Transporte público gratis para menores, jóvenes y parados: ¿medida real o promesa infundada?

Madrid

La promesa de "transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados" que Pedro Sánchez anunció este jueves en plena sesión de investidura, ha despertado muchas dudas en torno a la posibilidad de su su aplicación. La gestión de ayudas para el transporte público, exceptuando las que son de autoridad estatal como Media Distancia, Cercanías o algunos autobuses interurbanos, son de competencia autonómica, y no está claro que todas ellas van a aceptar esta medida.

En el caso de que esto pudiera ponerse en marcha a nivel estatal, tampoco queda claro a qué personas va a beneficiar, ya que no se ha especificado qué edades se contemplan en el término "jóvenes". Tampoco queda claro en qué situación deben de encontrarse los "desempleados", si afiliados al paro o no, o cuánto tiempo deben de llevar en esa situación. Algo que también dificulta cuantificar cuánto le costaría al Estado costear este servicio.

Lo que sí se sabe es que el gasto previsto para 2024, en caso de que las medidas se mantuvieran exactamente igual que en 2023, con la gratuidad de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, sería de 1.440 millones de euros.

La reedición del gobierno de coalición ha despejado las dudas de qué pasará con todas aquellas leyes que se quedaron a las puertas del Senado cuando se adelantaron elecciones el pasado 29 de mayo, y todo parece que el nuevo gobierno las retomará tarde o temprano. A fecha de disolución de las Cortes, se quedaron pendientes de tramitación en el Congreso 59 proyectos de ley y 157 proposiciones de ley, y varias de ellas tienen que ver con consumo.

Una de ellas es el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que pretende que la movilidad se reconozca como un derecho y elemento esencial para el Estado del Bienestar. Algo que se enmarca en el objetivo del gobierno de invertir en una gran transición ecológica. Es por ello que se pretende reforzar al máximo las energías renovables: triplicar la potencia de autoconsumo para que, a finales de esta década, el 50% del consumo energético sea limpio. Algo complicado en España, que cuenta con un modelo de vivienda basado en bloques. "En España el 70% de la población vive en edificios colectivos, si queremos llegar al Net Zero en 2050 va a tener que haber plantas en suelo, tanto solares como eólicas", asegura Víctor Marcos, director de Energías Renovables del IDAE (Instituto para la Diversificación y Desarrollo de la energía).

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Otra medida en el tintero, que pretende retomar el nuevo acuerdo de gobierno, es la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se quedó a puertas del Senado con el adelanto de elecciones. Según la Fao, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, solo en España acaban en la basura casi 8 millones de toneladas de alimentos cada año, una cifra que el nuevo gobierno pretende reducir un 10% en la fabricación, y un 30% en en supermercados para 2030.

Sobre la rebaja del IVA de los alimentos, Pedro Sánchez también anunció que en esta nueva legislatura mantendrían la rebaja del IVA de los alimentos, que es del 0 % en los alimentos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos o las frutas y verduras, y del 5 % para el aceite y la pasta. Para Rubén Sánchez, presidente de Facua, esta medida es insuficiente: "Debería estar acompañada de una intervención en una cesta de precios de alimentos básicos". Nada se ha dicho, sin embargo, del IVA de la electricidad, que desde julio de 2022 cuenta con una reducción del 5%, y termina, según lo firmado, a finales de este año.

Este nuevo gobierno reeditado pretende crear también una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo público extrajudicial que pretende ser un intermediario entre los bancos y los clientes. Algo que, aseguran los expertos, desatascaría muchos procesos que han provocado colapsos en los tribunales en los últimos años.