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Getafe readjudica la obra de los pisos protegidos en El Rosón

La construcción se paró el pasado verano al 23% de su desarrollo por la quiebra de una de las empresas adjudicatarias

Estado de las viviendas públicas de El Rosón a finales de julio de 2019 / Ayuntamiento de Getafe

Estado de las viviendas públicas de El Rosón a finales de julio de 2019

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Las obras de construcción de las 147 viviendas públicas del barrio de El Rosón se retomarán en un plazo aproximado de dos meses. Según la agencia EFE la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda ha aprobado la propuesta de adjudicación de los trabajos después de que los pliegos se adaptaran a la situación concreta de las parcelas, paralizadas al 23%, con un presupuesto de 13,7 millones de euros.

Nueve empresas se presentaron al concurso, que finalizó el 30 de octubre. Tras la adjudicación los técnicos han requerido a la empresa elegida la documentación necesaria para formalizar el contrato, con un plazo de diez días. La firma del mismo se producirá en las siguientes dos semanas, y desde ahí, la adjudicataria tendrá un mes para retomar los trabajos de construcción. El plazo estimado de ejecución de las obras es de 11 meses.

Las obras se paralizaron el pasado mes de agosto después de que la empresa OPROLER presentara concurso de acreedores en junio. OPROLER formaba parte de la Unión Temporal de Empresas, junto a OCA, que recibió la adjudicación de los trabajos. Durante los últimos meses las familias adjudicatarias de las viviendas públicas han demandado soluciones al Ayuntamiento y se han manifestado en las calles. Desde el Ayuntamiento de Getafe se ha puesto como fecha de entrega de los pisos principios del año 2021.

Esta promoción de vivienda pública en el barrio de El Rosón de Getafe ha sufrido diferentes retrasos ya que, además de la quiebra de una de sus empresas constructoras, los trabajos previos ya fueron dilatados por la presencia de residuos industriales en el suelo fruto de actividades anteriores en la zona de las viviendas. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda debió gestionar los trámites de retirada del suelo contaminado con la Comunidad de Madrid.

 
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