Acuerdo del Gobierno de coalición para los Presupuestos Generales y la Ley de vivienda

Madrid

El Gobierno de coalición ha llegado este martes a un acuerdo en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a la Ley de Vivienda, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había insistido en las últimas semanas que la negociación de ambos asuntos era conjunta y que una estaba supeditaba a la otra. 

Así es el acuerdo de la ley de Vivienda

<p>Todos los detalles del acuerdo de la ley de la Vivienda al que han llegado el Gobierno de coalición</p>

Según fuentes de Unidas Podemos, la Ley de Vivienda incluirá a grandes propietarios a los que afectará la regulación de precios para bajar por ley el precio de los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales. Se considera gran propietario al que tiene más de 10 viviendas.

Las mismas fuentes apuntan que a los pequeños propietarios les afectará en cuanto a la congelación de precios y que tendrán incentivos fiscales para bajar el precio. El acuerdo incluye: 

BONO PARA EL ALQUILER JOVEN

<p><span>Sánchez anuncia un bono de alquiler de vivienda de 250 euros mensuales para jóvenes de 18 a 35 años: E</span><span>l bono tendrá una duración de dos años y beneficiará a jóvenes con ingresos por debajo de 23.725 euros.</span></p>

• Apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y de éste 30%, la mitad para alquiler social.
• Impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos.

A falta de conocer más detalles del texto, la principal duda es dónde se aplicará esta nueva legislación. Las competencias de Vivienda están transferidas a las autonomías, y el acuerdo de Gobierno contempla que las herramientas para la limitación se podrá en manos de comunidades y Ayuntamientos, por lo que, de ser así, se antoja difícil que regiones como Madrid, gobernada por el PP, se abra a su aplicación. De momento, en el entorno morado no se aclara si habrá una herramienta para su obligado cumplimiento.

Podemos pedía fijar ya tipo mínimo en sociedades del 15% y en principio eso no era un obstáculo. En las últimas horas la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se había mostrado dispuesta a aceptar la regulación de los alquileres para los grandes tenedores de vivienda (más de diez) y dejar al margen a los pequeños propietarios como le había ofrecido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Belarra y Bolaños mantuvieron este lunes un encuentro para intentar zanjar esta cuestión imprescindible para el socio morado de la coalición de Gobierno en la negociación de los Presupuestos General del Estado de 2022. Fuentes del PSOE explicaban que se estaban acelerando la negociación porque quieren cerrarla lo antes posible. 

No está previsto que este martes el Consejo de Ministros apruebe los Presupuestos Generales o la Ley de Vivienda y se maneja la posible convocatoria de uno extraordinario antes del día 15 ya que el próximo martes es festivo.  

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en la tarde de este martes que estaba convencida de que llegarían a un acuerdo ambas fuerzas políticas. "Estaba segura de ello porque no era lógico carecer de un presupuesto para afrontar la recuperación económica. Teníamos que llegar a un punto de acuerdo y establecer unas prioridades comunes para ambas formaciones", ha declarado la ministra en referencia a la negociación en el seno del Ejecutivo. 

El PSOE y Unidas Podemos comenzaron en verano a negociar el detalle de las nuevas cuentas y, en ese contexto, los 'morados' volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de aprobar ya la ley de vivienda, con la regulación de los alquileres incluida, como condición para dar su apoyo a las cuentas públicas, al igual que ya hicieron el año pasado.

Unidas Podemos y otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, registraron el pasado jueves en el Congreso una nueva Ley de Vivienda que regulaba el precio de los alquileres y que ha sido impulsada por las centrales CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.