La Justicia ordena a los Franco que devuelvan al Estado el Pazo de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha declarado el Pazo de Meirás propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su devolución al patrimonio público. Su titular, la magistrada Marta Canales, afirma en un auto hecho público hoy que los documentos demuestran que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al Jefe del Estado en el año 1938, en plena Guerra Civil, no a Francisco Franco a título particular. Subraya además el consenso social logrado para hacer la reclamación de devolución de un edificio símbolo de la Dictadura.

Posteriormente, el 24 de mayo de 1941, se produjo una compraventa con la que el dictador logró inscribir la finca a su nombre en el registro de la propiedad pero para la jueza estamos ante una simulación nula de pleno derecho.

Sin indemnización

El auto rechaza además que la familia Franco sea indemnizada por los gastos que reclamaba por el mantenimiento del Pazo. La jueza especifica que no comparte las alegaciones de los demandados, seis familiares del dictador y una sociedad limitada. Explica que todos los documentos señalan que las donaciones se refieren al Caudillo, no a Francisco Franco Bahamonde.

Califica de ficción la compra que realiza Franco con la mediación de Pedro Barrié de la Maza para poner el bien a su nombre en el año 1941, señala que no se entrega a Franco el pazo en ese momento "y Franco nada paga". Llega a afirmar, cuando rechaza la indemnización a la familia por los gastos de mantenimiento, que la propiedad fue incorporada al patrimonio personal de la familia Franco "de mala fe". Señala también que el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo, con cargo a los presupuestos como residencia estival del Jefe del Estado.

Posibilidad de recurso

La sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña y de hecho la familia Franco ya ha anunciado recurso. Subraya la jueza que la demanda nace de un estudio histórico y un importante consenso social que han necesitado años para cuajar. Reclama el Pazo en el procedimiento la abogacía del Estado junto a la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación provincial.

Las reacciones

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha subrayado que la resolución es una "victoria democrática" y supone una "alegría" para los que creen que "la democracia plena se consigue recuperando la memoria histórica".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha trasladado su "satisfacción" porque la sentencia "hace justicia a una anomalía histórica". El Gobierno local se reafirma en su intención de conseguir ahora la devolución de la Casa Cornide.

Su homólogo de Sada, Benito Portela, ha señalado que la resolución llena de orgullo a su gobierno local y ha agracedido la labor desarrollada por los que han reclamado la devolución del inmueble.

La Diputación aplaude la sentencia mientras que el colectivo autodenominado As e os 19 de Meirás, vinculado al BNG y la CIG, ha reclamado que se mantenga la presión social hasta que se complete la devolución.