La Justicia tumba el último intento de los Franco para detener la exhumación
En su resolución, el magistrado señala "parece que la pretención de los recurrentes es un intento desesperado de evitar la exhumación". Representantes de la Fundación Francisco Franco habían solicitado la "medida cautelarísima de suspensión" de la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permitirá exhumar el jueves
Vista de la entrada al Valle de los Caídos, en San Lorenzo del Escorial / Mariscal (EFE)
Madrid
El juez Daniel Sancho, titular del juzgado de lo Contencioso nº 13 de Madrid tumba definitivamente el recurso de la familia Franco para impedir la exhumación del dictador este jueves del Valle de los Caídos. En su resolución, el magistrado lo deniega de esta manera: "parece que la pretención de los recurrentes es un intento desesperado de evitar la exhumación".
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Pedían una "medida cautelarísima de suspensión"
Representantes de la Fundación Francisco Franco habían presentado de Madrid un escrito en el que pedía la "medida cautelarísima de suspensión" de la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que permitirá exhumar el jueves próximo al dictador del Valle de los Caídos.
Alegaban que dicha "medida cautelarísima" era necesaria para evitar que pierda su objeto el recurso que presentaron en este juzgado contra las obras amparadas por la licencia municipal concedida para la exhumación.
Este recurso llegaba después de que otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, el número 3, del juez José Yusty, archivara el jueves pasado el procedimiento tramitado a raíz del recurso de la familia Franco contra la licencia municipal.
Esta resolución es definitiva por lo que no cabe recurso ante otro órgano jurisdiccional. La familia del Dictador no tiene ya más remedio que aceptar la finalización de un camino legal que no les ha dado la razón.
Lo han intentado hasta el último momento al igual que la Fundación Francisco Franco. Al final ninguna de esas iniciativas ha prosperado, pero todas y cada una de las resoluciones judiciales han remarcado las garantías de los procedimientos en un Estado de Derecho.
