El caso Astapa llega a juicio este lunes tras 16 años de investigación y dilaciones

El juicio del caso Astapa comienza este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga después de que estallara el procedimiento tras la denuncia en 2006 de dos concejales del equipo de gobierno municipal en Estepona sobre las presuntas irregularidades en el equipo de gobierno municipal que culminaron el 17 de junio de 2008 con la detención de 25 personas en el marco de la operación Astapa, entre ellos el alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos además de cuatro ediles del equipo de gobierno municipal.

Juicio

La vista comienza este lunes. Se han fijado seis días de juicio hasta el 17 de enero solo para dedicarlo a que las partes presenten sus cuestiones previas.

Después el tribunal resolverá sobre estas cuestiones que, probablemente, pondrán en duda la legalidad del procedimiento y se resolverá sobre las mismas. El juicio se retomará el 7 de marzo los lunes, martes y miércoles a partir de las diez de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga que ha dividido la causa en diez bloques temáticos. Así, se abordarán los distintos tipos de convenios, actuaciones en materia de disciplina urbanística, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento, supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias, presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, financiación irregular de partidos políticos, incrementos patrimoniales y actuaciones irregulares de técnicos municipales

El procedimiento acumula más de 350.000 folios de documentación, 284 testigos, cerca de 50 peritos amén de otras 27 personas citadas como perjudicadas por lo que el juicio se ha dividido en diez bloques que van desde las presuntas irregularidades en convenios urbanísticos al supuesto enriquecimiento de particulares o la financiación de los partidos.

Acusación

Entre los 50 acusados, además de diversos empresarios, está el exalcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos y otros antiguos responsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES) procesados por delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. A ello suman otras 23 personas jurídicas juzgadas como responsables civiles.

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La Fiscalía Anticorrupción los acusa por supuestamente tener una caja B con aportaciones de promotores inmobiliarios, a través de donaciones o patrocinios de actividades, a cambio de prebendas en los convenios urbanísticos municipales causando un perjuicio de 28 millones de euros a las arcas municipales.

La trama se habría mantenido activa desde 2003 cuando tomó posesión el nuevo equipo de gobierno municipal en Estepona y ante la desastrosa situación económica decidió mantener y aumentar el gasto público creando una caja B con aportaciones de promotores y empresarios, una actuación que se habría mantenido hasta las primeras detenciones del caso Astapa en 2007.

Un dinero extra que, según la acusación, también sirvió para nutrir tanto las arcas de los partidos gobernantes como los bolsillos de los responsables municipales encausados.

La Fiscalía señala que los empresarios pagaban y , a cambio, los responsables políticos, encabezados por el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, su jefe de gabinete José Flores, el responsable de Planeamiento Francisco Zamorano, el concejal de urbanismo Pedro López, el de economía Manuel Reina y el primer teniente alcalde de Estepona José Ignacio Crespo supervisaban todos los procesos de negociación ordenando a técnicos y empleados municipales manipulaciones documentales, impulso o ralentización de expedientes urbanísticos para , en definitiva, dice la Fiscalía, suscribir convenios y resoluciones contrarias al interés público y favorables a los de los promotores. Después convencían a los concejales para que ratificaran con su voto las resoluciones que ellos habían gestado por procedimientos irregulares.

La suma de las penas ronda los 214 años de cárcel. Las principales se solicitan para los seis responsables políticos que, presuntamente urdieron la trama: Antonio Barrientos y José Flores Simón son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, las penas para cada uno de ellos son de 10 años y nueve meses de prisión. Pedro López y Francisco Zamorano suman, además, el delito de blanqueo de capitales, la pena individual es de 11 años de prisión para cada uno. José Ignacio Crespo y Manuel Reina son acusados de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, cohecho y prevaricación, la pena para cada uno de ellos es de 10 años de cárcel. Las multas sólo para estos seis acusados suman cerca de 20.000.000 de euros. Además, la fiscalía pide que devuelvan al Ayuntamiento de Estepona los 28.000.000 de euros en los que, presuntamente, perjudicaron al consistorio.

El caso Astapa ha estado más de diez años en investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en junio de 2018 donde, en un escrito de 162 páginas, pide pena efectiva de cárcel para 33 acusados, para 17 la condena que solicita es inferior o igual a los dos años de prisión, susceptible de ser suspendida si se cumplen los requisitos. En todo caso el ministerio público alude a las deficiencias estructurales de la justicia para hablar de la dilación de un procedimiento que debe tenerse en cuenta a la hora de dictar la pena caso de sentencia condenatoria.

Defensas

En su escrito de defensa el exalcalde de Estepona y principal imputado, Antonio Barrientos impugna los informes policiales y periciales que contiene la acusación, plagado de errores, asegura, insiste que todo el procedimiento estuvo manipulado por intereses de terceros y se reserva para el inicio del juicio las peticiones de nulidad.

Barrientos asegura que siempre desarrolló sus funciones de alcalde dentro de la legalidad, siguiendo las opiniones de los funcionarios habilitados e insiste que ninguna de las operaciones contenidas en Astapa fue objeto de advertencia o censura por parte de estos habilitados.

Es más, asegura, siempre que sospechó de alguna conducta delictiva la puso en conocimiento de la Fiscalía. Hasta siete denuncias entre noviembre de 2003 y junio de 2008.

Sí llevó a cabo gestiones para que empresas de la localidad apoyaran a asociaciones culturales, sociales o benéficas de Estepona, pero nunca hubo caja B en el consistorio.

El escrito de defensa se detiene en los convenios urbanísticos. Clave en la acusación por cuanto mantiene que se vendieron terrenos a la baja para que los acusados obtuvieran de las empresas dinero en B. Sobre esos acuerdos urbanísticos Barrientos mantiene que no solo no hubo perjuicio, sino que el consistorio obtuvo plusvalías extraordinarias de más de 60 millones de euros. Que se aplicó el método más beneficioso para el consistorio y que se establecieron, por decisión suya, mecanismos de control extraordinarios en el seno del Ayuntamiento, remitiendo los convenios al Tribunal de Cuentas de Andalucía para su fiscalización.

El exalcalde socialista también rechaza que dejara morir, sin sancionar, expedientes de disciplina urbanística.

Barrientos termina su escrito de defensa asegurando que nunca se ha enriquecido por su gestión como alcalde.