El Tribunal Constitucional rechaza amparar al fundador de IU por torturas en el franquismo

Asturias

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado amparar al ex secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida (IU), Gerardo Iglesias, por las torturas policiales que asegura que sufrió durante la dictadura franquista. El Pleno ha inadmitido a trámite el recurso de amparo de Iglesias con ocho votos en contra y tres a favor, de los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y la ponente María Luisa Balaguer, que defendía su admisión a trámite.

Gerardo Iglesias, junto al histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, Fausto, presentaron tres querellas en mayo de 2018 contra Honrado de la Fuente, miembro de la policía política del franquismo, por un delito de lesa humanidad y otro de torturas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo rechazó su admisión a trámite, una decisión que ratificó la Audiencia Provincial, por lo que el fundador de IU acudió en amparo al Constitucional.

Dicen los magistrados que las resoluciones impugnadas se fundamentan motivada y razonablemente en que los hechos son de hace 50 años, y la querella se interpuso por un delito de lesa humanidad que no se tipificó en el Código Penal hasta 2003 y, además, no se puede aplicar retroactivamente porque lo prohíbe la Constitución. E incluso calificándolos como delitos comunes estarían prescritos porque el plazo máximo de prescripción es de 20 años y ha pasado más del doble y, aunque se prescindiera de dicha prescripción, se aplicaría la amnistía del 1977, por lo que la responsabilidad penal está extinguida de cualquier manera.

Desde Izquierda Unida de Asturias, la secretaria de Memoria Democrática, Concha Masa, ha asegurado que la decisión "va contra los principios de verdad justicia y reparación y contra leyes de memoria como la de Asturias de 2019 o la reciente estatal. Mala noticia para la salud democrática y la justicia".

Para Masa, la decisión del alto tribunal va en sentido opuesto al espíritu de las leyes de memoria como la de 2019 de Asturias o la reciente ley estatal. Iglesias ya advirtió de que en el supuesto de que la resolución del Constitucional fuera desfavorable, acudiría a otras instancias como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.