Irene Montero, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo"

Madrid

La ley del solo sí es sí, una de las propuestas estrellas del Ministerio de Igualdad, ha propiciado que varios condenados por delitos de abuso sexual hayan podido rebajar sus penas o, incluso, conseguir la excarcelación al aplicarse las nuevas horquillas de castigos. La norma, que nació como un arma para recrudecer estos delitos, ha provocado un efecto justamente contrario que ha abierto un debate dentro y fuera del Gobierno. Mientras el ala socialista del Ejecutivo se abre a cambiar los aspectos que han favorecido esta situación, desde Igualdad defienden la ley porque la consideran "magnífica" y atacan al sistema judicial, al que acusan de "machista" por aprobar las rebajas. Sobre todo esto y más responde esta noche en Hora 25 la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista con Aimar Bretos.

La entrevista

"Según los datos que tenemos, vemos más un problema en la aplicación de la ley que en la articulación de la propia ley. Por eso Sánchez ha señalado hoy que, como en toda reforma del código penal, hay un momento de transición. Lo que hay que hacer ahora es esperar, respetando la separación de poderes, a que el Tribunal Supremo o la Fiscalía General del Estado, establezcan las directrices para unificar los criterios con los que los jueces tienen que actuar para aplicar correctamente la ley. Tanto en los nuevos casos como en los de las revisiones de penas. A mi lo que más me preocupa es la alarma social que se puede generar, llamado terror sexual. La sensación para muchas mujeres de que los tribunales no son lugares seguros para ellos. Tenemos que ser capaces de enviar el mensaje de que esta ley sirve para proteger a las mujeres. Tenemos que trabajar para aplicar la ley hasta sus máximas consecuencias, incluida también la formación con perspectiva de género para los operadores jurídicos. Hay más problema de aplicación de la ley que del contenido de la misma".

"Había una noticia en la que se hablaba de 54 casos en La Rioja, que se ha solicitado una revisión a la baja de las penas y no se ha concedido. La revisión de las penas es una derecho que tienen todos los condenados que pueden recurrir legítimamente a ello sí así lo consideran. Lo que estamos viendo ahora, en nuestra opinión, por los casos que hemos podido conocer que bajan las penas, en los casos en los que estamos pudiendo estudiar la sentencia, pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, que hay un interpretación errónea, y todos los jueces tienen margen de interpretación".

"Hay que juzgar caso a caso, pero, insisto, que hay muchos más casos que a lo mejor no están recibiendo la misma atención mediática y que a mí me importa dejar claro no porque permitan defender la ley, sino porque permiten dar confianza a las víctimas, en los que se están solicitando reducciones de las penas y no se están concediendo".

"Usted me está hablando de unos cuantos casos en los que estamos viendo informaciones periodísticas que nosotras vamos analizando y yo le digo que comparativamente hay otras revisiones que no se están produciendo. Fíjese en todo el proceso de elaboración de esta ley hemos participado todos los ministerios, pero particulamente los cuatro que somos coproponentes, y muy en particular Justicia e Igualdad que trabajamos codo a codo desde el primer momento en la redefinición del Código Penal, después esta ley pasó por multitud de órganos y organismos del Estado, que tienen que emitir su opinión: el CGPJ, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social,... Y luego pasó una segunda vuelta con todos los ministerios y después todos los grupos parlamentarios aprobaron esta ley. La redefinicón del Código Penal ha sido revisada por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura legal".

"Los estereotipos pueden llevar a que se aplique de forma errónea la ley. Eso no quiere decir que todos los jueces en España sean machistas, porque además hemos avanzado mucho en esta materia. Hay muchas juezas que saben que esta ley protege a las víctimas y que esto es una victoria del movimiento feminista. Pero como en todo proceso de aplicación una ley, puede haber errores. Tenemos que aplicar la ley ahora, porque es lo que necesitan las víctimas, y también permitir que los altos tribunales unifiquen esos criterios para aplicarla de forma correcta, que es protegiendo a las víctimas".

"El CGPJ no alertó de esto. Es un bulo. Lo que hizo fue alertar de que, entre la primera y la segunda vuelta, si bajabamos las penas máximas, entonces podrían darse casos de revisión de las penas. Eso justificó que el ministro de Justicia de entonces, Campo, con el que tuvimos numerosas conversaciones, nos conveciese con su empeño en no bajar los tipos máximos. De lo que alertaba el CGPJ era de esto. Nadie podía pensar que si se bajaban las condenas mínimas eso podía conllevar revisiones de las penas, porque existe jurisprudencia. Según la circular de la Fiscalía General del Estado, en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, si no bajas las máximas y la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, no cabe la revisión".

