Sábado, 31 de Octubre de 2020

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Pazo de Meirás

Admitida a trámite la apelación de los Franco contra la sentencia del Pazo de Meirás

La sentencia declara el Pazo de Meirás propiedad del Estado y ordena a la Familia Franco su devolución al patrimonio público

Silla vacía en la primera jornada del juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás

Silla vacía en la primera jornada del juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás / Pool (Europa Press)

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha admitido a trámite el recurso de apelación de la familia Franco contra la sentencia que declara al Estado propietario del Pazo de Meirás. En un auto dictado hoy notifica que dará traslado del recurso a las demás partes. Las emplaza para que en el plazo de diez días presenten escrito de oposición al recurso o de impugnación de la sentencia.

La sentencia declara el Pazo de Meirás propiedad del Estado y ordena a la Familia Franco su devolución al patrimonio público. Su titular, la magistrada Marta Canales, afirma que los documentos demuestran que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al Jefe del Estado en el año 1938, en plena Guerra civil, no a Francisco Franco a título particular. Declara también nula de pleno derecho la supuesta compraventa formalizada por el Dictador en 1941. Tras el fallo la representación legal de la familia del dictador ya anunció su decisión de presentar un recurso. Consideraba la resolución técnicamente deficiente y criticó que dé por probados todos los hechos contenidos en el libro sobre el Pazo de Meirás, escrito por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, que declararon en el juicio. Para los Franco el immueble fue un regalo a su familiar a título personal y alegaron que cuando la propiedad fue destruida en el año 1978 por un incendio Meirás fue reconstruido por Carmen Franco. La jueza sostiene que desde 1938 siempre se mantuvieron los gastos asociados al Pazo con cargo a la Jefatura del Estado.

La familia Franco está representada en el juicio por seis personas y una sociedad limitada, los demandantes son el Estado, la Xunta, los ayuntamientos de A Coruña y Sada y la Diputación coruñesa. El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego ha presentado una iniciativa en la que insta al gobierno a pedir la ejecución provisional de la sentencia y luego iniciar los trámites para que sea transferido a la Xunta de Galicia. El abogado del Estado señaló tras el juicio que debía estudiarse la vía de la ejecución provisional.

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