Tres vocales del Consejo salen en defensa del juez que ha pedido imputar a Pablo Iglesias
Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad y Juan Martínez Moya emiten un voto particular contrario a la decisión de la Permanente
"Los hechos denunciados no persiguen contribuir al debate público sino amedrantar al juez"
Madrid
Tres vocales del Consejo General del Poder Judicial han emitido un voto particular en el que denuncian intentos de "intimidar y desprestigiar" al juez que investiga el 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, después de haber solicitado al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Iglesias. Ayer la comisión permanente decidió seguir el desarrollo de la denuncia del juez ante la Policía sin emitir ningún tipo de pronunciamiento por el momento.
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El voto particular, al que ha tenido acceso la Cadena SER, está firmado por los vocales Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad y Juan Manuel Fernández, que consideran que el Consejo tendría que haber emitido algún tipo de pronunciamiento a favor del magistrado que denunció varios comentarios con insultos y amenazas a su persona en las redes sociales tras emitir la exposición razonada pidiendo la imputación del vicepresidente segundo en la pieza separada nº 10 del caso Villarejo.
Para estos tres vocales "lejos de estar ante unas críticas a una actuación judicial en los medios de comunicación que puedan considerarse amparadas por la libertad de expresión, los hechos denunciados tienen por objeto intimidar al magistrado y desprestigiar al Poder Judicial en su conjunto, habiendo contribuido a su propagación las declaraciones de destacados dirigentes políticos".
Para estos tres vocales, la comisión permanente "debería recordar que la creación de una atmósfera negativa en torno al ejercicio de acciones legales ante un órgano judicial constituye (...) un intento directo de interferencia en un procedimiento judicial, lo que es inaceptable", dicen citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hace unos día el propio Pablo Iglesias atribuía estos ataques a cuentas de Twitter relacionadas con la ultraderecha y Vox.
Los jueces, añaden, "deben ser protegidos de los ataques destructivos" y los comentarios denunciados por el magistrado "no persiguen contribuir al debate público sobre una cuestión judicial, sino amedrentar al juez y desprestigiar en su conjunto al Poder Judicial". Lo correcto habría sido, según el voto particular, "condenar enérgicamente la campaña denunciada" y enviar su denuncia a la Fiscalía "por si hubiera indicios de delito".