"Fíjese que claro lo tendrían los diferentes Ministerios que participaron de la elaboración de la ley e incluso el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, todos los órganos que nos hicieron comentarios para mejorar la ley y garantizar su correcta interpretación quenadienos dijo que tendría que ser necesaria una transitoria igual que la que había en ese código porque todo el mundo asumía que cumpliría con esta jurisprudencia".

"Estaba tan claro que se cumpliría con la jurisprudencia y que si las penas impuestas formaban parte de la horquilla del rango nuevo de penas no se revisarían a la baja que no se vio necesario incluirlo".

"Hay más casos en los que se están rechazando la revisión de penas por parte de acusados por estos delitos que los que sí se están revisando. Por lo que estamos estudiando y analizando, nos encontramos con un problema de aplicación, en concreto de la aplicación del código penal. Naciones Unidas es muy tajante en este asunto: los estereotipos comprometen la imparcialidad e integridad del sistema judicial, que a su vez puede dar a lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización, como está sucediendo ahora. El machismo puede hacer que los jueces interpreten erroneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa, señala la ONU. El objetivo es dar un marco efectivo para proteger la libertad sexual".

"En un voto particular de uno de los jueces en el caso de la manada, el magistrado observaba que los acusados no debían ser condenados porque lo que él observaba en esa violación en grupo era jolgorio. En los casos en los jueces interpretan de esa manera los hechos, da igual el código penal que tengas. Hay un problema porque algunos jueces interpretan que los hechos se pueden agrupar o interpretar en un tipo penal concreto".

"De las mujeres que acuden a denunciar una violencia sexual, la mayoría de penas se ponían por abuso sexual, porque era muy difícil probar la violencia o intimidación. Esta era una de las grandes demandas del movimiento feminista. Para esos casos, las penas son mayores o se mantienen. Por tanto la persecución de los agresores se aumenta".

"Lo que están haciendo de hecho rebajando las penas es beneficiar a los condenados con una reducción de penas. Hay un problema de interpretación de la ley y no tanto de definición. Yo creo que si la ley tuviese dificultades en la redacción en todo el proceso de tramitación, que han sido más de dos años, alguno de los organismos por los que ha pasado se hubiesen dado cuenta. Creo que lo que ocurrió en el proceso de redacción se asumió que si no se bajaban las penas máximas no cabría la revisión de esas penas porque la jurisprudencia ya lo establecía así. Y creo que por eso no se valoró la necesidad de modificar algunas de las cuestiones que intuyes en tu pregunta. Y sí creo que como en todo cambio profundo del Código Penal hay un tiempo de transición en el que se pueden producir desajustes y por eso es tan urgente que los actores del sistema judicial que tienen la responsabilidad de unificar los criterios tiene que hacerlo".

"Si yo creyese que hay un error sería la primera en reconocerlo. De lo que nos olvidamos es que hay víctimas que están siendo revictimizadas, que están viendo como a sus agresores se le rebajan las penas y otras muchas que no están en el foco y que están viendo como la ley se aplica correctamente. Como se está produciendo una situación de alarma social quiero dejar claro que por un lado se pueden unificar los criterios para garantizar que la aplicación de la ley cumple con los objetivos para los que ha sido creada y que todas las mujeres tengan claro, porque la realidad en nuestro país es que solamente un 8% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual recurren a los tribunales, un 92% por miedo a no ser creídas en los tribunales, está ley las protege a las que no denuncian porque tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, a llamar al 016 y ser atendidas,...Esta ley les protege. Hay muchas conductas que antes considerábamos normalizadas que ahora si se consideran violencia. Y de las mujeres que acuden a denunciar una violencia sexual, la gran mayoría de las condenas que se terminan imponiendo es por abuso sexual porque es complicado probar la violencia o la intimidación, es una de las demandas del movimiento feminista y que justifica la reorganización del Código Penal. Para esos casos, ahora las penas son iguales o se mantienen por tanto la persecución de los agresores se fortalece con este Código penal y creo que es importante que lo sepan porque por los casos que se están revisando las sentencias es justo la contraria esa es mi principal preocupación".

