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La Justicia rechaza el cierre de Madrid

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entienden que las leyes en las que se basa esta decisión no son suficientes para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos

Control policial en la calle Recoletos en Madrid, este lunes, primer día laboral de restricciones impuestas por el Gobierno central / EFE

Control policial en la calle Recoletos en Madrid, este lunes, primer día laboral de restricciones impuestas por el Gobierno central

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas que restringen desde el pasado viernes la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que afectan a los derechos y libertades fundamentales. Los jueces entienden que las leyes en las que se basa esta decisión no son suficientes para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Explican los jueces de la sección octava que "las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la Orden de la Consejería de Sanidad, meramente en ejecución de la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020, constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada".

Explica el auto que "resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordará una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del COVID-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país" y explican que una limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos debe venir refrendada por las cortes y no a través de una Ley como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Reunión urgente del grupo COVID-19

Tras conocer esta decisión judicial, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que ha pedido la convocatoria, de manera urgente esta misma tarde, del grupo COVID-19 con la Comunidad de Madrid para analizar la situación. "El plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándonos en las recomendaciones de los expertos. No nos importa nada que no sea la salud de los ciudadanos y estamos seguros de que la Comunidad de Madrid estará de acuerdo", ha dicho el ministro, sin hacer referencia alguna a que la región pueda solicitar el estado de alarma, una opción que todas las autonomías pueden pedir. aunque la presidenta madrileña Díaz Ayuso siempre ha sido muy contraria a esta opción

"El estado de alarma es la solución"

El magistrado Alfonso Villagómez señala en declaraciones a la SER que, tras esta decisión, el escenario en Madrid es "complejo", porque la orden de la Comunidad de Madrid en la que se aplicaban restricciones a determinadas zonas de la ciudad de Madrid quedaba anulada con las restricciones de Sanidad que afectan a todo el municipio y que a su vez han quedado anuladas con la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Justicia de Madrid: "Hemos perdido un tiempo precioso por no hacer lo que había que hacer, declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid", ha dicho en Radio Madrid. Para este juez, la salida que queda ahora es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pida al presidente del Gobierno la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid: "El estado de alarma es la solución". Alfonso Villagómez ha recordado en los micrófonos de la SER que con la decisión del TSJM quedan anulados desde ya a todos los efectos tanto las restricciones a la movilidad en los diez municipios madrileños como y el límite a las reuniones de no más de 6 personas

Magistrado Alfonso Villagómez: "El estado de alarma es la solución"

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La ciudad de Madrid y otros nueve municipios de la región, en total casi cinco millones de personas, viven desde el viernes 2 de octubre a las 22 horas con restricciones a la movilidad ante el avance de la pandemia de coronavirus. El consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha cifrado en 500 millones el impacto de las medidas del Ministerio de Sanidad en pérdidas para la economía madrileña.

 
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