Jueves, 01 de Octubre de 2020

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Pazo de Meirás

Sada se adherirá al proceso de ejecución provisional de la sentencia de Meirás

Puede ponerse en marcha cuando los Franco presenten su apelación ante la Audiencia Provincial

El alcalde de Sada, Benito Portela, junto al representante del ayuntamiento en la comisión de expertos del Pazo de Meirás, Francisco Montouto, en rueda de prensa

El alcalde de Sada, Benito Portela, junto al representante del ayuntamiento en la comisión de expertos del Pazo de Meirás, Francisco Montouto, en rueda de prensa / Concello de Sada

El Concello de Sada se adherirá a la petición de ejecución provisional de la sentencia que ordena a la Familia Franco que devuelva el Pazo de Meirás al patrimonio público, si así lo hace la Abogacía del Estado. Esta acción podría iniciarse una vez que se recurra la sentencia ante la audiencia provincial, algo que va a hacer la familia del Dictador, según han comunicado sus abogados.

El Alcalde de sada, Benito Portela, ha comunicado hoy que, una vez que se realice la petición de ejecución provisional, el Concello de Sada pretende conveniar con el Estado el uso dotacional público del inmueble. Todo en función de lo que decida hacer finalmente la Abogacía del Estado.

"O momento procesal é xusto cando os Franco recurran a sentenza. Unha vez que se presente o recurso na Audiencia Provincial, o Estado podería pedir a execución provisional da sentenza e sería o propio xulgado que a dictou o que resolva sobre ese asunto", explicó Francisco Montouto, representante del Concello de Sada en la comisión pro recuperación del Pazo.

Considera que la sentencia llega tarde porque la acción de los sucesivos gobiernos democráticos en la reivindicación de la memoria histórica ha sido muy lenta. Recuerda el Ayuntamiento que tuvieron que pasar 32 años desde la muerte del dictador para que se aprobara una ley de memoria y 44 años para que el cadáver de Francisco Franco saliera del Valle de los Caídos.

Puntualiza que la situación del pazo no está entre las excepciones en las que no se puede pedir la ejecución provisional de una sentencia según el artículo 552 de la Ley de enjuiciamiento criminal, lo que da vía libre a la abogacía del estado para iniciar ese camino.

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