"Me da miedo que las víctimas puedan no ver garantizados sus derechos y que pueda haber decisiones judiciales que mantengan en la impunidad a los agresores. La voluntad del legislativo es clara respecto a estas dos cuestiones. Tan claro lo vieron el Ministerio de Igualdad, el de Justicia, el conjunto del Gobierno, el CGPJ, el Consejo de Estado, que ningún organismo planteó que fuese necesaria esa enmienda transitoria, porque la jurisprudencia es muy clara. Los jueces estaban tomando decisiones en base a esa jurisprudencia. Si creyese que modificando la ley podría garantizar mejor los derechos de las víctimas, sería la primera en plantearlo".

"Eso ya lo dice la jurisprudencia. Lo que veo en esa circular de Fiscalía hasta ahora se estaba aplicando. De todos los actores, tanto el nivel del Gobierno como todos los organismos que han revisado el texto si alguien hubiera creído que era necesario esa transitoria para aclarar que la jurisprudencia que ya está establecida también se enía que aplicar en este caso se habría aplicado. Nadie lo vio necesario. Si ves los informes de los diferentes organismo y en las observaciones que se hicieron en todo el proceso de transición de la ley no se vio necesario no porqe no se tuviese en cuenta la jurisprudencia, sino porque estaba tan asentada que se daba por hecho que así se interpretaría. La reforma de un Código Penal para hacerlo más feminista, más garantistas con los derechos de las mujeres, no acaba con siglos de patriarcado por eso Naciones Unidas alerta de lo que puede ocurrir incluso con buenas leyes. Con el ejemplo de un juez que veía jolgorio en una violanción, para un juez que ve jolgorio en una agresión grupal da igual el Código Penal tenga entre manos".

"En los casos que hemos observado, porque esto hay que analizarlo caso a caso, hay un problema de apliación de la ley. Un ejemplo es ese padrastro que obliga a su hijastra de 13 años a hacerle una felación, penetración por vía bucal. Esos hechos, con arreglo al código penal actual, tienen una tipificación de 10 a 15 años. El juez no ha tenido en cuenta que, el hecho de que un padrastro le obligue a hacerle una felación, implica una posición de superioridad. Eso es una interpretación que no tiene perspectiva de género y genera una injusticia".

"El CGPJ y Jueces para la democracia deberían escribir una carta a la ONU para decirle que en sus conclusiones están absolutamente errrados. Insisto y creo que hay muchas juezas, fiscalas y operadoras judiciales, en su mayoría mujeres pero no solo, que saben de sobra que todavía estamos enfrentandonos a una justicia patriarcal. Lo que defiendo es lo mismo que defienden en Naciones Unidas. A mí, que el resultado de toda esta situación tenga como objetivo atacar al Ministerio de Igualdad, pues que sigan por ese camino. Pero la única preocupación que tenemos nosotras es ser capaces de garantizar todos los derechos de las mujeres".

"Insisto en el apartado que tenga que ver con la aplicación de la ley todo condenado tiene derecho que un cambio en el CP tiene derecho a pedir que se revisión de penas y en muchísimos casos, decenas de casos, 54 solo en el caso de La Rioja estamos viendo como las penas no se revisan y otras se están revisando a la baja, nosotras pensamos que por un problema de aplicación de la ley, defectuosa, interpretación errónea. Para los mismos hechos el CP anterior y este, este mantiene las penas o las eleva, y este nuevo nos permite que conductas que antes eran normalizadas o no consideradas violencia, como el acoso callejero, ahora se incorporen acceso a la Justicia. De hecho, los que muchas víctimas pueden sentir en aquellos casos en los que las víctimas no han obtenido Justicia incluso denunciando, solo denuncia un 8%, y a todas aquellas que no han denunciando saben que esta ley las protege más y mejor. Si los jueces progresistas hacen un comunicado si se refieren a la jurisprudencia a cómo hasta ahora cuando la pena impuesta entraba en la horquilla del rango nuevo de penas no se revisaba y ahora sí, ellos tienen derecho a explicarlo en esos términos y yo también a decir que estamos a una interpretación errónea de la ley".

