Anticorrupción pide 10 años de cárcel para el excomisario de Barajas por el caso Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción pide 10 años de cárcel al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca en la pieza 1 del caso Villarejo por recibir, presuntamente, dinero y dádivas de un empresario a cambio de permitir la entrada irregular de ciudadanos ecuatoguineanos "abusando de su puesto".

El escrito de acusación de la Fiscalía en esta pieza, que propició la apertura del caso Villarejo o caso Tándem, se dirige únicamente contra Salamanca y el empresario Francisco Menéndez Rubio, para el que pide menos pena, seis meses de prisión, por su colaboración en la investigación.

Según relata el escrito, el Comisario Carlos Salamanca estuvo al frente del Puesto Fronterizo del aeropuerto Madrid-Barajas desde junio de 2006 hasta enero de 2015 y fue el Comisario Jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras durante algo más de año, de junio de 2016 a noviembre de 2017.  Durante estos años, "venía aceptando regalos de carácter suntuario, en unos casos como mera consideración a su cargo y en otros como recompensa por servicios que prestaba con abuso de su condición policial, y en concreto de sus funciones y responsabilidades como Jefe de la Comisaría del aeropuerto".

Anticorrupción da por probado que Salamanca recibió un Porsche Cayenne por valor de 66.000 euros. Un empresario ya fallecido pagó el vehículo mediante anticipo de 10.000 euros y el resto lo financió como un leasing. Nada más comprarlo en 2010 contrató el seguro de responsabilidad civil a nombre de Carlos Salamanca como conductor habitual. Dos años mas tarde, para dar apariciencia de legalidad, se hizo la compra a través del hijo de Carlos Salamanca y la red de empresas facilitada por el empresario Francisco Menéndez Rubio.

Este empresario trabajaba para la petrolera de Guinea Ecuatorial Gepetrol como consultor desde al menos 2010. "Entre 2012 y 2015 abonó a Carlos Salamanca dádivas de elevada cuantía, en dinero y en especie, para sí y para el disfrute de sus familiares más cercanos, como su esposa y su hijo". A cambio, "o como recompensa" permitía "la entrada ilegal en España de sus clientes" responsables de la empresa petrolera, así como su suegra, quienes carecían de visado. 

Además, el Comisario Salamanca les garantizaba la salida del aeropuerto "evitando el control de la aduana cuando volaran a Madrid procedentes de países no comunitarios". La Fiscalía señala "al menos cuatro oasiones" entre 2012 y 2013. En otra ocasión, Salamanca hizo gestiones con Iberia para que dejaran embarcar a una ciudadana de Guinea Ecuatorial, en marzo de 2012, y le facilitaran un visado excepcional en Barajas.