Una técnica recién llegada del SCS realizó el informe por el que cambió la adjudicación del anillo insular

Santa Cruz de Tenerife

Una técnica recién llegada a la Consejería de Obras Públicas y procedente del Servicio Canario de la Salud (SCS) fue la encargada de realizar el informe por el que la adjudicación de las obras del cierre del anillo insular de Tenerife cambió de manos. La mesa de adjudicación dictaminó en julio de 2019 que los trabajos (valorados ahora en más de 260 millones de euros) debían recaer sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) OHL dado que su propuesta era considerablemente más barata que la de la UTE FCC. El entonces consejero en funciones Pablo Rodríguez (CC) firmó la orden que FCC acabó recurriendo al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.

Con el Pacto de las Flores en el Gobierno y Sebastián Franquis al mando de Obras Públicas, el Tribunal pidió a los técnicos de la Consejería un informe preceptivo que habitualmente realizan los mismos técnicos de la mesa de adjudicación. Sin embargo, en este caso fue realizado por una técnica recientemente incorporada y procedente del SCS. Según el texto al que ha tenido acceso la SER, la técnica concluye que la propuesta presentada por OHL por un importe de 5,5 millones de euros "no justifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia social o laboral" que establecen la normativa y el Convenio Colectivo del sector de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El TSJC da la razón a OHL

FCC recibió entonces el visto bueno del Tribunal de Contratos y Franquis firmó la readjudicación de las obras. La maquinaria se puso en marcha en noviembre de 2019. Sin embargo, OHL elevó la cuestión a la justicia vía contencioso-administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló el pasado 14 de marzo a su favor. La UTE pedía invalidar su exclusión motivada por supuestamente no cumplir con los requisitos laborales y salariales previstos en el Convenio Colectivo, la nulidad de la orden dictada por el consejero socialista y que se declarara que su oferta fue la mejor de las presentadas a licitación. En último término, reclamaba que se condenara a la Administración demandada y a los eventuales terceros interesados al pago de las costas procesales.

"El dinero público es de todos"

El pronunciamiento del TSJC ratificando la orden dictada por Pablo Rodríguez abre la puerta a indemnizaciones millonarias en favor de OHL. En estos momentos continúan las obras sobre el terreno y contra el fallo cabe recurso de casación en un plazo de 30 días desde la jornada siguiente a su notificación. Es la decisión que estudia ahora el actual Gobierno de Canarias, si presentar o no recurso. De no prosperar, según ha apuntado el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, la indemnización puede ascender a un 6% del importe de la obra.

"Puede ser entre 15 o 20 millones", sostiene José Fernando Cabrera lamentando que "el dinero público es de todos". Además, asegura tener claro que "si la Comunidad Autónoma se ve obligada a indemnizar a los promotores del hotel de El Médano por la injusta paralización, a los promotores de Cuna del Alma, a la constructora a la que no se adjudicó la obra en los túneles de Erjos por aplicar mal la contratación" ese dinero "va a salir de unas carreteras que no se van a hacer, o de un retraso del hospital del Sur, o de tres colegios que no se van a hacer".

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