Expertos refuerzan la idea de que Meirás fue una donación al régimen franquista
Hoy es el último día para las testificales
Mañana será el turno de conclusiones de las partes implicadas en este proceso judicial
El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez , durante la tercera jornada del juicio por la reclamación del Estado de la propiedad del Pazo de Meirás / Cabalar (EFE)
A Coruña
En los días de selectividad, una profunda lección de historia y derecho ha estado presente toda la jornada durante el juicio sobre la titularidad del Pazo de Meirás: ¿Un dictador se puede disociar del Estado sobre el que ejerce su poder de forma autoritaria? ¿Fue Franco el Estado y el Estado era Franco? Para los autores del informe sobre el Pazo solicitado por la Xunta la respuesta es clara: no.
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En este sentido, los expertos han reforzado la idea de que Meirás fue una donación a Franco, por tanto al régimen franquista, al Estado franquista. Cuestión que los abogados de los herederos han procurado desmontar, dando por hecho que la familia adquiere el inmueble legalmente y que además el Estado lo abandona desde el año 1975. Algo para lo que el historiador Emilio Grandío aporta esta respuesta sobre lo vivido durante la Transición: "La familia Franco se convierte en un elemento que queda un poco al margen, que la situación es muy convulsa, y a partir de que muere Franco esto cambia".
¿Quién pagaba la contribución?
En la vista, los peritos han puesto también en cuestión, a preguntas del letrado que representa a los Franco, que esté acreditado que el dictador pagase el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una condición de contribuyente que, entre otras, según sostiene la parte demandante, supondría un "reconocimiento" al derecho de la propiedad por parte del dictador.
En concreto, el catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña (UDC), José Manuel Busto -miemmbro de la comisión de expertos que elaboró un informe, aportado por la Xunta con su personamiento y por el Estado- ha considerado acreditado, en base a la documentación existente, que a Francisco Franco "le giraban el IBI", la popular contribución.
No obstante, ha rechazado que eso confirme "quién lo pagó", ha dicho ante la exposición del letrado de los Franco quien ha apelado al pago de este impuesto o a los rendimientos de la explotación agropecuaria para defender que el pazo fue entregado a Franco a título particular y no como jefe del Estado.
Así sobre el pergamino de 1938, por el que la Junta pro Pazo dona el inmueble, este testigo perito ha rechazado que se identifique como destinatario a Franco como "persona física" y ha aludido a la inclusión de términos como "el fundador del nuevo imperio, jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos".
El debate jurídico ha sido tan o más profundo que el histórico, al respecto de la validez que pudo tener la compra por parte de la Junta Pro Pazo, de la posesión implícita que los Franco hacen de él. Un debate de derecho que se remonta, en algunos conceptos, a principios jurídicos del derecho romano.
Hoy es el último día para las testificales. Mañana será turno de conclusiones de las partes implicadas en este proceso judicial.
