Imputados cuatro directivos de un geriátrico de Barcelona por ocultar un brote de salmonelosis por el que murieron ocho ancianos
La Fiscalía atribuye a la residencia ocho delitos de imprudencia grave y asegura que no cumplió las instrucciones sanitarias
El titular del juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha citado a declarar como investigados a cuatro miembros de la dirección del geriátrico Aragó de la capital catalana por la muerte de ocho ancianos en 2022 debido a un brote de salmonelosis que ocultaron.
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En un auto, el juez instructor cita para el próximo 4 de marzo para ser interrogados al administrador y gerente de la residencia, a la directora del centro, a la doctora y a la gobernanta del geriátrico, según ha avanzado este jueves El Periódico. Además de las comparecencias de estas cuatro personas como investigadas, el magistrado ha citado también a declarar a un total de 17 testigos, que lo harán los días 4 y 6 de marzo.
La citación como investigados del equipo directivo de la residencia se produce después de que el pasado mes de julio la Fiscalía presentara una denuncia por ocho delitos de imprudencia grave, a raíz de un brote de salmonelosis en el verano de 2022 que la dirección ocultó y que afectó a gran parte de los residentes, causando la muerte de ocho ancianos.
El brote duró de julio a septiembre de 2022
El ministerio público atribuía a la dirección de la residencia ocho delitos de imprudencia grave debido a su conducta "irresponsable" que supuso un "grave riesgo sanitario". En la denuncia, la Fiscalía detallaba que desde finales de julio hasta principios de septiembre de 2022 la residencia barcelonesa (con 100 plazas, 57 de ellas públicas) "sufrió un brote de gastroenteritis aguda por salmonela que afectó a 39 residentes, ocasionó la hospitalización de 15 y el fallecimiento de ocho ancianos".
Según la Fiscalía, el "comportamiento omisivo" de la residencia, al no haber adoptado las más elementales medidas de atención, diligencia y colaboración" con los técnicos epidemiológicos, contribuyó a la agravación del brote y generó directamente "un elevado riesgo de transmisión de la infección".
Los denunciados, "no adoptaron ni instaron" a la adopción de las actuaciones higiénico-sanitarias propuestas por los técnicos epidemiológicos. Por lo que "desatendieron las obligaciones que les competían frente a una enfermedad particularmente grave para personas con vulnerabilidad extrema".
"Con su conducta irresponsable, colocaron a todos los residentes en una situación de grave riesgo sanitario, minimizando el impacto o importancia del brote, negando la existencia de otros casos diferentes de los notificados por el CAP, administrando medicación que no había sido prescrita con la espuria finalidad de encubrir los síntomas y ocultando desde los nuevos casos hasta las defunciones que se producían por causa de la enfermedad", apuntó la Fiscalía en su denuncia.
La Fiscalía dice que el geriátrico no cumplió las instrucciones sanitarias
Según la Fiscalía, "pese a tener la obligación de hacerlo", los denunciados no notificaron ninguno de esos casos al Servicio de Epidemiología (SEPID), negaron el contagio de 33 de los residentes y no comunicaron siete de los ocho fallecimientos.
De hecho, y pese a que la SEPID dio a la residencia las instrucciones sanitarias a seguir, la Fiscalía sostiene que el geriátrico no las cumplió, por lo que, a lo largo del proceso de investigación, "la falta de higiene, la falta de material de desinfección y la falta de equipos de protección" para llevar a cabo una correcta "desinfección" de espacios e higiene de personas para evitar la propagación del brote "fue una constante".
La Fiscalía subraya asimismo que cuando los inspectores acudieron a la residencia en septiembre del pasado año "se objetivó" una "falta de higiene generalizada" de "larga evolución" en el mobiliario, lavabos, duchas, interruptores y botones de ascensor.
Además, sostiene en su denuncia que la doctora de la residencia recetó un antibiótico a algunos de los ancianos, sin que conste motivo médico alguno que lo justificara, ya que únicamente obedecía a "razones de ocultación y obstaculización" en la detección de casos de cara a las autoridades sanitarias, lo que "favoreció" la transmisión entre residentes. También se recetaron cápsulas de Fortasec a los residentes que presentaban diarreas en una de las plantas de la residencia, pese a que en los supuestos de salmonela está contraindicado.