Terceros Presupuestos, primer paso para la reforma de la sedición y 'sí' al impuesto a la banca: así ha sido el 'Superjueves' en el Congreso que terminó en viernes

Madrid

El Congreso de los Diputados ha vivido este jueves una de esas jornadas largas, intensas e históricas. Los debates comenzaron desde primera hora de la mañana y, con una hora de retraso, a las 18:00 horas era el turno de votar los Presupuestos para 2023, los terceros en lo que va de legislatura, pero no ha sido lo único: el impuesto a la banca y energéticas y el controvertido debate sobre la reforma de la sedición también han estado en el centro de la sesión. Sin embargo, lo más destacado ha sido la aprobación de las cuentas para el año que viene. Destacado, primero, por la importancia que tiene para la estabilidad económica del país y, segundo, clave para el Gobierno de coalición en general, y para el presidente Pedro Sánchez en particular, porque apuntala así lo que queda de mandato antes de las elecciones generales de noviembre de 2023.

Para sacar las cuentas adelante, han sido 10 los partidos que se han sentado a negociar con el Gobierno: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC. Un hito, que ha celebrado el presidente del Gobierno al finalizar la votación: "En un momento difícil ha primado la victoria del entendimiento entre dispares. No es una victoria frente a nadie, sino frente a los desafíos que tiene la sociedad española". Para Sánchez, esto es una muestra de que "la política más allá del ruido es útil". El proyecto de ley para los Presupuestos para 2023 ha conseguido 187 síes, 156 noes y una abstención. Ahora pasarán al Senado para continuar con la tramitación, tras incorporar más de 200 enmiendas al texto original.

Mayoría holgada para "los más vulnerables"

El Gobierno de coalición ha conseguido sacar adelante las cuentas con una mayoría muy holgada, incluso superior en 20 votos a la que cosechó Sánchez en enero de 2020 para ser investido presidente. Estos son los terceros presupuestos que saca adelante el Ejecutivo en lo que va de legislatura, algo que, recordaba el presidente, no pasaba desde 2015. Al inicio de la sesión este jueves por la mañana, el proyecto de ley ya tenía asegurados los 174 votos que necesitaba para ser aprobado por mayoría simple, faltaban los apoyos de ERC.

El partido independentista, capitaneado por Gabriel Rufián en el Congreso, ha confirmado horas antes de la votación que los apoyarían tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno que incluye inversiones, la paralización de la media y alta tensión en Girona o 24 millones de euros para salud bucodental. No han contado esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2021 y 2022, con el apoyo de Teruel Existe. El partido regionalista ha decidido no respaldarlas tras no conseguir que se aceptara su propuesta de elevar las bonificaciones en cotizaciones sociales en provincias despobladas.

Ampliar

Tras confirmar la favorable votación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos, bajando rápidamente de su escaño para abrazar tanto el presidente del Gobierno, como a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sánchez no ha podido ocultar su satisfacción al conseguir esta amplia mayoría en unas cuentas que, según ha insistido, "protegen a la mayoría social, sobre todo, a los más vulnerables" y también van a servir para "canalizar los fondos europeos para modernizar nuestra economía y consolidar la recuperación economía". Con estos 187 síes, el líder de los socialistas también se asegura una recta final de legislatura relativamente tranquila.

Sedición

Tras la votación de las cuentas públicas, el Congreso ha celebrado un segundo pleno, largo e intenso, en el que se ha aprobado la toma en consideración de la reforma del delito de sedición, promovida por el Gobierno de coalición con el beneplácito de ERC. El debate en torno a esta cuestión ha sido bronco, con duras críticas provenientes del ala popular, de Ciudadanos y de los ultraderechistas de Vox, que consideran que se ha hecho a medida de los líderes independentistas que propiciaron el fallido procès en 2017.

La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos ha superado este jueves por la noche (casi a la 1 de la madrugada) su primera votación en el Pleno del Congreso con el apoyo de una mayoría holgada de la Cámara (187 diputados). A partir de ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica. A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto.

La tramitación de esta reforma puntual del Código Penal ha sido apoyada por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País-Equo y BNG, que sumaron 187 votos, mientras que los del PP, Vox, Ciudadanos, CC, Navarra Suma, PRC y Foro, un total de 155 votos, se han pronunciado en contra. Los independentistas de Junts y la CUP, por su parte, han optado por la abstención (6).

