El PSOE ya descartó reclamar a la Iglesia información sobre los casos de abusos sexuales a menores

Madrid

"La pelota está en el tejado del PSOE". Así de explicita es la apelación de los grupos parlamentarios que este miércoles registraban en el Congreso la propuesta para crear una comisión de investigación sobre los casos de agresiones sexuales a menores cometidos por religiosos en la Iglesia católica. Una iniciativa que, antes de ponerse en marcha, tiene que ser calificada por la Mesa de la Cámara y recibir el aval de la mayoría del Pleno. Su futuro depende por tanto del posicionamiento de los socialistas. El PP ya ha anunciado que rechazará la tramitación porque considera que es a la justicia a la que, llegado el caso, le corresponde investigar.

Pero por ahora, el PSOE no revela si dará a Unidas Podemos, Esquerra y EH Bildu el apoyo que le solicitan. Las fuentes consultadas tampoco opinan sobre la conveniencia de abrir ese asunto en el Parlamento. "Lo estamos valorando", dicen en el grupo parlamentario donde, como en Ferraz, guardan silencio. Aunque los socialistas ya fijaron su criterio sobre este asunto en 2018, cuando gobernaban en solitario tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo hicieron en la respuesta escrita a una diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, que preguntó si el Gobierno pensaba requerir a la Iglesia la realización de algún tipo informe sobre los casos de pederastia cometidos por religiosos.

En la contestación, fechada el 15 de octubre y recuperada ahora por la SER, la Moncloa lo descarta: "No corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos". "Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no en un informe", zanjan. El posicionamiento recogido en esa respuesta es totalmente opuesto al de los grupos que quieren impulsar la investigación parlamentaria, y que se fijan como objetivo seguir el ejemplo de otros países donde comisiones independientes han permitido elaborar informes que recogen cientos de casos silenciados durante décadas.

En el escrito, el Gobierno recurre además a la legislación para recordar que la Iglesia católica ya está obligada a comunicar a la justicia los casos de pederastia que conozca. Pero recuerda, eso sí, que tiene una posibilidad de no hacerlo y es acogerse al artículo 2 de los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1976. En este punto el Concordato establece que "en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio". La disposición, añade el Gobierno, no incluye los hechos que les hayan revelado por otros medios ajenos al ejercicio de su labor.

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¿Qué dice el reglamento? 

Es precisamente a esta prerrogativa legal que recogen los Acuerdos de 1976, a la que podrían aferrarse los servicios jurídicos de la Cámara para no calificar la propuesta de Comisión de investigación e impedir que el trámite siga adelante. El Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 52, asegura que el Pleno podrá acordar la creación de este tipo de foros "sobre cualquier asunto de interés público". Pero la Mesa de las distintas Cámaras ha puesto límites en base a informes de los Letrados de las Cortes Generales que no han permitido investigar al Rey por su inviolabilidad constitucional o al comisario Villarejo porque, según la Ley que regula el CNI, tratan cuestiones que se tienen que analizar en el ámbito de la Comisión de Secretos Oficiales.

Pero en su escrito, los grupos que impulsan la investigación sobre la Iglesia justifican la necesidad de abordar este asunto desde el Parlamento. El ala morada del Gobierno y dos de sus socios habituales aseguran que "el objetivo es recabar la información necesaria para poder planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención a las víctimas de esta lacra". Insisten además en que el poder público opera como garante y catalizador de una investigación política de los hechos que, en España, no se ha llevado a cabo hasta ahora.