"El Tribunal Supremo dice que hay que evaluar las leyes en su conjunto. Este código penal, en su conjunto, lo que hace es incorporar conductas que hasta ahora no se consideraban violencia y tomarlas como tal, mantener las penas máximas para los mismos hechos y permitir una mayor capacidad para peseguir y condenar a los agresores. Todos los ministerios, el CGPJ y otros organismos que trabajaron en esta ley vieron tan claro que eso es una jurisprudencia establecida y no era necesaria reforzarla con una transitoria, que nadie lo propuso. Y eso es porque todos pensamos que la jurisprudencia se iba a aplicar".

"Tengo la esperanza de que unifiquen criterios de la forma que esperamos, porque creo que esta ley está bien redactada y ha sido una ley muy bien trabajada por decenas de expertas en los ministerios, de que sí, la unificación de los criterios permitirá proteger de forma efectiva los derechos de las mujeres. Es lo que toda la sociedad está esperando. Lo que la sociedad quiere desterrar es precisamente aquellos que dicen que no ven jolgorio en una agrupación grupal, que no ven superioridad cuando un padrastro obliga a una chica de 13 años a hacerle una felación y que quieren que haya justicia efectivamente".

"A lo largo de todo el proceso de elaboración de la ley no solo hemos hecho autocrítica sino ir haciendo todas las modificaciones en la redacción de la ley que nos permitiese hacer una buena ley. Esa referencia al informe CGPJ que es una informe que emiten en la primera y segunda vuelta del Consejo General del Ministros fue atendida. Nos dijeron nos rebajáis las penas máximas para poder revisar las sentencias no dijeron nada de las mínimas. Si no se modificaban las máximas no había operadores de los que revisaron la ley no vieron que había peligro de revisión de las penas".

"Ojalá el problema de todo esto fuese erosionar políticamente al Gobierno y al Ministerio de Igualdad. Muchos piensan que ese es el tema, erosionar al Gobierno feminista que está siendo capaz de avanzar en los derechos de las mujeres. El problema es la revictimización de las víctimas. Y el trabajo de los que toman las decisiones relativas a estos casos es proteger a las víctimas y garantizar dicha protección".

"Estaba convencida de que esto no sucedería porque había jurisprudencia y estoy muy preocupada por que esté sucediendo. Ojalá haya un error o posibilidad de mejora para arreglar este problema".

"No he hablado con el presidente del Gobierno, pero me consta que está implicado en este asunto. Respaldo sus declaraciones de esta mañana. Sobre el silencio de Yolanda Díaz no voy a hacer declaraciones".

Cambio del Código Penal

La Ley de Libertad Sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí, entró en vigor el pasado 7 de octubre y antes, durante su tramitación en el Congreso, obtuvo el favor de todos los grupos parlamentarios, exceptuando PP y Vox. Y una de las principales medidas que promovía era la erradicación del delito de abuso sexual, tal y como se conocía y tipificaba hasta el momento en el Código Penal, para unificarlo con el de agresión sexual, que contiene penas más elevadas. Se creó entonces una nueva horquilla para penalizar los castigos, que iría desde los más leves a los más graves, y al rehacer los tramos, se rebajaron los mínimos en algunos casos. Por ejemplo, la violación se pena ahora con desde 4 a 12 años de cárcel, antes era de 6 a 12. Si la víctima es menor ahora es de 6 a 12 años, antes era de 8 a 12. Esto ha favorecido que algunos reos soliciten una revisión de sus penas y, en algunas ocasiones, las vean rebajadas o incluso consigan la liberación.

Son ya varios los casos que han resultado afectados por este cambio desde la entrada en vigor de la ley. Este martes se conocían tres de ellos, todos en Madrid. En una de las sentencias, a cuyo auto ha tenido acceso la Cadena SER, los jueces rebajan la pena de más de seis años de cárcel a poco más de un año a un hombre que abusó sexualmente de tres menores. Los magistrados rebajan cinco años la condena porque, según el texto, acuerdan dejar sin efecto el abuso sexual continuado al no ser constitutivo de delito con la nueva normativa. En otro auto se reduce sin oposición de la Fiscalía la pena de ocho a seis años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra de 13 años. La justificación que dan los jueces es que se aplica la prevalencia legal de que la nueva ley es más favorable al reo. El tercer auto rebaja dos años, de seis a cuatro de prisión, la pena a un condenado por agresión sexual por el mismo motivo, porque, según el artículo 2.2 del Código Penal, la revisión beneficia el reo.

