El Supremo frena desahucios de varias familias vulnerables en Madrid

Madrid

En los últimos meses el Tribunal Supremo ha negado al menos cinco veces a la Comunidad de Madrid el permiso para desalojar a familias vulnerables que viven de forma ilegal en pisos públicos. En varias sentencias idénticas la sala de lo contencioso-administrativo deja claro al ejecutivo regional madrileño que sólo se podrá autorizar uno de estos desahucios si antes han tomado las medidas necesarias para que no se queden en la calle.

El primer caso que examinó la sala tercera del Supremo fue sentenciado en firme a finales de noviembre: una mujer víctima de violencia machista con dos niños menores de cinco años que cobraba la Renta Mínima de Inserción y que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública en la capital desde 2015. Los jueces, con Fernando Román como ponente, hablaron entonces de una "absoluta falta de previsión por parte de la Administración respecto de las medidas de protección" de esta familia vulnerable e instó a los juzgados madrileños a comprobar que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tomaba efectivamente medidas para proteger a la familia antes de avalar el desalojo.

Desde entonces la misma sala ha dictado al menos cuatro sentencias más sentenciando en el mismo sentido cuatro casos similares de Madrid: una familia con cuatro hijos y cobrando la Renta Mínima, una mujer con cuatro hijos menores de edad o una pareja con dos niños y una anciana a su cargo, entre otros. En todos los casos el Tribunal Superior de Madrid autorizó el desalojo pero exigiendo que la Agencia Social de la Vivienda de la capital tomase medidas para evitar que quedasen en situación de desamparo, como por ejemplo implicar a los servicios de Tutela.

Los jueces del Supremo contestan lo mismo en todos los casos, negando la autorización a la Comunidad de Madrid para entrar en las casas sin comprobar antes que ha tomado medidas para evitar que, por ejemplo, los niños se queden en la calle. Los jueces especifican en todas sus resoluciones que la presencia de una familia vulnerable no impide sin más realizar el desahucio pero insiste en que se debe realizar de tal manera que no se aumente su vulnerabilidad y que eso se debe comprobar antes de dar luz verde.

No constan las medidas

En una de estas sentencias a las que ha tenido acceso esta emisora los jueces por ejemplo valoran que el Tribunal Superior de Madrid exigió medidas a la Comunidad de Madrid que "se orientan indudablemente en la línea acertada, hacia la debida protección de los menores" pero no son "suficientes para garantizar la adecuada protección de éstos en el momento del desalojo, momento que, conforme a lo dicho hasta ahora, debe ser fijado por decisión judicial solo cuando se den las condiciones antes señaladas".

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Denuciaron los jueces que "ni siquiera consta que la Administración hubiera comunicado a la Sala de instancia o al Juzgado las concretas medidas de protección de los menores que pensaba adoptar para el momento de ejecutar el desalojo" y también la fecha del lanzamiento se había fijado de manera "unilateral" por la Agencia de Vivienda Social.

"No ha provisto ni previsto ningún tipo de alternativa"

En declaraciones a la SER la abogada Alejandra Jacinto, de la cooperativa CAES y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, valora positivamente estas resoluciones del Supremo al entender que va en la línea de lo dicho por Naciones Unidas, "impide que se desahucie sin que se ofrecza por parte de la Administración pública publica una alternativa habitacional, o al menos se intente". 

Para Jacinto "es contradictorio que hasta la fecha haya sido precisamente la Agencia de Vivienda Social, el organismo competente encargado de velar por el derecho a la vivienda de madrileños y madrileñas, la que haya estado instando desahucios que finalmente el Tribunal Supremo ha parlizado porque no ha provisto ni previsto ningún tipo de alternativa para esas familias vulnerables". Habla esta letrada experta en vivienda no sólo de una "falta de previsión" sino incluso de una "dejación de funciones" del ejecutivo regional y su organismo de Vivienda.