Desarticulan una red criminal de explotación laboral de temporeros del cítrico
Los ciudadanos procedían de Europa del Este y trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida
Las personas explotadas procedían de Bulgaria y Rumanía, sobre todo / Javier Quesada
Castellón
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de trata y explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, especialmente de Rumanía y Bulgaria, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida.
Los cabecillas de dicho entramado criminal, un matrimonio de nacionalidad rumana, de 49 y 45 años de edad, afincados en la provincia de Castellón, que habrían captado y traslado a España en los últimos años a más de mil personas, de cuyo trabajo se habrían lucrado ilícitamente y a las que explotaban en unas condiciones inhumanas.
En la denominada operación Bravos han sido detenidas cinco personas, todas de nacionalidad rumana, a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de ellos han ingresado en prisión, ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Las víctimas eran captadas en Rumanía y Bulgaria, aprovechando alguna situación de vulnerabilidad económica o personal, y les ofrecían un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico, una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral, han relatado las fuentes.
Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas, los recibía el matrimonio, quienes les informaban de que debían solicitar documentos como el NIE para poder trabajar legalmente y por lo que les cobraban 20 euros, pero nunca se los llegaban a entregar.
Además, les decían que no podían salir bajo ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tendrían que ir siempre acompañados por personas de la red delictiva investigada, que les aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones. También les cobraban 3 euros diarios en concepto de traslado al trabajo y otros 75 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda, algo que supuestamente era sin coste.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción 2 de Nules junto a la Fiscal Delegada de Extranjería de Castellón.
