¿Deberían pagar por su ingreso en UCI los negacionistas de la COVID que no han querido vacunarse?

Madrid

La quinta ola de la pandemia de COVID en España está siendo distinta a las anteriores. La gran mayoría de los mayores de 40 años ha recibido ya la pauta completa de vacunación y eso ha permitido que, por lo general, los nuevos contagiados estén sufriendo solo síntomas leves. ¡Las vacunas funcionan!

Según la información difundida por varias comunidades, de hecho, más del 70% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos son mayores de 50 años que no se han vacunado. Algunos porque no han podido y otros —antivacunas o negacionistas— porque no han querido. Una decisión estrictamente individual que es legítima y también legal, pero que acarrea consecuencias para el conjunto de la sociedad, tanto a nivel epidemiológico como económico.

Mientras que la pauta completa de vacunación con Pfizer tiene un coste que ronda los 34 euros, la estancia en UCI puede suponer un coste aproximado de entre 8.000 y 50.000 euros. Las cifras varían en función de la gravedad, del tiempo de ingreso y del centro hospitalario. En algunas comunidades hay precios cerrados asociados a cada patología, pero según datos de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), el importe diario puede ser de 750 euros, y según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, la estancia media se ha ido reduciendo desde el inicio de la pandemia hasta los 13 días (7-25).

Una pregunta incómoda

Con esos elementos sobre la mesa, surge una pregunta sencilla que, sin embargo, resulta difícil responder: si se le cobra el helicóptero de rescate a los montañeros imprudentes que salen de excursión cuando hay mal tiempo, ¿no se debería cobrar también el ingreso en UCI a los negacionistas que han rechazado vacunarse?

La cuestión es espinosa y suscita dudas éticas y legales. La Cadena SER, de hecho, le ha planteado la cuestión a varios sanitarios, a asociaciones profesionales relacionadas con la medicina intensiva y a expertos en bioética, pero más de la mitad han declinado participar en este reportaje.

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"Si la pandemia se alarga por gente así, que lo paguen. Les atendemos, pero que lo paguen. Habría que instaurarlo ya", explica Silvia (nombre falso), que trabaja como enfermera en uno de los hospitales más grandes de Barcelona. "Yo también les haría pagar porque ponen en riesgo a los demás", dice otra enfermera ya jubilada. 

¿Vacuna obligatoria?

La doctora Ana Zapatero, adjunta del Servicio de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital del Mar de Barcelona, reconoce que no le gusta ver a la gente saltándose las medidas y que es injusto que haya personas ingresadas por culpa de la imprudencia de otros. Pero "como en tantas otras cosas de la vida", dice.

Ella optaría por hacer que la vacuna sea obligatoria o, al menos, restringir la libertad de movimientos de quienes la hayan rechazado. Algo que, tal y como recuerda, Manel Peiró, profesor del Instituto de Gestión de la Salud de ESADE, ya se aplica en Francia y Grecia con el personal sanitario.

"Nuestro papel no es juzgar"

"El sistema sanitario en España se basa en la solidaridad: pagamos todos para que se beneficie el que lo necesita", señala Peiró. "Quienes defienden postulados contra las vacunas están desarrollando comportamientos poco solidarios y muy perjudiciales, obviamente. En 2015 murió un niño en Olot por una difteria, algo insólito, porque sus padres eran antivacunas. Pero es un debate moral de difícil solución. No es sencillo determinar quién no se ha ha vacunado porque no ha podido y quién ha presentado una actitud negacionista. Yo no me atrevería a hacerles pagar. Es muy complejo".

Zapatero comparte esas dudas y cree que mucha gente no ha ido a vacunarse "por miedo a los efectos secundarios de los que tanto se ha hablado en los medios de comunicación", pero en todo caso se desmarca de la decisión: "Nuestro papel no es juzgar a nadie sino atenderles como al resto. Juzgar ha de ser competencia de otros, no de los que estamos en primera línea, que nos encontramos con personas enfermas, asustadas e indefensas".

La paradoja del gorrón

Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, incide en que el problema es determinar la relación causa-efecto, pero reconoce que "el debate de fondo está en ver cómo la actitud de un negacionista puede afectar a terceras personas" y que, como en el caso de otras pandemias o del cambio climático, ahí aparece la llamada paradoja del gorrón.

"La conducta insolidaria de una minoría puede acabar ocasionando graves perjuicios en el conjunto de la sociedad, y eso hay que ver cómo se gestiona desde el punto de vista de la solidaridad con el resto, pero también en el gasto al sistema. Desde el punto de vista jurídico es difícil regularlo, pero es un debate oportuno que tenemos que abordar como sociedad".

Una era de dilemas bioéticos

Mercedes Torres, enfermera y máster en Bioética, señala que "nos hemos acostumbrado a pensar que tenemos derecho a todo de forma gratuita, pero eso es algo que sucede en muy pocos países del mundo". En su opinión hay que tomar conciencia del peso de la Sanidad en el PIB y, "después de estudiar caso por caso, ir estableciendo límites". Claro que para eso, señala, hay que "trasladar continuamente esos dilemas al debate público".

Manel Peiró asegura que uno de nuestros asuntos pendientes es el debate sobre el copago: "El hecho de hacer pagar a las personas que no aceptan un tipo de tratamiento como el de las vacunas, habría que enmarcarlo en una sociedad que no está dispuesta a hablar de copago. Es una discusión enorme y un asunto no resuelto en el que convendría profundizar, pero lo veo difícil por la polarización, la falta de objetividad y el desprecio por el desconocimiento existente".

¿A quién sí y a quién no?

"Si cobramos a los negacionistas, quizá también hay que hacerlo con los que beben alcohol, con los que fuman o con los que se meten en la playa cuando no hay bandera verde", dice la intensivista del Hospital del Mar. "Entrar esa dinámica es muy difícil y yo no estaría de acuerdo".

"¿Cómo se demuestra la relación causa-efecto entre un fumador y un cáncer de pulmón, o entre una mala alimentación, la obesidad y un ataque de corazón? ¿La mala alimentación es producto de una conducta irresponsable o de la imposibilidad de pagar una dieta de calidad?", se pregunta Monge. "Es preferible promocionar políticas de incentivos que premien conductas solidarias o responsables, o establecer limitaciones como han hecho otros países vacunados. Ahí el foco lo ponemos en el riesgo de contagiar a terceros".

Pepe Rodríguez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exsecretario de Estado de Sanidad, también se muestra en contra: "Los sistemas de salud públicos no se plantean cobrar en función del riesgo que hayan corrido los ciudadanos que adquieren una patología. La inversión en vacunas genera un ahorro económico y en salud. Pero eso no es un argumento para cobrar. No se hace en ningún país del mundo y, de hecho, está reconocido el derecho de los ciudadanos a negarse a los tratamientos. No es una medida aplicable".