Lunes, 23 de Noviembre de 2020

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Gobierno y agentes sociales empiezan el diálogo para convertir a los 'riders' en asalariados

En los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha convertido en asalariados a 11.000 trabajadores de Glovo, por los que la compañía ha pagado 16 millones a la Seguridad Social

Riders dan sus números de pedido a un vendedor de pollos en Barcelona

Riders dan sus números de pedido a un vendedor de pollos en Barcelona / NACHO DOCE (REUTERS)

El Gobierno lleva meses anunciando que quiere abordar el estatus de los repartidores para plataformas digitales -los llamados riders- en la línea de convertir a estos trabajadores, que ahora mismo son autónomos en su mayoría, en asalariados. Lo ha expresado en distintas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hace menos de un mes sintetizaba las aspiraciones de su departamento con la frase “una persona que reparte en bicicleta no es un emprendedor, es un trabajador”, y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que determinaba que un repartidor de Glovo no es un autónomo sino que ha de ser considerado asalariado ha reforzado esa determinación del Ejecutivo, que este miércoles empieza el diálogo con los agentes sociales para fijar la laboralidad de esos empleados con una ley.

Y es que, aunque las sentencias en la línea de la del Supremo se han venido sucediendo en los últimos meses en tribunales inferiores, y aunque las actuaciones de la Inspección de Trabajo han ordenado la conversión en asalariados de miles de estos trabajadores, hasta que no haya una norma no se podrá obligar sistemáticamente (y sancionar en caso de incumplimiento) a las empresas que empleen a los ‘riders’ como falsos autónomos. Para dar una idea de la magnitud de la cuestión, la Inspección -según datos a los que ha tenido acceso la SER- ha convertido en asalariados desde 2019 a 11.000 trabajadores de Glovo, que ha tenido que pagar en concepto de cotizaciones sociales debidas a esos empleados más de 16 millones de euros. Más de 1.700 regularizaciones se lograron tras actuaciones de oficio de la Inspección, mientras que las otras 9.300 han sido fruto de denuncias de los sindicatos (UGT, CCOO, CNT, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda y SAT)..

De hecho, los sindicatos representados en la mesa de negociación que se abre este miércoles con el ministerio, UGT y CCOO, llevan también meses abogando por esa nueva regulación, así que no se espera que el diálogo presente muchas dificultades. Eso sí, no hay todavía un horizonte claro de cuándo puede estar lista la norma, porque -indican fuentes de la negociación- el Ejecutivo quiere abordar la cuestión escuchando a todas las partes. Parte del trabajo ya está hecho: Trabajo abrió a consulta pública el proyecto de legislación el verano pasado, para recabar ideas sobre cómo regular en esta materia partiendo de la necesidad de proteger adecuadamente a los trabajadores que realizan la labor de reparto para plataformas digitales.

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