Acorex, abocada al concurso de acreedores pese al segundo ERE

Mérida

La Agrupación de Cooperativas de Regadíos de Extremadura, Acorex, parece abocada al concurso de acreedores y a la liquidación. Así lo entienden desde el Comité de Empresa. Y eso pese a aceptar los trabajadores por unanimidad un segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prevé despedir a partir del 12 de septiembre a otros 64 trabajadores.

Francisco Rodríguez Corbacho, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, habla incluso de “una muerte lenta” tras no fructificar las negociaciones con el grupo Agropecuaria Navarra (el primero del país). Ven como un problema la posibilidad de convertirse en franquicia.

Hasta el momento más de una docena de cooperativas de Acorex han llegado a acuerdos para comercializar el tomate con el grupo navarro; la aceituna y el cereal podrían ser los “próximos productos con problemas”.

Desde Comisiones Obreras lamentan que los propios agricultores puedan verse sometidos ahora a distintas presiones de empresas privadas. Denuncia también el intento de control político en la última legislatura de gobierno del PP, y la caída de un modelo de cooperativismo que había dado mucho rendimiento.

Incluso desde UGT, su portavoz María José Ladera, habla de que quedarán solamente seis trabajadores en la matriz de Acorex para facilitar la documentación necesaria al administrador concursal.

Reacciones políticas

Ciudadanos entiende que el concurso de acreedores va a ser una realidad inminente para Acorex, mientras esperan responsabilidades políticas y judiciales de una agrupación “que tuvo muchos padres políticos cuando iba bien”, dice su presidenta María Victoria Domínguez.

Podemos no ve soluciones a estas alturas del proceso de crisis, que califican como desgracia laboral, apuntando a una incapacidad para manejar la situación, ha explicado Eugenio Romero, diputado regional.

El Partido Popular lamenta lo que está ocurriendo en Acorex, e incide en que Monago apostó en su momento poniendo la administración al servicio del grupo cooperativo y su diputada regional Virginia Alberdi, pregunta dónde esté el gobierno actual.

En un comunicado emitido este miércoles, el PP reitera su argumento y recuerda declaraciones de dirigentes socialistas como Valentín García o Miguel Bernal asegurando que con un gobierno del PSOE no "caería" Acorex.

Mientras, desde el PSOE no entran a valorar. Los socialistas aseguran que es una entidad privada y que respetan las decisiones que han tomado, ha declarado Estrella Gordillo, diputada socialista.

Desde la Junta de Extremadura, también se respeta el Expediente de Regulación de Empleo en Acorex, como fruto del acuerdo entre trabajadores y la propia dirección de la empresa. La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que la administración regional ve la situación de Acorex "con la preocupación que debe tener un gobierno responsable de una comunidad autónoma que tiene que preocuparle y reflexionar sobre la pérdida de puestos de trabajo". Gil Rosiña ha destacado que el ejecutivo autonómico "velará por los 16 millones de euros" que Acorex debe a la empresa pública Avante.