Anticorrupción: "Carlos Fabra no era un defraudador cualquiera"
Considera probados los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal
Castellón
El fiscal Anticorrupción asegura que Fabra "no era un defraudador cualquiera", ya que "recaudaba impuestos" como presidente de la Diputación mientras "defraudaba" a Hacienda. El Ministerio Público ha presentado este martes sus conclusiones definitivas en el juicio que mañana quedará visto para sentencia. Reclama 13 años de cárcel para Fabra por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales, mientras que la defensa solicita la libre absolución.
Más información
- La Audiencia de Castellón condena a cuatro años de cárcel a Carlos Fabra
- Fabra recurrirá la condena y está "satisfecho" por la absolución de cohecho
- Anticorrupción recurrirá la sentencia de Carlos Fabra
- Un testigo afirma que pagó 66.000 euros por la mediación de Fabra
- Exaltos cargos del Gobierno y la Generalitat ratifican el interés de Carlos Fabra por los fitosanitarios
- Testigos evidencian el interés de Carlos Fabra en la autorización de fitosanitarios
- Pons: "Carlos Fabra era muy importante y tenía acceso directo a los ministros"
- Los peritos de Hacienda revelan gastos de Carlos Fabra de más de 6.000 euros en casinos
- Hacienda revela que Carlos Fabra gastaba miles de euros en casinos
- Las operaciones de Carlos Fabra eran "de manual" de blanqueo, según Hacienda
El fiscal anticorrupción, Luis Pastor Motta, considera probados los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sostiene que el también expresidente del PP en Castellón, Carlos Fabra medió con los Ministerios de Agricultura y Sanidad en la época de Aznar para conseguir la autorización de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax. Una mediación por la que llegó a cobrar 180.000 euros en comisiones. El fiscal asegura que Fabra se movió por intereses particulares y económicos y que se valió de su cargo como presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial. De hecho, ha tenido en consideración la declaración de Esteban González Pons en el juicio, cuando aseguró que Fabra no necesitaba intermediarios porque tenía "acceso directo a los ministros".
También acusa al exbarón popular de cuatro delitos fiscales al no justificar el origen de 3,2 millones de euros en ingresos bancarios, la mayor parte en efectivo y en billetes de 500. El fiscal pide ocho años de cárcel para Fabra por estos delitos fiscales y ha dejado claro que no debe rebajarse la pena.
Sobre los delitos fiscales ha redundado con dureza la abogada del Estado. Ha recordado que Fabra nunca ha colaborado con la justicia para justificar los ingresos investigados, dice que su conducta ha sido "absolutamente obstructiva". Pero también se ha manifestado con contundencia sobre la exmujer de Fabra, María de los Desamparados Fernández, acusada de tres delitos fiscales. Sostiene que ella era conocedora de todos los movimientos irregulares y que se beneficiaba de los ingresos injustificados. Todo, dice la abogada del Estado, está en los documentos de los peritos judiciales.
Mientras, el abogado de la Unión de Consumidores, que ejerce la acción popular en el caso, ha advertido al tribunal de que si absuelve a Fabra alimentará la imagen de que "los poderosos nunca pagan por sus actos ante la justicia".
Por su parte, la defensa de Carlos Fabra ha pedido la absolución del exlíder popular. Ha mantenido su estrategia de desacreditar a los peritos de Hacienda, argumentando que al estar adscritos a la Fiscalía están contaminados. Por otra parte, ha asegurado que si Fabra hubiera cometido cohecho, no habría facturado los 180.000 euros de supuestas comisiones a su empresa asesora Carmacás. "Lo último que se hace es facturar un cohecho", ha sentenciado el abogado Javier Boix.
El juicio se reanudará mañana con las conclusiones del resto de las defensas: las de la exmujer de Fabra, María de los Desamparados Fernández; el empresario Vicente Vilar y su exesposa, Montserrat Vives; y el exsenador del PP, Miguel Prim.