La primera diputada en ser llamada a votación ha sido la socialista Inmaculada Oria, que ya ha adelantado que todo el grupo iba a votar unido "sin fisuras". Los demás diputados del PSOE se han puesto también de pie para escenificar esa unidad frente a la pretensión del PP de buscar desmarques.

Lo que propone y defiende el Gobierno es que la tipificación del delito de sedición, tal y como se recoge en el Código Penal, se modifique con la intención de homologarse a estándares europeos. Si se consolida la reforma, desaparecería la sedición como se conoce y pasaría a llamarse delito de desórdenes públicos agravados. "Creo que es bueno que España dé un paso adelante para homologar este delito con el resto de estados europeos", defendió Sánchez al anunciar la reforma. Un argumento en el que, sin profundizar demasiado, ha insistido este jueves antes de la votación. "La política tiene herramientas para el diálogo y del reencuentro. La Constitución cuenta con un instrumento que es el 155 ante cualquier intento de violentar el orden constitucional", ha concluido ante los que critican que se deje desprotegido el Estado ante una situación similar a la del procès.

Banca, energéticas y grandes fortunas

También se han debatido y votado, tras la aprobación de las cuentas, los impuestos temporales a las energéticas, la banca y grandes fortunas, aunque el texto es ligeramente diferente al planteado inicialmente por el Ejecutivo. Uno de esos cambios es el del propio impuesto a las fortunas de más de 3 millones de euros, que ha sido introducido como enmienda parcial, imposibilitando que su diseño sea enmendado, lo que ha generado críticas tanto entre la oposición como entre los socios del Ejecutivo. También vía enmienda parcial se ha incluido la limitación de la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades al 50% en el ejercicio 2023.

La iniciativa ha contado con el respaldo de 186 diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, mientras que los 152 del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias han votado en contra, y los 10 del PNV y PDeCAT se han abstenido, todo ello en una votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que ha obligado a que los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.

El Gobierno vetó en un principio la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las de PSOE y Unidas Podemos, pero decidió después retirarlo para abrir la negociación con otros socios. Eso ha permitido pactar cambios con PDeCAT (Naturgy ahorrará 100 millones anuales en impuestos, cuya sede se encuentra en Barcelona), PNV (Iberdrola y Endesa ahorrarán unos 200 millones, con la sede de la primera compañía en Bilbao) y EH Bildu como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de los impuestos sobre energéticas y bancos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra. Las propuestas que han introducido tanto el PNV como PDeCAT excluyen de tributos el 20% del negocio del gas y el 40% del negocio eléctrico. De los 2.000 millones de euros anuales puede que la cifra se rebaje hasta los 1.000 millones.

No a "la violencia política"

Todo esto ha ocurrido en una jornada en la que la mayoría de partidos han cerrado filas con la ministra Irene Montero, que este miércoles fue insultada en la Cámara Baja por la diputada de Vox Carla Toscano. "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Iglesias", espetó a Montero. La titular de Igualdad, visiblemente emocionada, le respondió con un alegato en el que hacía constatar la "violencia política" a la que estaba siendo sometida y aseguró, señalando a la bancada de extrema derecha, que "las feministas y demócratas" van a "parar los pies a esta banda de fascistas".

Tras este lamentable episodio, la ministra fue ovacionada durante más de dos minutos por toda la izquierda. El miércoles ya recibió también las primeras muestras de apoyo, entre otros, del presidente de Gobierno o la vicepresidenta segunda. Algo que se ha repetido este jueves en el Congreso. "Indecente", "lamentable", "infame" o "incalificable" son algunos de los calificativos con los que los diputados, de diversos partidos, han tildado el episodio de "violencia política" sufrido por Montero. La titular de Igualdad, en una entrevista previa la sesión en Hoy por Hoy, se ha mostrado "agradecida y arropada" y ha asegurado que no piensa bajar la guardia: "Somos más y les tenemos que demostrar que no van a conseguir con esa violencia política frenar la lucha feminista, que es lo que quieren, que a las que estamos en primera línea, no nos merezca la pena seguir".