El Gobierno desbloquea inversiones pendientes con Cataluña en plena negociación presupuestaria

Una vez más el Gobierno y sus socios parlamentarios apuran los plazos para alcanzar un acuerdo que permita sortear el primer test de los Presupuestos Generales del Estado. La Moncloa confía en cerrar a lo largo de la esta mañana –hasta las 14:00– un pacto con ERC, PNV y EH Bildu para que ninguno de estos grupos presente una enmienda a la totalidad. Públicamente nadie descarta ese escenario pero en el Ejecutivo preocupa, sobre todo, la posición de Esquerra. Es el partido con más peso en número de diputados y que más caro está vendiendo su apoyo. Los republicanos reclaman inversiones económicas para la Generalitat y avanzar en lo que denominan “agenda antirrepresiva”, esto es la reforma del delito de sedición, algo que el PSOE no se plantea abordar en este momento.

Pero a la espera de conocer hasta dónde llega el órdago de Esquerra Republicana con la “desjudicialización”, el Gobierno avanza en otras carpetas relativas a inversiones pendientes. El propio Gabriel Rufián, desde la tribuna del Congreso, le recordó a Pedro Sánchez que para avanzar con su partido “era muy fácil”. Solo tenía que hacer tres cosas: “cumplir con lo incumplido, mejorar lo prometido y fomentar un clima de confianza”. Y a lo primero parece que se está dedicando La Moncloa en las horas previas a cerrar el primer acto de la negociación del presupuesto. El Ejecutivo ha desbloqueado inversiones en materia de vivienda e infraestructuras ferroviarias que estaban pendientes desde el acuerdo con los independentistas catalanes para las cuentas de 2022.

La Cadena SER ha tenido acceso al borrador del Real Decreto por el que se modifica el Plan Estatal para el acceso a la vivienda que recoge, entre otros puntos, la ejecución de un fondo de 10 millones de euros, previstos en los presupuestos en vigor, para que las Comunidades Autónomas puedan adquirir viviendas de la SAREB y amplíen así el parque público destinado a alquiler social. Se trata de un punto del acuerdo firmado entre Esquerra Republicana y el PSOE en noviembre de 2021 y que aún estaba pendiente de materializarse. Aunque en la redacción inicial lo que habían previsto ambas partes es que ese dinero fuese destinado únicamente a la Generalitat, lo que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar es una partida para el conjunto del territorio que se distribuirá conforme a los criterios pactados en la conferencia sectorial de vivienda del mes de marzo.

El segundo aspecto que se interpreta como un guiño dirigido a encarrilar la negociación de las cuentas es la inversión de casi 900 millones de euros que el Gobierno ha descongelado para financiar el incremento de la flota de trenes del servicio de Cercanías de Renfe en Cataluña. El Consejo de Ministros incluyó esta habilitación en el Real Decreto de medidas de protección a los consumidores de energía aprobado el pasado martes. La partida publicada en el BOE también está relacionada con el punto del acuerdo presupuestario sellado con Esquerra Republicana relativo a las inversiones en infraestructuras y donde se reclamaba iniciar los trámites para el traspaso de los recursos económicos de Rodalies a la Generalitat.

Esquerra exige avances en la reforma de sedición

Aunque las negociaciones entre los equipos se están produciendo en un clima de máxima discreción, fuentes de la dirección de Esquerra sí que apuntan a que las inversiones no serán suficientes para que el Gobierno tenga garantizado su apoyo en el trámite final, que se prevé para la última semana de noviembre. Los republicanos pueden ayudar al Ejecutivo a sortear el primer test, los vetos, si se avanza en aspectos económicos, pero para que las cuentas salgan definitivamente adelante exigen compromisos en lo que denominan “agenda antirrepresiva” en la mesa de diálogo que, según lo pactado en la última reunión de julio, deberá celebrar una nueva sesión antes de que acabe el año. “Si no hay mesa de diálogo no habrá cuentas”, dicen dirigentes de la cúpula de la formación independentista.

Fuentes de la Moncloa presentes en la negociación confirman a la Cadena SER que los republicanos han puesto sobre la mesa la reforma del delito de sedición, algo que ayudaría a los líderes del procés fugados de la justicia, volver a España sin el temor a una condena como la que se impusó, entre otros, a Oriol Junqueras o Carme Forcadell. Pero el Gobierno descarta introducir esta petición en las conversaciones presupuestarias. Están dispuestos a negociar sobre normas que hayan iniciado su tramitación, como la derogación de la ley Mordaza o la ley de Vivienda. Se excluye así el punto que los de Aragonés pretenden poner sobre la mesa.

PNV y EH Bildu, más dipuestos al acuerdo

Los negociadores ven en el resto de grupos de la investidura una disposición más favorable al acuerdo. Aunque en el ala socialista remarcan que el PNV también vende caro su apoyo, las condiciones que están poniendo sobre la mesa están relacionadas con inversiones destinadas al País Vasco. Descartan usar la aprobación de las cuentas públicas como palanca para sacar adelante otras leyes importantes para ellos como la de Secretos Oficiales o de Seguridad Ciudadana. “Esos asuntos se abordan en otras mesas”, insisten los jetzales. En EH Bildu también son partidarios de no presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas, pero aún no lo descartan totalmente. En el grupo parlamentario han planteado sobre todo cuestiones sociales (relacionadas con las pensiones mínimas, por ejemplo) pero están a la espera de cerrar el detalle del acuerdo con Hacienda.

A pesar de las diferencias y de que los grupos insisten en que todo sigue en el aire, el ala socialista es optimista y confía en desencallar los escollos antes del mediodía de hoy.