Chequeo al presupuesto de Galicia de 2024: "Las rebajas fiscales traen derivadas negativas"

Santiago de Compostela

Los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2024 avanzan en el Parlamento. Los conselleiros ya han dado cuenta de los detalles de sus departamentos. A partir de ahora lo harán los responsables de organismos como el Consello Económico e Social o las diputaciones provinciales, entre otros.

Son 13.257 millones de euros en unas cuentas en las que la Xunta ahonda en las rebajas fiscales, mientras que los expertos alertan de las "derivadas negativas" que puede tener una menor recaudación.

Un presupuesto de récord

El Gobierno autonómico manejará el año que viene 13.257 millones de euros, un 5% más que el año pasado, en lo que supone la cifra más alta de la historia. La Xunta volvió a subir su techo de gasto, la capacidad máxima que tiene para gastar dinero. Este año, como el techo de gasto y los presupuestos se aprobaron y presentaron casi a la vez, no hay diferencia, cuando lo normal es que suela haber un pequeño margen de variación una vez que se practican algunos ajustes.

Además, este año no se recurre al endeudamiento, por primera vez en 16 ejercicios, tal y como resalta una y otra vez el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que habla un presupuesto "histórico". Son unas cuentas que se caracterizan por una bajada de impuestos, subida del gasto social hasta los 9.773 millones de euros y la intención de conseguir un reequilibrio territorial, invirtiendo más dinero per cápita en las provincias de Lugo y de Ourense.

El peligro de las rebajas fiscales

En los presupuestos de este año, la Xunta incrementa los beneficios fiscales y renuncia a recaudar hasta 686 millones de euros. Mientras airea que el ejecutivo central le va a condonar deuda a Cataluña y mientras se queja de que el modelo de financiación perjudica a Galicia, sigue anunciado rebajas de impuestos.

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Los beneficios fiscales son casi un 16% más altos que los del año pasado, unos 94 millones más. Es dinero que la Xunta va a dejar de recaudar y que no va a poder destinar, por ejemplo, a servicios públicos, o a servicios sociales, o a la mejora de infraestructuras, por poner citar algunas partidas.

Las principales medidas en materia fiscal pasan por rebajas en el IRPF. Las familias con dos hijos podrán deducir 250 euros. Esto es una novedad porque hasta el momento esto se aplicaba solo a las familias numerosas. Además, por cada hijo a mayores, a partir de tres, se descontarán 250 euros.

Además habrá otras dos rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales: por un lado, descenso del 9 al 8% para la compra de vivienda usada, y baja del 8 al 3% la compra de viviendas de segunda mano.

María Cadaval, profesora de la USC, alerta de "las derivas negativas" que puede tener esta política de bajada de impuestos y la menor recaudación en este contexto. Desde EAPN Rede Galega contra a Pobreza su presidenta, Ana Pardo, no ve con buenos ojos que se bajen los impuestos a las grandes fortunas y que se renuncie a prestar otros servicios.

Política Social lidera la subida, pero sin medidas concretas contra la inflación

La Consellería de Política Social es una de las que tiene una subida más importante. El departamento de Fabiola García va a manejar 1.205 millones de euros, un 11,9% más que el año pasado. Una de las medidas más destacadas es el bono de 5.000 euros de ayuda para las personas dependientes atendidas en el hogar. Una ayuda lineal, sin tener en cuenta el nivel de renta.

Trini Palacios, trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar quiere "coger con pinzas" este anuncio a la espera de ver cómo cristalizan estas ayudas, y recuerda que Galicia es una de las comunidades que menos invierte en dependencia. En todo caso, entiende que es una medida "electoralista".

También se anunció la gratuidad de los viajes interurbanos en autobús para los mayores de 65 años, o un incremento del dinero que se destina para financiar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Sin embargo, la Renta de Inserción, la RISGA, que complementa al Ingreso Mínimo Vital se mantiene en los 46 millones de euros, y no se recupera la tarxeta básica ni se pone en marcha una medida similar, tal y como demandan las organizaciones del tercer sector.

Estabilización del personal en Sanidad

La Consellería de Sanidad podrá disponer de 5.190 millones de euros, un incremento del 4,4%, inferior a la media. Julio García Comesaña anunció que se crearán 1.700 plazas fijas para estabilizar al personal que trabajó durante la pandemia. Más allá de esto, también destaca el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales en abril para mejorar las condiciones del personal.

En Educación pasa algo similar. Dentro de los 2.796 millones de euros que van a manejar (es un 2,8% más) o hay grandes novedades. El gran anuncio pasa por el acuerdo de la Consellería con UGT, Comisiones Obreras y CSIF para rebajar la carga lectiva y y las ratios de alumnos por aula. Un acuerdo que no convence a la CIG, que protagonizó una jornada de huelga a finales de octubre.

Y más Oferta de Empleo en la Administración

Al día siguiente de presentar los presupuestos se anunció una convocatoria de 600 plazas de acceso libre en la Administración. Este lunes se anunciaron otras 300 más en diferentes categorías a las que hay que sumar 600 de promoción interna.

Pero desde los sindicatos se quejan de que estos anuncios están llegando sin que haya diálogo con ellos. Zeltia Burgos, de la CIG, habla de la incapacidad de la Xunta para sacar adelante todas las convocatorias que anuncian, y recuerda que en diez años desaparecieron unos 1.000 puestos de trabajo. También reclama una mayor subida de los salarios.

Choque frontal con la Fegamp

La Xunta va a destinar 602 millones de euros para los concellos, que engloban el fondo de cooperación y las subvenciones y otras ayudas. Se mantienen los 112 millones de la base desde hace más de 10 años, y sube de 30 a 39 millones el complemento adicional.

Alberto Varela, el presidente de la Fedración Galega de Municpios e Provincias, dice que no responde a ninguna de las premisas que reclaman los municipios. Así, considera que los presupuestos son profundamente decepcionantes. También alerta de que los concellos están ahogados asumiendo cada vez más competencias.

Preocupación con la ley de acompañamiento

El día que se preguntaron los presupuestos, el conselleiro declaró que en la ley de medidas fiscales y administrativas solo se contemplaban cuestiones que apenas afectaban a la vida de los gallegos, pero lo cierto es que en esa ley sí que las hay: una de ellas, afecta a la tramitación de proyectos eólicos.

En un contexto en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está paralizando muchos proyectos a los que la Xunta había dado el visto bueno, la reacción del ejecutivo autonómico ha sido modificar la normativa, creando la figura de la declaración de interés público, que en la práctica, acelera su puesta en marcha. Piden que se tenga en cuenta que "contribuyen a la salud y seguridad públicas".

Pero desde las plataformas contrarias a la implantación indiscriminada de parques eólicos dicen sentirse vendidos con este cambio legislativo pensando para satisfacer al lobby eléctrico.