salarial entre hombres y mujeres
Los Ministerios de Igualdad y Trabajo impulsan un real decreto que entrará en vigor en seis meses con medidas específicas para combatir la discriminación salarial
El Gobierno aprobará además otro reglamento para mejorar la eficacia de los planes de igualdad, ya en vigor
Madrid
Las empresas estarán obligadas a crear registros retributivos y hacer auditorías que permitan aflorar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en sus plantillas. El Gobierno tiene previsto aprobar un decreto este martes que articula cómo han de ser esos mecanismos de transparencia. El incumplimiento sin causa justificada podrá ser un "indicio de discriminación retributiva" y, por tanto, motivo de sanción o de actuación judicial individual o colectiva en la jurisdicción social, según consta en el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER.
El Gobierno entiende que, en este momento, atajar la discriminación retributiva por razón de sexo pasa por corregir la actual valoración de los puestos de trabajo. Esa circunstancia es la que pretende abordar con este real decreto, a propuesta de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Trabajo, Yolanda Díaz, que busca "identificar discriminaciones" que, según esa norma, es lo que se produce "cuando desempeñando un trabajo de igual valor se percibe una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima".
¿Cómo se detecta esta situación? El reglamento establece distintos mecanismos. Detalla las funciones y condiciones que se tiene que tener en cuenta para establecer si un trabajo tiene igual valor que otro, de hecho, incluye la previsión de publicar "una orden con un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo en los seis primeros meses de vigencia de este reglamento" y regula además la creación de registros retributivos y la realización de auditorías.
Los registros retributivos, tal y como está previsto en el texto que maneja el Gobierno, incluirán información de "toda la plantilla" y deberán incluir "los valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones extrasalariales desagregados por sexo". Cuando se solicite el acceso al registro por parte de un trabajador por inexistencia de representación legal, el decreto establece que “la información que se facilitará no serán los datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el registro, sino que se limitara las "diferencias porcentuales en las retribuciones promediales entre hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución".
Otra de las herramientas desarrolladas en este reglamento son las auditorías retributivas. Su objetivo es comprobar que se cumple con el principio de igualdad retributiva y no sólo suponen un diagnóstico de la situación, sino un plan de actuación para la corrección de desigualdades y un sistema de seguimiento. El Instituto de la Mujer, explica el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER, elaborará una guía técnica sobre las auditorías, que se aplicarán de forma "paulatina", siguiendo lo previsto para la implantación de los planes de igualdad: las empresas de más de 150 hasta 200 personas tendrán un año; las de más de 100 hasta 150, un plazo de dos años y las de entre 50 a 100 trabajadores contarán con más margen, tres año, según ese documento.
Los ministerios de Igualdad y Trabajo, en colaboración con empresas y sindicatos, distribuirán además una "guía de buenas prácticas para la negociación colectiva y para que las empresas para identificar y superar los estereotipos en la contratación y la promoción".
Más eficacia para los planes de igualdad
Ambos departamentos impulsan además de manera conjunto otro decreto para "mejorar la eficacia de los planes de igualdad e incrementar seguridad jurídica", en asuntos como quiénes tienen que negociar esos planes en el ámbito de la empresa o el procedimiento de negociación, por ejemplo, cuando no hay representación legal. El reglamento pretende clarificar el escenario después que desde junio pasado estén obligadas a elaborar planes de igualdad las empresas de más de 50 trabajadores (se amplió el número porque antes eran solo las de más de 250 las que debían hacerlo).
En este texto, al que ha tenido acceso la SER, se establece que el Ministerio arbitrará medidas de fomento para elaboración de planes de igualdad, como guías o protocolos y prevé además otorgar "distintivos de Igualdad" en la empresa, cuando los planes han sido negociados y acordados con los representantes de los trabajadores.