Leganés formaliza la demanda contra la Comunidad de Madrid por no medicalizar residencias
El Ayuntamiento, junto a Alcorcón, lleva desde abril intentando que el Gobierno regional asuma su responsabilidad judicial por la falta de recursos en las residencias de ancianos. En Leganés se estima que fallecieron más de 250 residentes en la primera ola
El consistorio denuncia a la Comunidad por no haber puesto en marcha los recursos sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia en las residencias de ancianos / Ayuntamiento de Leganés
Leganés
El Ayuntamiento de Leganés ha formalizado la demanda contra la Comunidad de Madrid por no haber medicalizado las residencias de ancianos de la localidad en las que fallecieron más de 250 personas durante la primera ola y que siguen sin recursos sanitarios a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a medicalizarlas (hasta en dos ocasiones) para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
En Hoy por Hoy Madrid Sur hemos hablado con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, que junto a su homóloga de Alcorcón, Natalia de Andrés, han formalizado esta demanda para que el tribunal “declare la inactividad de la Comunidad de Madrid” en estas residencias, en las que no puso en marcha las medidas cautelares a las que le obligó el propio TSJM.
Entrevista con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, sobre la demanda contra la Comunidad de Madrid por la medicalización de las residencias
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Según el regidor leganense, “mal alcalde sería si no exigiese lo que creo necesario para una población tan vulnerable como los vecinos en residencias”, donde la edad media supera los 85 años. No obstante, Llorente ha señalado que en esta segunda ola parece que se está controlando más y mejor el impacto del Covid19 en las residencias y, aunque permanecen sin recursos médicos y de enfermería suficientes, sí se ha aumentado la coordinación telefónica entre las gerencias de los centros y el Hospital Severo Ochoa para realizar un seguimiento de la situación.
Por último Llorente ha criticado las “argucias legales” de la Comunidad de Madrid para eludir su responsabilidad, ya que el Ejecutivo regional ha alegado “falta de legitimación” por parte de los Ayuntamientos para reclamar esta medicalización, según publica El País.
