La investigación de los abusos sexuales en la Iglesia católica se acerca al Congreso de los Diputados

Madrid

La reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en España está más cerca de llegar. El testimonio del escritor Alejandro Palomas en los micrófonos de 'Hora 25' en la noche del miércoles parece que ha sido el último empujón necesario para que salga adelante la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu presentaron también el miércoles una petición conjunta que ha sido apoyado por Cs y que, tras negarse en primera instancia, parece que el PSOE se sumará.

El asunto ha adquirido mayor repercusión tras última denuncia de abusos, la del escritor Alejandro Palomas, quien ha desvelado que un hermano del colegio de La Salle de Premià de Mar (Barcelona), que denomina L y que fue su profesor y tutor, lo violó, lo masturbó y le hizo tocamientos en múltiples ocasiones cuando él tenía entre 8 y 9 años: "En esa sala entré niño y salí superviviente", relató Palomas al describir la primera vez que fue abusado.

Pedro Sánchez se abre a una investigación del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido el "coraje" y "valentía" de Palomas (Barcelona, 1967), que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2016 y Premio Nadal de novela en 2018. "Es importante la dimensión humana de este problema y la valentía de Palomas", ha remarcado, tras anunciar que la próxima semana tiene previsto reunirse con el escritor.

En conversación informal con periodistas en un acto en Alcalá de Henares sobre pensiones, Sánchez no ha rechazado la posibilidad de abrir esta investigación ni que el Gobierno descarte adoptar alguna decisión, si bien ha asegurado que "vamos a hablar y a construir", en referencia a que lo primero es hablar con las víctimas y escuchar sus testimonios.

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Ciudadanos ha avanzado que apoyará la creación de esta comisión de investigación, que si finalmente cuenta también con el respaldo del grupo parlamentario socialista saldría adelante, mientras que el PP está en contra ya que opina que el ámbito de actuación debe ser el judicial.

Los grupos que han planteado esta comisión creen que la investigación de estos abusos en sede parlamentaria puede facilitar una reparación a las víctimas de los casos prescritos, a través de procedimientos de justicia restaurativa, dándoles un espacio donde narrar su experiencia con libertad y con la asunción de una responsabilidad institucional.

El PSOE ya rechazó reclamar a la Iglesia información sobre los abusos

Fuentes del partido socialista consultadas Cadena SER no han querido posicionarse del todo sobre este asunto y se limitan a señalar que "lo estamos valorando". Sin embargo, los socialistas ya fijaron su criterio sobre este asunto en 2018, cuando gobernaban en solitario tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Lo hicieron en la respuesta escrita a una diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, que preguntó si el Gobierno pensaba requerir a la Iglesia la realización de algún tipo informe sobre los casos de pederastia cometidos por religiosos.

En la contestación, fechada el 15 de octubre y recuperada ahora por la SER, la Moncloa lo descarta: "No corresponde al Gobierno hacer este tipo de requerimientos". "Si existe noticia de la posible comisión de un delito lo oportuno es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no en un informe", zanjan.

El posicionamiento recogido en esa respuesta es totalmente opuesto al de los grupos que quieren impulsar la investigación parlamentaria, y que se fijan como objetivo seguir el ejemplo de otros países donde comisiones independientes han permitido elaborar informes que recogen cientos de casos silenciados durante décadas.

En el escrito, el Gobierno recurre además a la legislación para recordar que la Iglesia católica ya está obligada a comunicar a la justicia los casos de pederastia que conozca. Pero recuerda, eso sí, que tiene una posibilidad de no hacerlo y es acogerse al artículo 2 de los Acuerdos firmados con la Santa Sede en 1976. 

En este punto el Concordato establece que "en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio". La disposición, añade el Gobierno, no incluye los hechos que les hayan revelado por otros medios ajenos al ejercicio de su labor.

La Iglesia guarda silencio

La posibilidad de que el Congreso investigue este tipo de abusos abre una opción más a las víctimas, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, rechazara "de momento" crear una comisión independiente para tratar de esclarecer estos casos, una decisión que sí han adoptado otros países como Portugal.

"Portugal hace lo que cree conveniente, como Francia, Alemania o Italia... nosotros estamos en contacto con la Santa Sede con sus protocolos y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad pues ya lo iremos viendo sobre la marcha", dijo el pasado 14 de enero tras una reunión con el papa Francisco en Roma.

Por su parte, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) ha abierto una investigación sobre el profesor denunciado por Palomas, que ahora tiene 91 años y vive en una residencia de la congregación en Cambrils (Tarragona).

"No podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque", ha explicado la responsable de Relaciones Institucionales de La Salle, Isabel Llauger.

Los padres del escritor denunciaron en su momento el caso a la dirección del colegio, que les aseguró que tomarían cartas en el asunto y que no volvería a suceder, pero Palomas recuerda que entonces dejó de ser el alumno preferido de este docente y pasó a ser el "apestado".

Precisamente, el Ministerio de Presidencia lleva las negociaciones con la Conferencia Episcopal que esta semana permitieron un acuerdo por el que la Iglesia admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.

Bolaños ha entregado este jueves al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de este millar de bienes cuya titularidad debe ser restituida a sus legítimos propietarios, una labor que llevarán a cabo los ayuntamientos. Sin embargo, tanto Unidas Podemos como socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez como EH Bildu o Compromís consideran que esta cifra es insuficiente.