Primeras excarcelaciones y más revisiones

A estas primeras rebajas de penas se han ido sumando más en las últimas horas, también se conocen más solicitudes de revisiones de condenas en distintos puntos del país e incluso ya se han producido al menos tres excarcelaciones. En concreto, se ha puesto en libertad en las Islas Baleares a dos condenados por agresión sexual sin penetración y a otro en Galicia por un intento de violación. En el caso de Baleares, los dos prisioneros tenían una pena de tres años, pidieron la revisión y se redujo a dos años, que es el tiempo que ya han pasado en la cárcel, por lo que la Audiencia Provincial ha ordenado su liberación. El otro reo, de Ourense, tenía que cumplir tres años y medio, que completaría totalmente el próximo febrero. Con la nueva norma, su pena se ha bajado un año, por lo que ya la habría cumplido hace meses y debe salir de la cárcel.

El magistrado penal Joaquim Bosch afirmaba este martes en Hora 25 que tenía "pocas dudas que en los próximos días vamos a acudir a nuevas rebajas". Para el experto penalista, "el tema es muy controvertido jurídicamente", porque algunos jueces "consideran que las revisiones son obligatorias y otros que consideran lo contrario". Esta realidad ya se está produciendo. Se conocen otras rebajas, además de las de Madrid, en Andalucía, Murcia o Galicia. Y, además, la Justicia de algunas comunidades adelantan que ya están recibiendo solicitudes para revisar las penas. Navarra tiene al menos una, mientras que en La Rioja hay al menos 54 sentencias que piden ser estudiadas.

El CGJP ya lo avisó

En febrero de 2021, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad un informe en el que se criticaban algunos puntos claves de la ley del solo sí es sí. El informe, muy crítico, hacía hincapié en uno de los aspectos que ahora ha provocado el conflicto con la rebaja de las penas, el de la unificación del abuso y agresión sexual en un único delito. El CGPJ temía que, por un lado, esto pudiera desproteger a las víctimas: "Para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor". Por eso proponían que se introdujera una modalidad agravada si se usa violencia o amenazas.

Tras desatarse la polémica en las últimas horas, el Consejo ha emitido un nuevo comunicado en el que recuerda que ya avisaron de que estas reducciones de pena podían suceder. En el texto, señalan que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

Basándose en este pretexto añaden: "Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española".

Igualdad defiende la norma

El Ministerio de Igualdad, desde el primer momento que se conocieron estas revisiones, ha defendido a capa y espada la ley de Libertad Sexual, achacando esta situación a la interpretación de los jueces. La primera en hacerlo fue la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que calificó de "magnífica" la norma y responsabilizó abiertamente a la "Justicia machista que crea impunidad". "El problema no es la ley", sostenía la también jurista. En esta misma línea se posicionaron otros miembros del ministerio, como la Secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o diputados de Unidas Podemos, como Pablo Echenique.

La ministra de Igualdad guardó silencio el martes que ha roto este miércoles por la mañana por primera vez. "Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la ley de solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad, la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o de forma defectuosa".

Unas palabras, tanto de Montero como de Rosell, que el CGPJ ha reprendido de manera velada en su comunicado: "Esta Comisión Permanente, por otra parte, expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección".

El PSOE, dividido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado la cuestión este miércoles por la mañana en la cumbre del G-20, desde Bali (Indonesia). Sánchez ha mostrado su plena confianza en la Justicia y en su "sensibilidad" frente a los delitos sexuales y ha abogado por esperar a que los tribunales unifiquen doctrina antes de tomar cualquier decisión sobre la ley del solo sí es sí.

Un criterio que no ha sido compartido por otros miembros del ala socialista del Ejecutivo. Son tres las ministras -María Jesús Montero, Pilar Alegría y Margarita Robles- que en público se han mostrado abiertas a modificar o estudiar la norma para evitar estas situaciones porque "no era el objetivo" de la ley la reducción de las condenas que se están viendo estos días.

Ante esta grieta de revisiones, la Fiscalía General del Estado prepara una circular para unificar criterios, aunque fuentes del organismo aseguran que su publicación no será inmediata y, en última instancia, el tema podría llegar el Tribunal Supremo que sería el encargado de unificar la doctrina con la que proceder ante un caso afectado por la ley del solo sí es sí.