La Base Naval ocupada por el Franquismo sigue intacta 75 años después, y sin pagar un céntimo

Canarias

Estos días se cumplieron 75 años de la presencia de la Armada en el corazón de la capital grancanaria y los militares lo celebran por todo alto, con desfiles y conferencias. Consideran como un "hito histórico" su ocupación, que transformó el antiguo Arsenal de Las Palmas en "un enclave estratégico" para la Defensa de Canarias, España y Europa. Fue a finales de los años 40 del pasado siglo cuando el Ministerio de Marina envió un "radio urgente" a la Comandancia Naval de Canarias, ordenándole ocupar "por circunstancias de orden militar el muelle y la explanada Virgen del Pino". Una superficie entonces de 15.000 metros cuadrados, propiedad de la Junta de Obras del Puerto y que se utilizaba para la exportación de fruta y el tráfico pesquero.

El objetivo era la construcción de "una base de hidroaviones y de las fuerzas navales" en las Islas. El proceso se dilató durante décadas, con tiras y aflojas entre el poder civil y militar, que en 1965 llegó a comunicar que "ya no es necesario disponer de la base de hidroaviones". Estos días, el comandante jefe de la Base Naval ha aprovechado la conmemoración para reiterar la intención del Ejército de permanecer en este espacio, igualmente estratégico para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Santiago de Colsa Trueba ha mostrado así un clamoroso desprecio hacia el sentir de una buena parte de la ciudadanía, cuya reivindicación para que esa amplísima superficie se destine al uso civil es también histórica.

Todas las instituciones democráticas han pedido su desmilitarización

Varios hitos marcan, de hecho, esta batalla de los habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por la Base Naval: se ha votado a favor de su desmilitarización tanto en el pleno de su Ayuntamiento como en el Parlamento autonómico, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Se han abierto también negociaciones en varias ocasiones con el Ministerio de Defensa, pero nunca han llegado a buen puerto (nunca mejor dicho). Y se han planteado diversas alternativas para que la Armada se traslade a otra parte de la Isla, como Gando o Arinaga.

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Todas estas reclamaciones, que se remontan a finales de los años setenta, han sido infructuosas. Pero estos pronunciamientos que se han sucedido desde la llegada de la Democracia hasta la actualidad, han dejado un mar de fondo y una realidad incontestable: una parte significativa de la sociedad grancanaria no comparte el entusiasmo con que el Ejército saca pecho de una ocupación, por la que además jamás ha abonado ni un solo euro.

El Ejército llegó a reconocer la "obsolescencia" de la Base Naval

Fue en 1978 la primera vez que se habló de la posibilidad de trasladar la Base Naval, durante una reunión que mantuvo en Tenerife la Junta de Jefes de Estado Mayor, bajo el Gobierno de Adolfo Suárez. En ella, se propuso abandonar el viejo muelle capitalino para construir una gran plataforma militar en Arinaga. Pero su mero anuncio provocó entonces una reacción en contra de una parte de las instituciones y la sociedad canaria, que curiosamente en aquel tiempo sí se tuvo en cuenta. Y es que una comisión ciudadana, vinculada a la izquierda, promovió "una campaña por la neutralización de Canarias" y se opuso, por tanto, a la implantación de una nueva base que creían sería utilizada por la OTAN frente a terceros (y "no para uso nacional y defensivo" como sostenía entonces el Ministerio).

Entre las consideraciones que utilizó la propia autoridad militar para abandonar voluntariamente el enclave en disputa, destaca "la obsolescencia de la Base Naval de Las Palmas, incapaz de dar cobertura a las nuevas unidades de la flota"; y cuya adaptación 'in situ' resultaba "inviable por su ubicación en el centro urbano de la ciudad". Ese pronunciamiento realizado ya en los años sesenta, jamás ha vuelto sin embargo a explicitarse. La propuesta finalmente no prosperó, entre otras razones por las tensiones que en ese período histórico existía entre los poderes civil y militar de Canarias, en un ambiente de antimilitarismo por el abandono del Sáhara y la instalación de la Legión en Fuerteventura. Hasta el punto de que, en 1979, la Unión del Pueblo Canario (UPC) barajó realizar "una ocupación pacífica" de la Base Naval para promover su uso público.

