El Congreso aprueba el primer paso para establecer el impuesto a la banca y a las energéticas con el voto en contra del PP

Madrid

Esta tarde el Congreso de los Diputados ha aporbado la admisión a trámite del impuesto a la banca y a las energéticas planteado por las dos formaciones del Gobierno. Lo ha hecho con el voto a favor de las formaciones de izquierdas y nacionalistas, pero el principal partido de la oposición, el PP de Núñez Feijóo, ha votado en contra, así como Ciudadanos y Vox, la formación de extrema derecha. Esta proposición de ley plantea gravar a las empresas del sector energético con un 1,2% en sus ventas y aplicar un tipo del 4,8% sobre las comisiones e ingresos netos de las entidades financieras.

En total, la propuesta ha contado con 187 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones. En cualquier caso, han sido varios los grupos parlamentarios que han anunciado que tratarán de modificar una parte del contenido de la nueva propuesta de ley. Formaciones como el PNV, Más País, Coalición Canaria, el BNG o la CUP la han apoyado, mientras que desde Junts han optado por abtenerse. El objetivo es que esté en vigor en 2023, para poder recaudar 7.000 millones de euros en dos años, mediante las dos figuras tributarias.

"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", ha dicho la diputada socialista Patricia Blanquer al comienzo de su intervención, argumento al que se ha sumado el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro al defender "un reparto justo y equilibrado en una situación sobrevenida".

La norma prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta "muy grave" sancionada con el 150% del importe trasladado.

Estas prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

Así, el debate ha provocado que los grupos de la Cámara se hayan dividido en dos bandos claros: quienes apoyan que los sectores beneficiados por la crisis aporten más a las arcas públicas y quienes creen que generará inseguridad jurídica y que lo acabarán pagando los ciudadanos. Entre los apoyos, EH Bildu, ERC, BNG, la CUP o Más País han reclamado además que ambos gravámenes sean permanentes y han confiando en poder "mejorar" la ley.

El PNV también ha apoyado los impuestos, aunque su portavoz Idoia Sagastizabal ha sido muy crítica con su diseño, porque hay riesgo de que "por cuestiones jurídicas o técnicas" queden anulados por los tribunales. Además, tanto PNV como EH Bildu han advertido además de la invasión de competencias que supone la norma, algo que ya se ha comprometido este martes a estudiar el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y que será corregido durante el trámite parlamentario.

Por su parte, el diputado del PP, Mario Garcés, ha criticado que se fíe el cumplimiento de la banca a la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMMC), "a la que ni siquiera se ha consultado" previamente y que se haya querido disfrazar un tributo de "prestación patrimonial".

Al margen del apoyo a la norma, han sido varios grupos lo que han alertado de la "arquitectura débil" de estos impuestos, así como de que se haya tramitado como proposición de ley, en lugar de proyecto de ley, para ahorrarse todos los trámites previos a su presentación en las Cortes.

Sobre el 'no' del PP, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que "nada ha cambiado, este es el mismo PP de Casado [...] En vez de estar con los desfavorecidos, el PP está con la banca". Además, ha declarado: "Hoy Feijóo, como Rajoy, como Casado, vuelve a estar con los intereses de la banca", ha dicho.

El PP presentó el lunes su plan energético con medidas como bonificar las facturas de luz y gas a quien reduzca su consumo. Lo hizo casi una semana después de su cara a cara con Sánchez en el Senado. La propuesta consta de 46 páginas que se dividen ocho bloques, con algunas buenas ideas, otras por definir y otras que chocan con la verdad. En Hora 25 la vicepresidenta Teresa Ribera aseguró que el Gobierno se declara "decepcionado" por ese plan.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes el Gobierno ha acusado al PP de copiar las conclusiones de su propuesta energética de un documento que la Xunta ya había enviado a Moncloa: "Lo único que han hecho en seis días, lo único que han hecho es copiar hasta las negritas y las mayúsculas. No me digan que eso no es decepcionante", ha asegurado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.