El Gobierno vasco incluye cláusulas en contratos públicos contra la brecha salarial

Bilbao

El Gobierno Vasco ha aprobado una instrucción para la inclusión de cláusulas contra la brecha salarial en los contratos públicos con el objetivo de eliminar la desigualdad retributiva y entre los criterios se valorará que el 50 % de los puestos de responsabilidad y cualificados sean ocupados por mujeres.

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha explicado este martes al término del Consejo de Gobierno Vasco los detalles de esta instrucción que se enmarca dentro de los objetivos marcados por la estrategia para reducir la brecha salarial.

La instrucción afecta a los contratos que adjudiquen la Administración general vasca y las entidades del sector público.

Los órganos de contratación incorporarán en los pliegos de contratación criterios de adjudicación para la igualdad de hombres y mujeres cuya ponderación será de, al menos, del 5 % del total del baremo.

Se valorará que el 50 % de los puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados sean ocupados por mujeres durante todo el contrato.

También sumará puntos la contratación de mujeres en situación de desventaja social, es decir, que tengan una discapacidad igual o superior al 33 %, sean víctimas de la violencia de género o cobren la Renta de Garantía de Ingresos.

Asimismo se tendrá en cuenta a la hora de adjudicar un contrato que se incluyan planes de formación en igualdad a las plantillas, protocolos contra el acoso sexual y medidas de conciliación de la vida personal y familiar, así como sistemas de teletrabajo y de flexibilización de la jornada.

Azpiazu ha explicado que los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos públicos deberán establecer de manera preceptiva el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha precisado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esos casos de discriminación retributiva ya están perseguidos por ley y corresponde a la Inspección de trabajo investigarlos y sancionarlos.

La instrucción también especifica que en los contratos superiores a los 120.000 euros las empresas adjudicatarias tendrán que remitir anualmente una declaración, diferenciada por sexo, de las personas contratadas en la que se indiquen sus categorías profesionales, salarios bases y complementos.

También tendrán que enviar un informe de trabajadores en alta y otro de datos de cotización de la empresa contratada