La convocatoria de una 'ocupación pacífica' para pedir su devolución

La iniciativa sin embargo se frustró por unos incidentes que tuvieron lugar en el interior de la propia instalación militar con miembros del MPAIAC, el movimiento independista de Canarias. Este antimilitarismo se mantiene a lo largo de los 80, cuando se celebra además el referéndum sobre la integración en la OTAN, en el que Canarias se pronuncia con una masivo NO, especialmente en las islas de Gran Canaria (el 59,3%) y Fuerteventura (64,7%). En la década siguiente, el signo de los tiempos cambia y la idea de recuperar la base para uso civil renace, especialmente en el ámbito institucional.

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Y también en la Escuela de Arquitectura, que desde entonces a la actualidad ha elaborado numerosos proyectos sobre los posibles usos de ese espacio para disfrute de la ciudadanía. Así, en 1998, el senador Victoriano Ríos pregunta en la Cámara Alta al Ministerio de Defensa por "los estudios realizados para el traslado de la Base Naval de Las Palmas", a lo que ministro de turno le responde reconociendo la conveniencia de que se ubique en otro lugar, pero puntualizando que no es posible por una cuestión de costes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba en 2004, por unanimidad del PP, PSOE y CC, una declaración institucional solicitando que la Base Naval sea trasladada "a la mayor brevedad posible". La iniciativa se produce al calor del debate sobre el alcance de la operación puerto-ciudad, denominada como la Gran Marina y que finalmente se frustra.

Las conclusiones demoledoras del informe jurídico sobre la Base

Un año después, en 2005, se elabora un informe jurídico por encargo de la Autoridad Portuaria, en el que el despacho Moreno, Pérez & Asociados defiende la existencia de argumentos consistentes para emprender acciones legales que permiten recuperar la Base Naval. El análisis jurídico de la ocupación del muelle y explanada Virgen del Pino por la denominada Base Naval de Canarias detalla, con una amplia aportación documental, las siguientes conclusiones:

1. Que fue "una ocupación coactiva provisional" y que se incumplieron todos los requisitos exigidos para una expropiación, incluso de tipo militar

2. Que dicha ocupación se hizo realidad mediante una suma de actos sucesivos, pero nunca se compensó económicamente a la Autoridad Portuaria, pese que se acordó que "la cesión se hará efectiva cuando se pague la compensación que ha de fijarse"

3. Que incluye usos residenciales y deportivos no militares

4. Que las "circunstancias militares" por las que se expropiaron esos terrenos no están claras: se vincularon a la denominada Operación Moro con la que Franco apoyó la presencia de submarinos italianos y alemanes en aguas canarias. Y precisa, finalmente, que "fueran cuales fueran, aquellas circunstancias que sostuvieron una ocupación provisional, han cesado".

Estos argumentos jurídicos reimpulsan el movimiento institucional y social por la recuperación de la Base Naval para uso ciudadanos. Hubo nuevos pronunciamientos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y llegó a plantearse la creación de una comisión con Defensa, en el se integrara además el Gobierno de Canarias que se manifestó en ese momento a favor de sufragar parte del coste del traslado. Pero a partir de 2011, el alcalde Jerónimo Saavedra rehúsa reclamar la Base Naval alegando que "no tiene sentido reivindicarla ahora, al menos mientras dure la crisis económica", y dos años después su sustituto al frente de la Alcaldía de la capital grancanaria, Juan José Cardona, declara también que "no es el momento para reclamarla".

¿Se imaginan una Base Naval en la Barceloneta, o en la playa de la Concha?

A partir de 2015 resurge sin embargo una corriente favorable a plantear una vez más él rescate civil de la Base Naval, auspiciada por dos acontecimientos: los cambios políticos producidos tras las elecciones de 2015 y la llegada al Ayuntamiento y al Cabildo de fuerzas que promueven y aprueban declaraciones a favor del uso ciudadano del enclave. Y al tiempo se activan en el Congreso y el Senado una comisión, a iniciativa de Nueva Canarias, para que Defensa negocie con la ciudad el uso tanto del viejo Arsenal como de La Isleta. Esta iniciativa recibió entonces el compromiso público de la ministra María Dolores de Cospedal de, al menos, estudiar posibles soluciones a esa reivindicación histórica, cifrando en 400 millones de euros el coste de deberían asumir las instituciones canarias.

