Anticorrupción pide seis años de cárcel para Ignacio González por el campo de golf del Canal de Isabel II

Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una condena de seis años de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, así como condenas para cuatro personas más por la adjudicación irregular del campo de golf del Canal de Isabel II. La petición de cárcel llega después de que haya solicitado otros cuatro años más por la supuesta adjudicación irregular de la construcción del tren a Navalcarnero, hace tan sólo unas semanas.

La Audiencia Nacional investigó el proceso de construcción de este campo de golf entre 2006 y 2012, cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre y cuando estaba igualmente al frente del Canal de Isabel II. Un sistema de subcontrataciones con la finalidad de que algunas de las adjudicaciones cayeran en empresas vinculadas a su propia familia, con un botín de más de medio millón de euros.

El juez dictó auto de procedimiento abreviado hace unas semanas y la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir seis años de cárcel para cinco acusados por dos delitos de cohecho a cada uno de ellos. Unas peticiones que acarrean también más de 15 años de inhabilitación y multas que superan el medio millón de euros también para Ildefonso de Miguel, Pablo Manuel González, José Juan Caballero y José Antonio Clemente.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2013 y 2015 tras la dimisión de Esperanza Aguirre, está a la espera de juicio en varias piezas separadas en la investigación bautizada como Lezo en torno a su gestión presuntamente delictiva en varias operaciones al frente del Canal de Isabel II. En el caso del tren a Navalcarnero la Fiscalía pide 4 años de prisión y otros 8 más por la compra ruinosa de Emissao con desvío de fondos.

Empresas vinculadas a la familia

En este caso el juez Manuel García-Castellón dio por finalizada recientemente la investigación en torno a la construcción de este campo de golf que durante años se encontró con la oposición de las asociaciones de vecinos y que fue desmantelado hace ahora tres años. González y su entonces mano derecha De Miguel idearon un plan "con el fin de beneficiar a familiares" del futuro presidente y amañaron la adjudicación con Dragados con la condición de que subcontratara algunos trabajos con una empresa, Tecnoconcret, vinculada a su hermano y su cuñado a través de terceras personas.

El resultado, según Anticorrupción, fue "un beneficio de, al menos, 504.780 € financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones". También detalla cómo en 2006 González y De Miguel consiguieron que el Canal de Isabel II adjudicase millón y medio de euros a una UTE en la que se integraba una empresa ligada al hermano de Ignacio González. Los dos "prevaleciéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el Ente Público de la Comunidad de Madrid CYII, dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo. TCT, que carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados".