"La sanción interpuesta a Sargadelos es moderada y el plazo amplio, no se puede ignorar la ley"

Lugo

En Sargadelos vuelve, una vez más, a aumentar la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica de cerámicas. Tras mantener una reunión Inspección de Trabajo con los sindicatos, a petición de CIG, UGT y CCOO, el propietario ha enviado una nueva carta al organismo retando a que se cierre la planta.

En esta, que es ya la segunda misiva que redacta Segismundo García, insiste en la idea de que resulta imposible enfrentar las 36 reformas para evitar que los trabajadores puedan contraer enfermedades como la silicosis, de la que ya se han detectado dos casos entre empleados de Sargadelos.

Insta, por lo tanto, a clausurar las instalaciones, a pesar de que según había explicado el conselleiro de Trabajo, José González, se había llegado a un acuerdo para emprenderlas. No solo eso, sino que Inspección de Trabajo trasladó en las últimas horas a los sindicatos que algunas de las intervenciones tendrían que estar terminadas a finales de verano.

De nuevo, la plantilla se encuentra a expensas de las decisiones que vaya a tomar el empresario, de las que no tienen comunicación. Tras lo vivido durante el cierre forzoso de la fábrica, y con esta segunda carta, la abogada Eliana Méndez, especialista en derecho laboral de Salvatierra Abogados, arroja luz sobre las cuestiones legales que marcan la situación actual.

¿Qué trascendencia tienen las cartas enviadas a Inspección de Trabajo?

Eliana Méndez considera "desproporcionada" la "actitud del empresario", porque la sanción interpuesta por Inspección es, a su entender, "moderada" y los plazos para acometer las 36 reformas necesarias "suficientemente amplios". La cuestión que genera más estabilidad es que "no sabemos lo que piensa el propietario y por lo tanto tampoco qué puede llegar a solicitar", apunta, pero en cualquier caso "lo que prevalece es la salud de los trabajadores".

Añade, además, que con la apertura del expediente se está evitando problemas futuros para la empresa. Entiende la abogada que se trata, más bien, de un aviso para prevenir sanciones mayores o indemnizaciones que perjudicarían económicamente a la firma.

Lo explica con un ejemplo: "Imagínate que un trabajador de treinta años adquiere una enfermedad porque las medidas de prevención son insuficientes y se le reconoce una incapacidad de mil euros mensuales, la empresa tendría que pagar entre el 30% y el 50% por ciento durante toda la vida del trabajador". "Creo que en este caso Inspección de Trabajo está haciendo un favor, por decirlo así, a la empresa, al instarle a cumplir la legislación", concluye.

¿Qué pasaría si no se acometen las reformas?

Si Segismundo García persistiese en asegurar que no es viable realizar las mejoras imprescindibles para garantizar la salud de la plantilla, puede llevar, a corto plazo "a que clausure la fábrica". En ese caso, los trabajadores "tendrían que ser obligados a coger un período de vacaciones forzosas". E este respecto, apunta la abogada, cualquier empresa tiene la potestad de escoger quince de los días de descanso que corresponden.

De cara al futuro, y "si pretende llevar a término su intención de cerrar la fábrica", dejando de tener actividad, "podría llevar a la plantilla a un ERE". Hay otra opción posible, que es que se produzca "un despido colectivo para todos los trabajadores". En este caso "se quedarían sin desempleo" y, si el empresario decide, además, no indemnizarles como corresponde, "habría que recurrir al plano judicial".

¿Pueden los trabajadores reclamar alguna compensación?

Desde el anuncio de cierre que luego se revirtió, los trabajadores han denunciado el estrés y la incertidumbre a la que fueron sometidos durante los días que permanecieron a las puertas de la fábrica, cerrada y sin recibir información de ningún tipo. A esto hay que sumarle la preocupación por posibles despidos que, aunque no se produjeron, los trabajadores temían.

¿Podrían ahora reclamar una compensación por el estrés laboral generado por las actitudes y las decisiones del empresario? Por lo de ahora, reflexiona la experta, habría que esperar y "ver qué medidas va a tomar el propietario". A menos que se produzcan despidos, es complicado que puedan obtener alguna reparación. Pero "si finalmente se producen despidos", continúa, "si podrían reclamar por el estrés provocado por esta incertidumbre y el caos psicosocial que se ha generado en la empresa".

¿Hasta dónde puede llevar su postura el empresario?

Durante todo el conflicto, los sindicatos han solicitado a la administración que interviniese con firmeza en aras de que Segismundo García depusiese una actitud que consideran "despótica", "caciquil" e "injustificada". Sin embargo, por lo de ahora las decisiones tomadas sin contar con los trabajadores y forzando los límites de la ley, no han tenido consecuencias.

La abogada señala que "el empresario tiene potestad para dirigir la empresa según sus decisiones", pero "siempre tendrá que regirse por lo legal y, en este caso, por el expediente procesado por Inspección de Trabajo". Insiste en que lo más importante, lo que prevalece en este proceso, es la salud e la plantilla, "no puede tenerse a los trabajadores en una fábrica con medidas de prevención deficientes". Deben, por lo tanto, acometerse las reformas. "No se puede saltar la ley porque económicamente se lo pueda permitir", concluye.