Del voto del diputado de Nueva Canarias dependía entonces la aprobación de los Presupuestos Estatales para 2018. La representante nacionalista en el Senado, María José López, obtenía por su parte el respaldo de la Cámara Alta con los siguientes argumentos: "La Base Naval impide que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se abra al mar en una zona estratégica, ya que está enclavada junto a la playa de Las Alcaravaneras, al lado de un club náutico, en la desembocadura de la principal zona comercial de la ciudad, frente al muelle de cruceros y próximo a un intercambiador de transporte público y al Parque de Santa Catalina, el más emblemático de la ciudad".

Y para que el resto de senadores comprendiera el alcance del debate, López Santana añadió: "¿Se imaginan que hubieran instalado una base naval en la playa de la Concha de Donosti, en el Cabanyal de Valencia o en la Barceloneta de Barcelona? ¿Se imaginan que hubieran puesto un cuartel militar en el Parque del Retiro de Madrid y que la ciudadanía madrileña no pudiera disfrutar de ese espacio de naturaleza y ocio? ¿Se imaginan que hubieran vallado un tramo de las vistas del río Guadalquivir a su paso por el centro de Sevilla?"

Unas obras por 1,7 millones para mejorar las instalaciones

La ministra de Defensa mostró sin embargo su escepticismo respecto a la posibilidad de localizar una ubicación alternativa a la actual en Gran Canaria: "Ahora mismo es muy difícil encontrar en la isla un espacio adecuado", precisó María Dolores de Cospedal. De hecho, tan remota parecía al Ministerio de Defensa la posibilidad de trasladar la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria que, a la vez que se comprometía en el Parlamento español con las instituciones canarias, iniciaba obras de ampliación en el interior de la propia instalación militar para reforzar los efectivos que ahora mismo se encuentran en ella. Las obras se licitaron por 1,7 millones de euros para "trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura, el alojamiento y restaurantes" y, ante la demora del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para concederles la licencia solicitada, tuvieron que ser autorizadas directamente por el Estado.

Situada en pleno centro comercial y residencial, la ocupación de la Base Naval condiciona la reordenación del frente marítimo. En ella viven además unas 700 personas civiles o militares, según datos de la propia Armada durante la presentación de los actos de celebración del 75 aniversario. Santiago de Colsa Trueba sostuvo por ello que "la Armada está comprometida con el entorno", en referencia también al retranqueo que han aceptado y que supondría liberar 600 metros de superficie de la zona. Del mismo modo, la actual alcaldesa socialista, Carolina Darias, ha defendido que esa pequeña cesión es suficiente para considerar que las negociaciones entre las autoridades militares y municipales son las correctas.

Base Naval y Defensa: ¿un binomio indisoluble?

La realidad es que ni siquiera ese compromiso, la única cesión a las reclamaciones ciudadanas, se ha cumplido. Y sigue a la espera de que se determinen las compensaciones que ofrecerían según el protocolo de intenciones firmado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2022. Por lo que no se espera una ejecución de dicho retranqueo a corto plazo. Hace ya lustros que los procesos de desmilitarización de las ciudades son una tendencia en Europa, hasta el punto de que financiado algunes reconversiones de infraestructuras militares a civiles bajo proyectos denonimados Disarmer Cities.

Ciudades como Barcelona, Gijón o La Coruña han logrado, de hecho, pactar con las autoridades militares la devolución a la ciudad de algunos de sus espacios ocupados en su día. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ninguna de los numerosos intentos ha tenido continuidad. Y los escasos acuerdos que se han pactado para un uso compartido, se han incumplido sistemáticamente.

La trampa ha sido aceptar la lógica militar de que la Defensa de Canarias y la Base Naval son un binomio indisoluble. Como si no se pudieran defender las Islas, España y Europa desde otro enclave que no sea el corazón de la ciudad, que además carece de espacios de ocio. Hace 75 años, por tanto, que solo los militares celebran un acontecimiento que inicio una batalla que la ciudad pierde año tras año.